APECYL, empresarios, alcaldes y sindicatos piden que no se paralicen los parques eï¿½licos de la montaï¿½a leonesa

Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anulaba hace algunas semanas la autorización del parque de Murias II porque consideraba que la fragmentación de proyectos eludía la normativa ambiental y eléctrica, ha levantado un extraordinario revuelo en el sector. En gran medida porque esa decisión judicial podría afectar a otros parques, hasta 17, en la zona del Bierzo, La Cepeda y el sur de Omaña.

Los afectados piden al presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, una reunión formal en la que “todos los afectados expondrán sus argumentos a favor del desarrollo de los proyectos”, según explicó el secretario general de APECYL, Eugenio García Tejerina. En este sentido, la intención de las empresas y demás organizaciones representadas es ponerse a disposición de las Consejerías de Economía y Empleo y Medio Ambiente, para acercar posiciones y explicarles “que se apuesta por Castilla y León pese a que la paralización de las licencias ya está ocasionando pérdidas millonarias”.

Asimismo, aseguraron que “se respeta escrupulosamente la normativa exigente”. “Somos líderes, hemos trabajado de forma ordenada, responsable, lo hemos hecho bien, con un escrupuloso respeto al medio ambiente y no puede ser que grupos que se califican como ecologistas nos nieguen la oportunidad que tenemos de seguir creciendo en inversión, desarrollo y empleo como lo hemos hecho hasta ahora”, señala el documento.

Y es que, los más de cien asistentes a la reunión se olvidaron ayer de sus diferencias políticas, ideológicas o empresariales para luchar por el desarrollo de las comarcas de la Cepeda, Omaña y El Bierzo. Así, en representación de los municipios, los alcaldes Folgoso de la Rivera, José Manuel Otero, y de Iqueña, Alider Presa, manifestaron que “no se puede permitir que se pierdan tantos puestos de trabajo en nuestras comarcas, los parques eólicos son una posibilidad de desarrollo y de riqueza que en estos no se puede dejar escapar”. “Nosotros somos los más interesados de cuidar el medio ambiente y nuestros municipios”, aseguraron.

En representación de las empresas afectadas, Nuria Franco de Coiper, habló de la situación que atraviesan, en gran medida motivada por la paralización de las obras, puesto que si no se construyen parques, se dejan de construir molinos y demás materiales, y se ve mucha gente afectada, como ha ocurrido en el caso de la propia Coiper y LM que han tenido que recurrir a expedientes de regulación de empleo.

En cuanto al impacto ambiental, Pedro Hormigos, representante de Eulen Unión Fenosa Energías Renovables, señaló que “dejar las obras a medio hacer sí que supone un impacto medioambiental”. “Las exigencias de estos parques son mucho mayores que las de cualquier otro proyecto, llevamos diez años con los trámites administrativos y se han superado todas las evaluaciones de impacto ambiental. No nos podemos olvidar de que la energía eólica es una energía renovable”, puntualizó.

Acusaciones de oscurantismo
Las diferentes organizaciones ecologistas, hasta ocho, que han motivado las actuaciones judiciales, acusan a los promotores eólicos de “ejercer oscurantismo”. “La batalla mediática que han emprendido los promotores y algunos políticos pretendiendo y consiguiendo influir en la sociedad y en el poder judicial, nos deja sorprendidos y anonadados, al no poder entender como se pretende manipular a la opinión pública, cuándo han sido precisamente los promotores y algunos políticos los que han ejercido oscurantismo en éstos asuntos que nos conciernen en estos días”.

“La realidad es que ahora toca pagar con servilismo institucional a todos los niveles aquella teórica generosidad y altruismo de las empresas eólicas que se instalaron en la provincia, aunque para ello sea necesario vulnerar toda la legalidad vigente. Sin embargo, es posible y necesario encaminar este sector de forma legal, aunque suponga renunciar a muchas de las ubicaciones en trámite y quiza, también, a una parte de los beneficios”.

Para los conservacionistas, se requiere un cambio radical en el planeamiento de infraestructuras eólicas, que respete la legalidad y el medio ambiente, poniendo especial cuidado en las zonas protegidas y de interés, y racionalizando por tanto la producción energética eólica. Entre las especies amenazadas que podrían verse afectadas en la zona destaca la presencia del urogallo cantábrico y el oso pardo.

Los colectivos conservacionistas se muestran dispuestos a “continuar con las acciones legales y administrativas que correspondan, para mantener la legalidad y la protección del medio ambiente en nuestra provincia de León”.

Más información:
www.apecyl.com

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