El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, organización acreditada ante la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas, ha sido muy crítico con algunas de las medidas implementadas a lo largo de estos últimos años por el Ejecutivo Rajoy, como el Plan Nacional Transitorio para Grandes Instalaciones de Carbón -que elevaba extraordinariamente el techo de emisiones contaminantes de las centrales térmicas de carbón- o la Proposición de Ley para evitar el cierre de las centrales térmicas (que no llegó a ser aprobada). El Instituto también ha denunciado en numerosas ocasiones, en varios foros internacionales, a lo largo de esta última etapa las violaciones reiteradas del derecho a la informacion ambiental por parte del Ejecutivo Rajoy.
Valoración positiva
Ahora, a la luz del nuevo Gobierno, el instituto IDMA "confía en el cambio de la dinámica seguida hasta ahora de apoyo a los combustibles fósiles y cree que se apostará por dar la urgencia necesaria a las políticas climáticas". La directora de esta oenegé, Ana Barreira, considera positiva la creación del nuevo Ministerio de Transición Ecológica: "aunar Energía y Medio Ambiente en las competencias de un solo ministerio era necesario para reducir ineficiencias y porque actualmente son dos áreas estrechamente vinculadas. Además -ha añadido Barreira-, creemos que la nueva ministra, Teresa Ribera, tiene un perfil especialmente adecuado, por su experiencia y su reconocida labor en la lucha contra el cambio climático". La directora del Instituto espera que Ribera "pueda poner en marcha ahora las políticas que ha apoyado estos años para una transición justa hacia las energías renovables".
El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente considera en todo caso que "el Ministerio de Transición Ecológica tiene ahora cinco prioridades que abordar con urgencia para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París". Energías Renovables las reproduce íntegramente a continuación.
1) Una Ley de Cambio Climático y Transición Energética con objetivos cuantificables de reducción de emisiones: una reducción de un 40% en 2030, tomando como referencia los niveles de emisiones en 1990, con la meta de llegar a un escenario de Emisiones 0 en 2050. Es fundamental que se dé consideración de urgencia al desarrollo de la Ley y los planes de adaptación al cambio climático, incluyendo medidas de monitorización de efectos y consecuencias con un enfoque de gestión de riesgos, prevención y cooperación intersectorial y de los ámbitos nacional, regional y local.
2) Una hoja de ruta de descarbonización y cierre progresivo de las centrales térmicas: estas instalaciones son las principales emisoras de gases de efecto invernadero del sector eléctrico, y una de las principales responsables del cambio climático.
El Instituto IDMA ha llevado el PNT (Plan Nacional Transitorio) de grandes instalaciones de combustión del anterior Gobierno ante el Tribunal Supremo, por ser contrario a la Legislación de la UE y a la Ley española, al no haber sido sometido a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) con anterioridad a su aprobación. El PNT incluye 21 centrales térmicas de carbón, a las que permite emitir por encima de los límites gracias a una excepción legal. Actualmente expulsan altos niveles de NOx, SO2 y partículas a la atmósfera, algo que no podrían hacer fuera de esta excepción. Según los datos del informe de IIDMA "Un oscuro panorama", las emisiones de carbón fueron responsables de más de 700 muertes prematuras en 2014 y los costes sanitarios ascendieron a entre 880 y 1.667 millones de euros.
Además de ello, también está pendiente de aprobación una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Popular. En caso de salir adelante, se modificaría el art. 53 de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico ampliando los supuestos en que puede denegarse el cierre de una instalación de generación eléctrica. Esta modificación supondría un importante obstáculo para una transición ecológica hacia las energías renovables. Sin embargo, el nuevo Gobierno ha trasladado ya al Consejo de la UE su deseo de ser más ambicioso con los objetivos medioambientales, por lo que el nuevo Ministerio tiene por delante el reto de hacer frente a todos los obstáculos puestos por el anterior.
3) El impulso a un modelo de Fiscalidad Verde: un sistema bajo el principio "Quien contamina, paga". estableciendo impuestos climáticos a las empresas e industrias más contaminantes.
4) La creación de un Fondo especial para el Cambio Climático con el objetivo de impulsar la ejecución de políticas y acciones destinadas a la lucha contra el cambio climático en diferentes campos, incluido I+D+i, políticas de adaptación y mitigación, y la garantía de una transición justa. El fondo sería financiado mediante los impuestos climáticos.
5) Participación pública y justicia medioambiental, en coherencia con las obligaciones del Convenio de Aarhus del que España es parte. También deberá garantizarse la difusión y comunicación de la información medioambiental por parte de las administraciones. Para la aplicación de la Ley de una forma más efectiva, el Gobierno debería también planificar la formación de la judicatura en materia de cambio climático y facilitar el Acceso a la Justicia en asuntos medioambientales.
