Dada la incidencia que la energía eléctrica tiene en los diferentes procesos productivos e industriales en los que interviene, además de en el transporte y la economía doméstica, es fundamental conseguir que su precio, además de lo mas barato posible, sea estable y predecible en el tiempo, lo que aconseja que su producción no dependa de mercados ajenos a nuestro control y mucho menos si éstos están situados en zonas geopolíticamente inestables.
Ello exige sustituir los productos fósiles, de los que carecemos totalmente, y que además son altamente contaminantes, por energías renovables. Ante este planteamiento los defensores del oligopolio eléctrico que controla nuestro sistema de generación, transporte y distribución de la electricidad saldrán al paso exponiendo lo gravosas que son las energías renovables en contraposición a lo barato que resulta la electricidad producida por los medios convencionales. ¿Se sumarán también a esta política de desinformación los nuevos responsables del Ministerio de Energía, tal y como hicieron sus antecesores en la legislatura anterior?
Una cosa es segura, en esas campañas no aclararán que el precio que las empresas eléctricas perciben por el kWh generado en las centrales nucleares, al igual que en las centrales hidráulicas –las cuales, no debiera olvidarse, utilizan un bien público, como es el agua de nuestros ríos– no es el que corresponde a los costos de producción del mismo sino al del último kWh ofertado en el tinglado montado al efecto, por lo que de nada sirve que se genere en tales centrales la electricidad (supuestamente) muy barata si luego la cobran como si la hubiesen producido en la central más cara, razón por la cual los beneficios son para la empresa eléctrica que no para el consumidor.
A pesar de lo anterior, sus defensores no dudarán en exponer por todos los medios a su alcance –que son muchos, como se ve por la amplitud de sus campañas publicitarias– lo oneroso que resulta para el consumidor la electricidad producida por medios renovables, sin explicar que si bien es cierto que inicialmente era cara, sus precios se han ido reduciendo a un ritmo tan rápido que en muchos lugares del mundo ya están por debajo de los de las centrales convencionales, pues la curva de aprendizaje ha sido inusitadamente veloz. Naturalmente ello no hubiera sido posible sin las inversiones iniciales hechas por miles de pequeños productores –que en el caso de España respondieron a la invitación del Gobierno, hecha a través del Boletín Oficial del Estado– lo que permitió su rápido desarrollo y que nuestro país se situara a la cabeza de estas tecnologías –lo que supuso la creación de miles de puestos de trabajo, (muchos de los cuales, ante los recortes retroactivos aprobados por el Gobierno anterior, han desaparecido) y gran número de empresas especializadas, (las cuales han tenido que salir al exterior si no querían cerrar)– para lo que fueron esenciales los sistemas retributivos diseñados en toda Europa para la implantación de estas nuevas tecnologías.
Lógico es que a medida que los costes de las plantas renovables se van abaratando –para lo que es esencial seguir apostando por la investigación y desarrollo de las mismas, incluido el almacenamiento mediante nuevas y más eficientes baterías y sistemas de bombeo, tipo Aguayo en Cantabria– los precios que se garanticen para el kWh producido por cada una de las nuevas instalaciones sean cada vez menores pero, eso sí, respetando las retribuciones comprometidas para cada una de las instalaciones anteriores, dado que la seguridad jurídica debería ser –y digo debería ser, porque desgraciadamente no ha sido así en España– un valor irrenunciable en un Estado de Derecho.
No hacerlo de esta manera y seguir apostando por los combustibles fósiles es dejar a nuestro país en total dependencia del exterior y, con ello, en absoluta indefensión ante posibles problemas en los países suministradores de petróleo y gas o ante crecimientos de precios incontrolados de tales productos, además de perder el tren de las energías renovables que, quieran o no quienes intentan frenar su implantación y desarrollo, son ya el presente e indudablemente serán el futuro, tanto por motivos medioambientales como económicos. Sobre este particular, me consta que se están realizando estudios muy concienzudos por alguna reconocida universidad, en los que analizan al detalle la balanza entre la suma de las cantidades pagadas a las energías renovables por los consumidores y los costos que han evitado en la fijación de los precios del mercado marginalista que tenemos en España. Seguro que los resultados no dejarán a nadie indiferente.
Por todo ello es exigible que el nuevo Gobierno corrija las nocivas decisiones tomadas en este campo en la legislatura anterior en perjuicio exclusivo de los pequeños productores de energías renovables, para lo que la falta de una mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados puede ser una buena oportunidad para que todos los grupos políticos en él representados, comenzando por el Partido Popular como soporte que es del Gobierno, lleguen a un consenso que posibilite la aprobación de una ley que reponga la seguridad jurídica violada y permita realizar la adecuada transición energética, en un plazo de tiempo prudencial, a un sistema cien por cien renovable, con la máxima seguridad para el sistema eléctrico y el menor coste para los consumidores.
