El Ministerio de Industria ha inhabilitado en los últimos meses a seis comercializadoras pequeñas para ejercer su actividad de venta de electricidad a clientes finales. Y podría haber más en la recámara porque al menos otras doce están siendo investigadas.
El motivo, según Red Eléctrica (REE), operador del sistema, es que habrían incumplido la normativa por la que tienen que comprar la energía suficiente para suministrar a sus clientes, y aportar las garantías correspondientes. Es decir, venden lo que no tienen porque no habrían comprado todos los megavatios hora que consumen sus clientes. Que, en todo caso, no se han quedado sin suministro. Esas comercializadoras tienen que hacer luego frente a los desvíos, los que van entre lo que han comprado y lo que deberían haber comprado. Y esos desvíos pueden ser millonarios. De hecho, el agujero provocado hasta la fecha alcanza los 200 millones de euros. Y podría seguir creciendo porque la ley, según fuentes del sector, es muy fácil de trampear.
En España existen cerca de 500 comercializadoras. Algunas sin actividad. La mayor parte pequeñas, que se reparten el 10% de la tarta –unos 2,5 millones de clientes– que les dejan las tres grandes. Porque Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa copan el 90% del mercado.
3.000 euros para montar una comercializadora
Hay varias razones que explican el problema. Por un lado, montar una comercializadora es fácil. Hace años se exigía un capital social mínimo de 600.000 euros. Hoy basta con 3.000. Pero la clave está en que, una vez iniciada la actividad, pasan siete meses hasta que se comprueba si la energía comprada en el mercado coincide con la vendida a sus clientes. REE, no tiene constancia de lo que compran las comercializadoras hasta el octavo mes de actividad. Y hasta pasados once meses no se liquidan las operaciones y se exigen las garantías. Es esta liquidación en diferido la que permite la picaresca.
Cuando REE se da cuenta de esa disparidad en las operaciones lo comunica a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y al Ministerio de Industria, que abren una investigación a la comercializadora. En toda caso, mientras se tramita su expediente, que puede llevar varios años, es libre de seguir operando. Suponiendo que sea sancionada, “las multas son ridículas, la sociedad es inhabilitada pero sus administradores no”, denuncian en el sector. Lo que significa que un defraudador puede abrir una comercializadora chiringuito, operar hasta que le pillan, cerrarla si es sancionado y abrir otra nueva con otro nombre al día siguiente.
Hay casos curiosos como el de una planta fotovoltaica que vendía su producción a una de las comercializadoras que están siendo investigadas. Les pagaban la producción a 49 €/MWh, una barbaridad para los precios que rigen en el mercado mayorista. Los propietarios de la planta eran conscientes de que había algo extraño en esa operación pero reconocían que desde la comercializadora les habían dicho: “no os preocupéis, si nos inhabilitan os pasamos de inmediato a otra comercializadora y mantenemos los precios”. Al final, este tipo de fraudes los pagamos todos porque el agujero de 200 millones creado se reparte entre todas las comercializadoras que repercuten el extracoste a sus clientes. En un negocio como el eléctrico, que supera los 30.000 millones anuales, 200 pueden parecer poca cosa. Lo que preocupa es que las reglas de juego actuales no parecen adecuadas para detener las malas prácticas.
Un negocio más difícil al principio
Hasta el momento, la mayor parte de los casos de comercializadoras problemáticas se han dado en la costa mediterránea. Y han afectado a empresas de pequeño tamaño. En todo caso, los problemas no son siempre debidos a prácticas fraudulentas. La compra–venta de energía no es fácil de casar, sobre todo en los primeros meses del desarrollo de la actividad. Cuanto más bajo es el número de clientes a los que dar servicio más fácil es caer en desvíos al principio.
Es lo que le ha sucedido a la cooperativa andaluza de energía verde Zencer, que en enero fue sancionada con 25.000 euros por la CNMC por incumplir con la obligación de prestar las garantías exigidas por REE. Zencer recurrió de inmediato esa sanción alegando que en el actual marco normativo, “tan mejorable”, los sujetos más vulnerables son precisamente los consumidores instituidos en cooperativas. Sujetos que “investidos de la fuerza que otorga la ilusión de los proyectos propios, intentan adaptarse con medios asaz inferiores a los del resto de sujetos que intervienen en la ordenación del suministro”. Al hilo de lo que apunta Zencer, fuentes del sector creen que “probablemente vamos a ver casos de caídas de comercializadoras no tan pequeñas”.
Acortar los plazos para disponer de los datos de compra de energía antes y aumentar el capital necesario para abrir una comercializadora serían parte de la solución para hacer frente a estas prácticas fraudulentas. No acaba de entenderse que en 2016, cuando muchos consumidores disponen ya de contadores inteligentes que ofrecen lecturas en tiempo real, haya que seguir esperando al octavo mes para que REE pueda ver si la energía comprada por una comercializadora es la adecuada para el consumo de sus clientes.
Alberto, así es. Zencer no está inhabilitada ni ha practicado ningún fraude. Y por eso, antes de abordar este caso, en la información se dice textualmente que "los problemas no son siempre debidos a prácticas fraudulentas"
