Como recurso esencial para el desarrollo y el bienestar de la sociedad que es, la energía ha de regularse bajo dos premisas esenciales: responsabilidad y diálogo, afirma Anpier en un comunicado. “Sin embargo, a pesar de que España es el país de la Unión Europea con mayor potencial renovable y con infraestructuras nucleares obsoletas, el Gobierno se plantea prolongar la vida útil de estas instalaciones, de las que se lucran tres empresas privadas, sin considerar la voluntad popular, expresada, por ejemplo, en los datos del Eurobarómetro, que constata que el 81% de los españoles reclama un nuevo modelo energético basado en el uso de energías renovables”, indica la asociación.
“Los megavatios que produce anualmente la central de Garoña podrían generarse con una superficie equivalente al aeropuerto de Barajas en paneles fotovoltaicos”, añade. Esta aportación de energía limpia y segura supondría, además, la creación de 2.146 puestos de trabajo. “La fotovoltaica es capaz de generar a 50 €/MW, mientras que la nuclear superaría los 100 €/MW si sus empresas productoras internalizaran totalmente todos los costes”, asegura Anpier. “En especial los derivados del mantenimiento durante siglos de los residuos radioactivos, incluidas las construcciones de infraestructuras civiles necesarias, como las cuantías en concepto de responsabilidad civil capaces de afrontar las consecuencias materiales reales de una verdadera catástrofe nuclear, como la vivida en Fukushima”.
Las nucleares deben cerrar
La asociación estima que las nucleares españolas ya existentes deberían cerrar al concluir el periodo actual asignado y someterse, igual que se pretende con las renovables, a criterios de rentabilidad razonable, es decir a la percepción de un 7,5% de rentabilidad sobre la inversión realizada y para toda la vida útil del proyecto. “Carece de lógica alguna que empresas privadas se lucren de estas obsoletas instalaciones, que suponen un elevado riesgo potencial para la población española, y que la ciudadanía expuesta a los peligros no se beneficie si quiera de las sobre retribución que éstas plantas perciben y que engrosan de manera notable el déficit de tarifa, tal y como ha destacado la propia Comisión Europea”, señala.
De acuerdo con Anpier, las grandes compañías eléctricas españolas han recibido más de 4.000 millones de euros por la denominada “moratoria nuclear”, lo que supone, aproximadamente, un 17 % del déficit de tarifa acumulado que adeudan los españoles. Y todavía se entregan anualmente decenas de millones de euros (50 millones en 2012 y 317 más que se abonarán en los próximos 6 años) para que no desarrollaran nuevas instalaciones nucleares. Una “cuestión que resulta contradictoria si, como está ocurriendo, se prolonga la vida útil de las ya existentes; puesto que mejor hubiera sido contar con plantas más modernas para poder clausurar las que ahora operan a pesar de sobrepasar la vida útil para las que fueron diseñadas”, concluye.
