El Consejo Europeo de Medio Ambiente tiene previsto debatir, el próximo 19 de junio, las propuestas legislativas de la Comisión Europea sobre dos materias clave en la lucha contra el cambio climático: (1) el uso de la tierra, el cambio del uso de la tierra y el sector forestal (Land Use, Land-Use Change and Forestry, LULUCF) y (2) el denominado reparto de esfuerzos (Effort Sharing Regulation, ESR). Lulucf y ESR son normas que se centran en la reducción de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) procedentes de los sectores de transporte, edificación, agricultura y ganadería, gestión forestal, residuos, pequeña industria y gases fluorados, y pretenden complementar el sistema de comercio de derechos de emisiones de las centrales térmicas y grandes plantas industriales en la Unión Europea.
Carta a la ministra
Pues bien, hoy, cuatro entidades de la sociedad civil -Alianza por el Clima, Transport & Environment, Moviment per la Justícia Climàtica y Eco-Unión- han remitido a la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, una carta en la que la instan a "que deje de defender 'flexibilidades' en las propuestas legislativas sobre la reducción de las emisiones, que solo pospondrían la acción climática necesaria". Las cuatro oenegés piden que España haga propuestas normativas ambiciosas, "de acuerdo con la pretensión expresada el mes pasado por el presidente Rajoy: ser referente en la transición energética y la lucha contra el cambio climático". Según los firmantes de la misiva, "la contribución de Europa al esfuerzo mundial por reducir las emisiones de GEI estará determinada, en gran medida, por el mencionado ESR, que cubre la mayoría de las emisiones totales de la Unión".
La ambición
Para estas entidades, es imprescindible que se muestre más ambición climática en los debates entre los Estados miembro y en el Parlamento Europeo, sobre todo después del anuncio de la intención de los Estados Unidos de salir del Acuerdo de París. Según los cuatro firmantes, algunos de los cambios ya propuestos "aumentarían la ambición a favor del clima, pero otros no, ya que, de incrementar la ‘flexibilidad’ de la normativa o cambiar otros detalles, introducirían o ampliarían lagunas legales que permitirían retrasar la reducción de las emisiones o incluso, emitir más".
Las cuatro organizaciones solicitan en su carta que, en el debate del próximo 19 de junio, España defienda los siguientes puntos
1 • Una meta climática para 2030 más exigente y un objetivo ambicioso para 2050. La norma sobre el reparto de esfuerzos (Effort Sharing Regulation, ESR) debe orientar a Europa hacia los objetivos del Acuerdo de París. Para ello, la legislación ha de establecer una trayectoria para alcanzar, al menos, un 95% de reducción de emisiones para 2050.
2 • Un punto de partida que refleje las emisiones reales y no recompense a los países por el fracaso. En concreto y, para garantizar que se reducen las emisiones en el ESR, el nivel desde el cual se cuentan las reducciones debe representar las emisiones reales, y el año de comienzo debe ser 2018.
3 • Eliminar la "laguna forestal". Esta laguna permite a los países utilizar créditos forestales no permanentes para permitir más emisiones de gases de efecto invernadero en otros sectores difusos. De igual modo, es preciso eliminar la "laguna ETS", que permite a los países explotar el excedente del ETS para socavar la acción climática en los distintos sectores incluidos en el ESR.
4 • Eliminar la reserva “ESR safety reserve”. Esta reserva permitiría a ciertos Estados miembro, como España, compensar unas emisiones excesivas con derechos de emisiones gratuitos. Esta reserva es problemática porque desincentiva a los países a adoptar medidas ambiciosas para reducir sus emisiones. España pidió que la reserva se fijara en unas 140 millones de toneladas de CO2, una cantidad equivalente a las emisiones de 100 millones de coches durante un año y el doble de la propuesta de la presidencia maltesa. Para los firmantes de la carta, defender esta reserva es incompatible con la posición que debería adoptar un país que pretende convertirse en un referente en la lucha contra el cambio climático en la UE, en palabras del presidente Mariano Rajoy a finales de mayo.
5 • Un mejor sistema de gobernanza que incluya controles anuales de cumplimiento y sanciones financieras en caso de incumplimiento. Esto ayudará a asegurar que los países no pospongan la acción requerida para cumplir con los objetivos climáticos anuales.
6 • Una cláusula de revisión que permita que los objetivos se aumenten con el tiempo, ya que la UE presenta un nuevo objetivo climático de 2030 a la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Las cuatro organizaciones firmantes también abordan en su misiva los cambios en el uso del suelo
El Consejo Europeo de Medio Ambiente -explican- también discutirá, el próximo 19 de junio, la propuesta sobre cómo regular las emisiones y absorciones derivadas de los cambios en el uso del suelo y la silvicultura (Lulucf). Pues bien, según los firmantes, "garantizar unas normas contables sólidas para Lulucf es vital para que la Unión Europea siga liderando la acción climática; y también será la mejor garantía para que los ciudadanos de Europa sigan disfrutando de bosques sanos y paisajes ricos en biodiversidad durante siglos".
Según las cuatro oenegés, "si está diseñado correctamente, el ESR puede ayudar a evitar las peores consecuencias del cambio climático y contribuirá a que las ciudades sean más habitables, a un aire más limpio, a una producción agraria más sostenible, a la reducción de la pobreza energética y a la creación de puestos de trabajo; sin embargo, la propuesta del ESR todavía no está en consonancia con los compromisos a largo plazo contraídos en el Acuerdo de París".
Además -concluyen las cuatro organizaciones-, elevar la ambición en este reglamento, o como mínimo evitar su debilitamiento más allá de la propuesta de la Comisión Europea, "es de suma importancia para dar a los inversores en España la certeza de hacer las inversiones necesarias en la transición hacia una economía cero en carbono, que es el futuro de la creación de empleo, el bienestar y la prosperidad".
La Alianza por el Clima es una coalición formada por más de 400 organizaciones sociales, ecologistas (Greenpeace, entre ellas), sindicales, de cooperación al desarrollo, de acción rural, de agricultores, plataformas ciudadanas, vecinales, cristianas y de consumidores. Esta es su propuesta de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
