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Las comunidades autónomas deben acelerar la rehabilitación energética de sus edificios públicos pero no tienen técnicos ni estructura para hacerlo

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Las comunidades autónomas deben acelerar la rehabilitación de los edificios públicos de los que son titulares si quieren cumplir con los objetivos de eficiencia energética a nivel nacional y europeo, pero les falta organización. Así se desprende del informe ‘Buenas prácticas en la rehabilitación energética de los edificios públicos autonómicos’ en el que el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de CCOO (ISTAS-CCOO) evalúa las políticas de mejora de la eficiencia energética de parque inmobiliario público e identifica las mejores prácticas y herramientas de los gobiernos regionales, centrándose en los casos de País Vasco, Asturias, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía y Navarra.
Las comunidades autónomas deben acelerar la rehabilitación energética de sus edificios públicos pero no tienen técnicos ni estructura para hacerlo

Basándose en las lecciones aprendidas, el informe propone una serie de recomendaciones para una mejor intervención en el parque público de edificios, y señala como una de las claves la necesidad de simplificar y agilizar los procedimientos administrativos para la rehabilitación energética, para priorizar el mantenimiento de los edificios existentes, por delante de la construcción de nuevos centros, y para favorecer la reducción del consumo energético de un edificio antes de dotarlo de fuentes de energía renovable.

“Es evidente que el sector público tiene que abordar ante la emergencia climática su propia transición energética, reducir su consumo energético y disminuir sus gases de efecto invernadero. Y para poderlo hacer un elemento central va a ser la rehabilitación de sus edificios”, afirma Begoña María-Tomé Gil, experta en Energía y Clima de ISTAS-CCOO y autora del informe.
 
Además, una de las principales barreras identificadas para la rehabilitación en el sector público es la falta de técnicos en los departamentos de infraestructuras de las Consejerías para dedicarse, en las mejores condiciones, al control y optimización de las facturas energéticas, o a la redacción y supervisión de pliegos de actuaciones para la mejora de la eficiencia energética de los edificios.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establece como objetivo la renovación energética por encima del 3% del parque de edificios de la Administración General del Estado. Asimismo, el PNIEC traslada este objetivo del 3% al resto de las administraciones autonómicas y locales. Precisamente en esta dirección apuntará la próxima Directiva Europea de Eficiencia Energética –que se conocerá mañana, 14 de julio–, que obligará a estas administraciones públicas a renovar su parque de edificios bajo estándares de alta eficiencia energética.  

Por otro lado, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se va a lanzar el Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP) para financiar a las administraciones públicas las acciones de rehabilitación que alcancen ahorros del 30% de eficiencia energética y cuyas obras finalicen antes de agosto de 2026. “Estamos en un momento de oportunidad para mejorar nuestro parque público edificado, de conseguir ciudades más habitables y es una oportunidad de reactivar el sector y que el mismo actúe como tractor de la economía que en este momento tanto se requiere”, apunta Mª Ángeles Fernández Hernando, subdirectora adjunta de Arquitectura y Edificación de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

Nos encontramos, por tanto, en un momento crítico en el que las comunidades autónomas tienen que confeccionar un listado de actuaciones prioritarias que comunicar al Ministerio para planificar la rehabilitación de los edificios públicos de los próximos años. Las comunidades autónomas son titulares de un importante número de edificios públicos, incluidos algunos de los edificios con mayor consumo y cuya rehabilitación es más compleja, como hospitales y colegios.

Sin embargo, tal y como destaca el informe, en la mayoría de las comunidades autónomas no hay un departamento encargado de centralizar la información y las actuaciones de rehabilitación de edificios públicos. Son las propias consejerías las que toman decisiones sobre la conservación y mantenimiento de los edificios de los que son titulares.

Situación muy dispar por comunidades
Aunque la situación es muy dispar según la comunidad autónoma, algunas administraciones ya han elaborado el diagnóstico energético de sus edificios públicos, cuentan con un histórico de medidas implementadas y disponen de herramientas y de planes con nuevas inversiones para mejorar su rendimiento.

Por ejemplo, el País Vasco estableció mediante normativa la obligatoriedad de realizar auditorías energéticas a los edificios públicos autonómicos, y se encuentra actualmente definiendo los programas de actuación energética para cumplir con los objetivos adoptados para su sector público para 2030 y 2050. Los Gobiernos de Castilla y León y Navarra han implantado un sistema de información energética, evaluado el rendimiento energético de los edificios bajo su gestión y publicado los datos en portales de transparencia.

La Administración catalana ya ha intervenido parcialmente en el 10% de los edificios que ocupa. Asturias por su parte ha publicado la primera estrategia específica autonómica en la rehabilitación energética de edificios en el marco del diálogo social. En Andalucía, la Red de Energía de la Administración (REDEJA) presta un servicio de asesoramiento integral en la rehabilitación energética a los responsables de los edificios públicos.

La rehabilitación de edificios es una actividad clave a la hora de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y disminuir el consumo de energía. Tiene además el potencial de crear miles de puestos de trabajo y de impulsar la recuperación económica tras la crisis de la COVID19, como ya analizó ISTAS-CCOO en un informe anterior, en el que estimaba el potencial de creación de empleos en hasta 460.000 puestos anuales para 2030.

“Cualquier plan público habría que acompañarlo, en la situación en la que estamos en España de emergencia social y desempleo, de un análisis del empleo potencial que va a crear y además incorporar medidas estratégicas que maximicen ese potencial de empleo que se puede crear", explica María-Tomé Gil.

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