Los sistemas energéticos que se impusieron a lo largo del siglo XX se basaban en proporcionar combustibles y electricidad a millones de usuarios: combustibles obtenidos en grandes instalaciones que refinan el petróleo, electricidad obtenida a base de quemar (y/o fisionar) materiales minerales fósiles (o nucleares) en grandes centrales térmicas (y/o nucleares). Todo ello conforma un sistema altamente centralizado, propiedad de muy pocas y muy grandes corporaciones, y con muy bajas eficiencias de transformación de la energía primaria (contenida en los combustibles) en la energía final disponible para su uso; energía final que las mismas grandes corporaciones transportaban, distribuían y comercializaban.
Este era el esquema que se fue imponiendo en la industria del gas y del petróleo. Y también en la industria eléctrica, después de que Thomas Edison pusiera en funcionamiento la central eléctrica de Pearl Street, hace 130 años, y después de que Samuel Insull, de la Commonwealth Edison, liderara el movimiento que condujo hacia la creación de los monopolios territoriales de electricidad. Se podría considerar esta manera de hacer como energía 1.0, o más concretamente, electricidad 1.0.
La primera sacudida a este esquema vino cuando los precios del petróleo se multiplicaron por cuatro, en 1973-1974 (primera crisis del petróleo) y se volvieron a multiplicar en 1979-1980 (segunda crisis del petróleo). Esto hizo que el precio de la electricidad generada con combustibles fósiles líquidos aumentara, en unos momentos en que se incrementaban de forma muy considerable las tasas de interés del dinero, haciendo que los costes de construcción de las nuevas centrales térmicas (fósiles y nucleares) se dispararan. Incluso, en 1984, el Business Week se llegó a preguntar: ¿son obsoletas las empresas eléctricas?
En diferentes países, los reguladores de la industria eléctrica respondieron con lo que se llama 'planeamiento al menor coste' que hacía que las eléctricas debieran considerar los costes en la mejora de la eficiencia energética antes de decidir la construcción de nuevas centrales de generación. En un desesperado esfuerzo para reducir la dependencia del petróleo, en EEUU se adoptó en 1978 la Public Utility Regulatory Policies Act (PURPA) que abría el mercado de generación de electricidad a entidades, independientes de los monopolios, que emplearan centrales de generación con muy elevada eficiencia o a partir de renovables. En España, esto se tradujo en la adopción de la Ley 82/1980 sobre Conservación de la energía, que reconocía a los autoproductores de energía eléctrica con cogeneración y renovables.
La segunda sacudida comenzó en los años 90, a medida que los generadores eléctricos independientes iban cogiendo fuerza, pues generaban cada vez más electricidad, haciendo que los monopolios vieran mermar su tradicional pastel. Al mismo tiempo, la generación a partir de fuentes renovables iba en aumento. Y quien generaba con renovables no eran los monopolios, que originalmente renegaron de esta forma de generación de electricidad.
La tercera sacudida, vino al finalizar el siglo XX, con el resultado de las políticas de Feed-In-Tariff (FIT) o de Renewable Portfolio Standard (RPS) adoptadas por muchos países y que hicieron que varias tecnologías renovables (eólica y la solar fotovoltaica) pudieran comenzar a competir con la generación termoeléctrica convencional fósil-nuclear, permitiendo que muchas personas físicas y jurídicas se convirtieran en generadores eléctricos y haciendo tambalear el modelo de la electricidad 1.0 que se había mantenido durante más de un siglo.