Con 78 votos a favor y 48 en contra, la proposición de ley de Podemos comienza ahora su andadura en la Asamblea con el debate de las enmiendas que ya han anunciado PSOE y Ciudadanos, que han coincidido en que se trata de una cuestión que hay que resolver de manera urgente, según informa Efe.
La diputada de Podemos Olga Abasolo ha justificado la iniciativa de su grupo alegando que en pleno siglo XXI y "en una región con 31.000 euros de renta per cápita" no se puede consentir la "injusticia" de que muchos ciudadanos no puedan tener electricidad, gas o agua por no poder pagar las facturas. Abasolo ha criticado, además, las medidas aprobadas esta misma semana por el Gobierno de Cristina Cifuentes, que ha alcanzado acuerdos con Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, para evitar cortes de luz o gas en invierno.
Para Basolo, estas medidas son "apresuradas", "insuficientes en más de un aspecto" y con "muchísimo oportunismo electoralista". Para la diputada, el acuerdo incluye, además, medidas que "no han funcionado" como los bonos sociales o que se quedan "cortas".
"No es una cuestión de solidaridad, sino de justicia social, de derechos", afirmó. Algo que se resuelve "cambiando las leyes" y no con medidas puntuales o por la voluntad de una compañía energética "que se levanta un día con cierto espíritu navideño".
Hogar vulnerable
La propuesta de Podemos contempla la creación de la figura del hogar vulnerable, que podrá acceder a una ayuda para el pago de las facturas de gas, luz y agua, procedente del fondo de contingencia del Gobierno regional. Los hogares en situación de pobreza extrema recibirán un pago del 100 %; en los de pobreza severa será del 35 % (con la posibilidad de llegar hasta el 50% a partir de un hijo o de una persona dependiente); y en los hogares de pobreza relativa donde el gasto energético suponga más del 10 % de sus ingresos la ayuda será del 20 % .
La declaración de hogar vulnerable (con una validez de dos años con posibilidad de renovación automática) puede darse en familias que estén situadas en alguno de estos niveles de pobreza, según la clasificación del INE en la Comunidad de Madrid, o en aquellas que reciben prestaciones por rentas mínimas de inserción, entre otros motivos.
Desde el PSOE, María José Navarro ha apoyado la toma en consideración de la iniciativa porque se trata de un tema que debe resolverse de forma urgente pero "desde la reflexión, no con un atropello de propuestas mal diseñadas" o "apagando fuegos con rescates continuos". No obstante, considera que la propuesta de Podemos debe modificarse en aspectos como la carga de trabajo que recaería sobre los servicios sociales municipales, a los que habría que reforzar con carácter inmediato.
Albert Reyero, de Ciudadanos, ha coincidido en que las familias con menos recursos no deberían recibir ayudas puntuales, sino que sus viviendas deberían ser objeto de inversión de la Comunidad para conseguir que tengan un consumo "casi nulo", de manera que los esfuerzos se centren en "erradicar el problema, en lugar de paliarlo temporalmente". También ha coincidido en que deberían enmendarse en aspectos como la "sobrecarga" de responsabilidad a la que, en su opinión, se somete a los Ayuntamientos.
Ana Camíns, en nombre del PP, ha justificado el voto en contra de la toma en consideración de la proposición alegando que es un "batiburrillo de ideas" que busca poner la pobreza energética "en el debate de la campaña electoral". Camíns considera que Podemos parece pretender "suavizar" el problema y no acabar con él. También ha criticado la carga de responsabilidad que recaería sobre los Ayuntamientos "sin contar" con ellos, o el hecho de que la declaración de situación de pobreza dure dos años, periodo en el que las ayudas se pueden quedar cortas si empeora la situación de la familia, o ser innecesarias si mejoran sus ingresos.
Rechazada en Canarias y Andalucía
Podemos presentó la misma iniciativa en Canarias, pero el Consejo de Gobierno la ha desestimado por considerar que incluye errores, como no contar con un estudio presupuestario "serio" o que no habla de número de beneficiarios. No obstante, el Ejecutivo regional valora la "buena voluntad" de la proposición de ley y ha señalado que se abordará el asunto pidiendo comisiones parlamentarias y creando grupos de trabajo.
En Andalucía, los argumentos de la Junta para no tramitarla son similares. El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ha indicado que "la propuesta carece de una memoria razonada del aumento de gastos que conlleva y de su incidencia en el presupuesto de la comunidad para 2016".
Podemos ha puesto en marcha esta iniciativa en todas las Comunidades Autónomas donde tiene representación parlamentaria.
