«El acaparamiento energético del Estado español» repasa la geografía más oscura de las grandes compañías eléctricas españolas, una geografía que delata un sinfín de graves atentados contra la naturaleza -"dado el carácter ambientalmente destructivo de las industrias extractivas"-, así como violaciones sistemáticas de los derechos humanos en los países exportadores de petróleo, gas y uranio, "la corrupción de los funcionarios por parte de las operadoras privadas” y la enajenación “de los bienes propios y comunes” (y de los derechos) de los pueblos indígenas que siempre estuvieron allí, en esos territorios que un cierto día descubrieron la maldición de ser ricos en recursos energéticos.
“El modelo energético español está legitimando y engordando financieramente a dictadores, élites y cleptocracias corruptas, algunas en conflicto abierto, que oprimen a sus poblaciones (…). Buena parte de los países a los que el Estado español compra energía están gobernados por regímenes autoritarios”. Lo dicen David Llistar y Alfons Pérez en su último trabajo: «El acaparamiento energético del Estado español. Interferencias sobre terceros asociadas a las políticas de seguridad de los suministros de energía». La obra ha sido editada por el Observatorio de la Deuda en la Globalización, “un centro de investigación activista –así lo define Pérez– que nació a raíz de las consultas populares por la abolición de la deuda externa, allá por el año 2000, y que, aparte de investigación de corte prácticamente académico, sensibiliza y da soporte a los movimientos sociales”.
Qué cuenta
El discurso del informe de Llistar y Pérez vendría a ser el siguiente: el oligopolio (la empresa privada) y los señores de las puertas giratorias (hombres clave de los partidos clave del escenario político nacional) son los responsables de la geopolítica energética española. Y, en ese sentido, el informe es explícito: “el Gobierno se centra en favorecer regímenes petroleros y gasistas con predisposición a suministrar productos energéticos a España a precios asequibles, es decir, lo más baratos posibles. Al mismo tiempo que a mantener buenas relaciones bilaterales con ellos, con independencia de que estos violen derechos fundamentales, sean corruptos, o profundamente desiguales, como en los casos de Argelia, Arabia, Catar, Nigeria, Rusia, Angola, Kazajistán, etcétera”.
En el informe del ODG se introduce el concepto de la "anticooperación", por oposición al de "cooperación para el desarrollo". Según los autores, la anticooperación energética del Estado español se puede definir como “el conjunto de interferencias negativas que el modelo energético español produce en el Sur Global”.
Simultáneamente –explican Llistar y Pérez–, “tanto la opinión pública como los accionistas, incluso la mayor parte de los trabajadores de las transnacionales extractivas o los funcionarios públicos de gobiernos importadores como el español, parecen desconocer dramáticamente el peso específico de sus efectos negativos. No así otros stakeholders –añaden–, como las poblaciones afectadas, los técnicos de campo de las compañías o los funcionarios de gobiernos locales”. En la trastienda de todo ello, en la trastienda de la "anticooperación energética del Estado español" y de la ignorancia de los accionistas de Gas Natural Fenosa, Iberdrola y compañía, un negocio formidable. Según el informe del ODG, el coste económico comercial de la dependencia exterior española supuso en 2012 el desembolso de cerca del 5% del total del PIB español, casi 50.000 millones de euros, toda “una hemorragia económica”.
Violencia, degradación, contaminación
La anticooperación energética –explican Pérez y Llistar– está “asociada al aumento de las agresiones violentas, la degradación de la naturaleza, la contaminación de las aguas y el aire, problemas de salud, corrupción, etcétera”, que afectarían a “comunidades aledañas a los pozos de petróleo y gas, explotaciones mineras o monocultivos de agrocombustibles en zonas tropicales”. Pues bien, los autores sostienen que la anticooperación energética del Estado español “se estaría produciendo, a tenor de las últimas estadísticas disponibles y estudios de caso, mayormente en África (Nigeria, Libia, etcétera), Oriente Medio (Arabia, Irán, Irak), Rusia y México para el petróleo; en Argelia, Nigeria, Catar y Egipto para el gas; en Colombia, Indonesia, Suráfrica y Rusia para el carbón; en Rusia, Australia y Namibia para el uranio; y en Argentina, Indonesia y Brasil para los agrocombustibles”.
