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Sistema eléctrico: por sus hechos los  conoceremos

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Alberto Cuartas, miembro de la Junta Directiva de Anpier, se sirve de un informe elaborado por el economista Jorge Fabra Utray para demostrar lo dados que son el poder político y judicial en España a la hora de defender los intereses de los ciudadanos. Sobre todo cuando esos intereses chocan con los de las grandes empresas a las que prefieren no molestar. El artículo se publicó el 14 de octubre en El Diario Montañés.
Sistema eléctrico: por sus hechos los  conoceremos
Jorge Fabra Utray. Foto: RTVE

Jorge Fabra Utray es un profesional español cuya formación académica como licenciado en Ciencias Económicas y doctor en Derecho y su experiencia profesional como delegado del Gobierno en la Explotación del Sistema Eléctrico Español de 1983 a 1988, presidente de Red Eléctrica de España de 1988 a 1997 y Consejero de la Comisión Nacional de la Energía de 2005 a 2011 hace de él uno de los grandes conocedores del sistema eléctrico y, por tanto, un experto con el que cualquier gobierno estaría deseoso de poder contar como asesor cualificado.

Claro, que damos por sentado que los gobiernos desean tener en tan estratégico sector a profesionales independientes, cuando la triste realidad es que han demostrado sistemáticamente que se las apañan muy bien con las propuestas que les formulan los técnicos más cercanos al entorno eléctrico-empresarial convencional, indudablemente expertos en la materia pero, como es lógico, dedicados a orientar sus planteamientos en la defensa de los intereses de las empresas que les pagan, lo que hace que las sucesivas reformas del sector eléctrico adolezcan del mismo defecto, cual es que todas y cada una de ellas solo tratan de reforzar el papel de las grandes eléctricas y salvaguardar sus intereses y beneficios.

Así lo pone de manifiesto el propio Dr. Fabra en un informe elaborado para el Tribunal Supremo en el que  concluye lo siguiente:
1. Previa a la aprobación de la Ley 54/97 del sector eléctrico, el Gobierno pactó con las empresas de Unesa el conocido como "Protocolo para el establecimiento de una Nueva Regulación del Sistema Eléctrico Nacional", por el que todas las centrales de generación pasarían a cobrar el precio mas alto ofertado en las subastas horarias realizadas cada 24 horas.
2. En el mismo Protocolo se estableció la compensación a las centrales históricas, mediante los llamados Costes de Transición a la Competencia, por los quebrantos que se estimó podría causar el nuevo sistema regulatorio a las citadas centrales históricas.
3. Tanto la Moratoria Nuclear, primero, como los Costes de Transición a la Competencia, después, son antecedentes indiscutibles, en la moderna y reciente regulación del Sector Eléctrico, de medidas transitorias y compensatorias por derogación de las normas legales que amparaban situaciones consolidadas anteriores al ser sustituidas por nuevas normas.
4. El informe de la Comisión Nacional de la Energía de 20 de mayo de 2008 refleja con claridad que la principal responsabilidad de la brecha entre precios y costes del mix energético recae en la excesiva retribución de las centrales nucleares e hidroeléctricas.
5. El mismo informe refleja con claridad que la moratoria nuclear y la inexistencia, en términos significativos, de nuevos aprovechamientos hidroeléctricos determinan que no hay posibilidad de que exista competencia real con estas tecnologías.
6. En ninguna de las normas que configuran la conocida como "reforma eléctrica", consta que el legislador haya tomado en consideración otras alternativas que hubieran tenido igual o mayor efecto sobre los objetivos buscados de lograr la estabilidad financiera del sector eléctrico y de la moderación de los costes de la electricidad.
7. Los precios percibidos por las centrales nucleares se sitúan entre un 180 y un 227% por encima de sus costes remanentes mientras que en las centrales hidroeléctricas los precios percibidos se sitúan entre un 480 y un 600% por encima de sus costes remanentes.

A la vista de lo expuesto la duda que surge es si a algunos de los que intervienen en la información publicada o en las decisiones que afectan al sector les ha interesado hasta ahora el conocimiento de la verdad. Y es que a muchos medios de comunicación, y comunicadores de postín, más parece preocuparles las sustanciosas campañas publicitarias de las grandes empresas eléctricas que la situación real del sector. De quienes nos representan en las Cortes Generales solo cabe decir, siendo benévolos con muchos de ellos, que prefieren continuar ignorando la realidad de tan estratégico sector y seguir cumpliendo disciplinadamente las instrucciones de sus jefes de Partido, sin importarles lo que prometieron en su programa electoral. El Gobierno, pues eso, a la orden. ¿Y los jueces del Tribunal Constitucional y de los altos Órganos Judiciales?, pues por sus sentencias los vamos conociendo.

Confiemos que algún día, unos y otros, se den cuenta del enorme daño que están haciendo a la imagen de España al dejar en evidencia la falta de seguridad jurídica en nuestro país y el desamparo en el que entre todos han dejado a un colectivo muy grande de familias españolas cuyo único pecado fue creer en su Gobierno, y en lo que éste les dijo a través del Boletín Oficial del Estado, para que invirtieran sus ahorros en plantas solares para la generación de energía limpia.

Seguir ignorando tales problemas sería una falta difícilmente justificable y menos aún perdonable, pues cuando se inicia el camino de la inseguridad jurídica –y quien debiera impedirlo prefiere cerrar los ojos– puede llevarnos a un abismo de consecuencias imprevisibles en el que hoy son unos los afectados  pero mañana indefectiblemente serán otros, pues cuando a un Gobierno se le consiente una primera acción de este tipo tendrá la tentación de seguir haciéndolo cuantas veces le resulte conveniente para sus intereses.

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