Iberdrola ha vendido sus activos gasistas en Reino Unido y EEUU y ha cerrado la mayor central de carbón de Europa en Longannet (Escocia). La política de Donald Trump de subvencionar a las centrales de carbón y nucleares es un fracaso. Según Bloomberg, “una cuarta parte de los 99 reactores nucleares norteamericanos van a cerrarse anticipadamente por razones estrictamente económicas y en 2018 continúa la tendencia de la última década en la que se han cerrado 531 centrales de carbón por ser inviables económicamente”. Las eléctricas tradicionales no pueden resistir la presión competitiva de las renovables.
El pasado mes de junio Repsol anunció la compra de tres centrales hidráulicas y dos de gas a Viesgo, propiedad de fondos de Australia y Kuwait, por 750 millones de euros. Se da la circunstancia de que Repsol va a pagar por las dos centrales de gas 110 millones cuando años antes valían 800 millones de euros. Repsol ha depreciado el valor de mercado de las centrales de gas nada menos que en un 86%.
La decisión de Repsol marca una clara señal sobre cómo han de valorarse a partir de ahora los activos energéticos convencionales y tanto la CNMC como la CNMV deberían actuar. Hay una relación entre el hundimiento del valor de las centrales de gas, su infrautilización y la sobrecapacidad gasista, uno de los mayores problemas energéticos de España; pero también con el vuelco global de la inversión energética hacia los nuevos modelos de negocio, como la generación descentralizada, el autoconsumo, el almacenamiento, el vehículo eléctrico y la gestión inteligente de la demanda.
Tanto eléctricas como petroleras intentan entrar en los nuevos modelos de negocio relacionados con la reducción de emisiones. Por eso, sorprende volver a leer titulares en medios de comunicación que se creían ya superados, como “renovables sí, pero explicadas y bien calculadas” o ante el cierre de las centrales nucleares “una política energética que tenga en cuenta el interés general”.
Lo que determina el crecimiento de los nuevos modelos de negocio energético es su mayor rentabilidad. Confundir el interés general con la defensa del gas, el carbón o las nucleares es un anacronismo. En España, según establecen la Ley 24/2013 y la Ley 18/2014, son los consumidores los que han de cargar con todos los déficits del sistema eléctrico y gasista; por eso los diversos gobiernos han renunciado a reformar la metodología de conformación de los precios de la energía, que es lo que encarece la electricidad.
La regulación actual otorga seguridad jurídica a una economía especulativa que confunde el debate energético ocultando las relaciones de propiedad de nuestro sector energético o cómo la mareante actividad de compra venta de centrales y redes energéticas, llamada ahora rotación de activos, solo persigue optimizar la rentabilidad del dividendo de los grandes accionistas extranjeros antes que el interés general o la protección del medio ambiente; para eso ya están los consumidores.
Este artículo se ha publicado originalmente en La Oficina de JGB