Los índices de la vergüenza
Algunos casos son particularmente graves. El ODG repasa en su informe varios índices globales que así lo delatan. Uno de ellos es el de Transparencia Internacional (TI), oenegé que elabora un Índice que mide los niveles de percepción de corrupción en el sector público. Este índice se basa en diversas encuestas a expertos y empresas. TI define la corrupción como “el abuso del poder encomendado para beneficio personal”. Pues bien, tomando 2015 como año de referencia –apuntan los autores–, los países abastecedores de energía a la economía española presentan "en términos generales penosos índices de institucionalidad democrática y libertades”. Además –añaden Pérez y Llistar–, en esos países, “se vulneran derechos humanos de forma sistemática”.
Transparencia
Según el índice de Transparencia Internacional –continúa el informe-, “la generalización de la violencia, así como la inestabilidad política, es patente en países como Irak, Nigeria, Libia, México o Colombia” (todos ellos, suministradores de productos energéticos a España). El ODG alude asimismo a “casos extremos”, como el de Níger, fuente de buena parte del uranio con el que han operado los reactores nucleares de Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa en los últimos años. Pues bien, Níger presenta “el peor Índice de Desarrollo Humano del mundo [188 de 188], con la categoría de ‘alerta’ ante la fragilidad del Estado y ocupa el lugar 151 de 162 en el índice de paz”.
Paz
El Global Peace Index (GPI) del Institute for Economics and Peace es otra referencia aludida en el informe del Observatorio de la Deuda en la Globalización. El GPI –explican los autores- analiza “hasta qué punto los países están involucrados en conflictos internos e internacionales” y evalúa también “el grado de armonía o discordia dentro de una nación”. El GPI trabaja con varios indicadores: índices de criminalidad, de incidencia de actos terroristas, de acciones violentas, de relaciones armoniosas con los países vecinos, de un escenario político estable, de la proporción de la población desplazada interna o refugiada, etc. Pues bien, España importa –denuncia el ODG– grandes cantidades de stocks procedentes de países que presentan unos números lamentables en el GPI.
¿Por ejemplo?
Libia (donde tiene muchos intereses Repsol), o Nigeria (Gas Natural Fenosa es el mayor cliente de la compañía Nigeria LNG Limited) o el susodicho Níger. Alfons Pérez nos apunta otros ejemplos: “la entrada de Endesa en Chile, con la promoción de instalaciones hidroeléctricas, con unas afecciones muy fuertes en territorios de las comunidades indígenas mapuches de Chile; o la entrada de Unión Fenosa, previa a su unión con Gas Natural, en El Salvador y en Guatemala, con unos incrementos de las facturas eléctricas del 150% en apenas unos meses. El informe del ODG tampoco escatima en ejemplos: en 1998, un incendio en la comunidad de Warri de Nigeria, donde la contaminación y la miseria se dan la mano, mató a más de 700 vecinos por la explosión de un oleoducto.
“El acaparamiento energético –concluye el estudio del ODG– se ejerce desde principios de realismo político por los cuales un país (principalmente su gobierno y sus transnacionales) se otorga a sí mismo el derecho a hacerse con recursos energéticos de territorios extranjeros a través de distintas vías, incluida la intervención y ocupación militar cuando las opciones de mercado no son suficientes. Se trata de un concepto que aplica en primer lugar –dice el ODG–- al acaparamiento de los grandes yacimientos de hidrocarburos y de uranio”. Según Llistar y Pérez, “la doctrina de la seguridad energética se acerca en la práctica a un despliegue sistemático y múltiple de formas de lo que hemos llamado acaparamiento energético. Un acaparamiento energético que oficialmente se justifica para asegurar las necesidades internas de empresas y ciudadanía connacional a un acceso seguro a un tipo de energía (de la que no se dispone) de terceros países a precios asequibles”.
“Se trata de un fenómeno –concluyen los autores– similar al que en anteriores ocasiones históricas se ha argumentado como la necesidad de expandir el ‘espacio vital nacional’ sobre otras nacionalidades y territorios que aparentemente no necesitan tanto esos recursos (Doctrina Lebernsraum utilizada por Alemania durante los inicios de la Segunda Guerra Mundial)”.
La geografía de la energía que consumen los españoles
Amnistía Internacional denuncia, en uno de sus últimos informes, "el espantoso trato que sufren los trabajadores migrantes" en Catar, país sumido ahora en una desorbitada burbuja del sector de la construcción (burbuja debida a su elección como sede del Mundial de Fútbol 2022) y destino por eso de 1,6 millones de obreros migrantes procedentes sobre todo de Bangladesh, India y Nepal. La élite catarí, que ha hecho fortuna gracias al gas, es una de las principales suministradoras de ese combustible fósil a España.
El Informe 2015/2016 de Amnistía Internacional sobre Uzbequistán, país del que procede buena parte del uranio que emplean Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Endesa en sus centrales nucleares, denunciaba hace apenas unos meses que “la policía y los agentes del Servicio de Seguridad Nacional” continúan empleando en las comisarías "tortura y otros malos tratos de forma habitual" a la par que la judicatura desoye "sistemáticamente" las denuncias que sobre el particular presentan los detenidos agredidos.
En Arabia Saudí, país al que está previsto viaje en las próximas semanas el rey Felipe VI, "seguían prohibidas [el año pasado, según el último informe de Amnistía Internacional disponible] todas las concentraciones públicas, incluidas las manifestaciones pacíficas, en virtud de una orden dictada por el Ministerio del Interior en 2011". Amnistía Internacional denuncia en ese informe "detenciones arbitrarias" y la reclusión de personas "sin cargos ni juicio durante periodos largos".
Allí, las mujeres y las niñas -explica el Informe 2015/2016 de Amnistía- siguen sufriendo discriminación en la ley y en la práctica: "las mujeres están subordinadas a los hombres en la legislación, especialmente en lo relacionado con asuntos familiares como el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos e hijas y la herencia, y no recibían protección adecuada contra la violencia sexual y de otros tipos". Arabia Saudí es uno de los principales vendedores de crudo a España y su casa real mantiene excelentes relaciones con la Casa Real española.
En Nigeria, algunos expertos (Montanyà, 2011) estiman que, durante los últimos 50 años, se han derramado más de 13 millones de barriles de petróleo (23 veces el Prestige). En 1998, la explosión de un oleoducto en la comunidad de Warri mató a más de 700 vecinos. La situación de la infancia en el país es terrible. Más allá de los focos mediáticos, centrados en la tragedia de las 200 niñas secuestradas por Boko Haram, Unicef calcula que un cuarto de millón de niños y niñas padecen malnutrición aguda severa solo en el estado de Borno, al norte del país.
En Argelia, Abdelaziz Bouteflika sucede en 1999 a Chadli Bendjedid, que mantenía un cierto control de la economía. Bouteflika es más aperturista. Su ascenso al poder se produce tras la cruenta guerra civil de la década de los 90, en la que mueren cerca de 150.000 argelinos, la mayoría civiles. Con el gobierno de Bouteflika, las grandes transacionales han tenido menos dificultades para acceder a los recursos naturales del país, anteriormente más controlados por gobiernos menos prooccidentales. Repsol, Cepsa, Gas Natural Fenosa e Iberdrola tienen fuertes intereses en Argelia.
