El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente y la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético presentaron en verano una denuncia ante la Comisión Europea por considerar ilegales los pagos por capacidad que reciben las centrales eléctricas, pagos que regula el Gobierno y que ascenderían a más de 3.000 millones de euros durante el quinquenio 2011-2015 (es decir, a razón de unos seiscientos millones de euros -600 M€- al año). "Se trata de ayudas ilegales recibidas principalmente por las centrales de gas o carbón para que sigan funcionando, en un contexto de sobrecapacidad de nuestro sistema eléctrico", señalaba entonces Piet Holtrop, abogado de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Pues bien, prácticamente la misma cantidad -595 M€- es la que asegura el Ejecutivo ha destinado en 2016 "a financiación climática".
El Gobierno de Mariano Rajoy ha enviado a la Cumbre del Clima de Naciones Unidas, que tiene lugar estos días en Bonn, a la titular de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ministra que organizó el pasado mes de mayo, poco antes de que fuera cursada la denuncia susodicha, unas jornadas de debate sobre la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, jornadas convocadas conjuntamente por Medio Ambiente y el Ministerio de Energía, por cierto. El caso es que Tejerina viaja a Alemania con un mensaje quizá algo autocomplaciente: "España llega a la Cumbre del Clima de Bonn con los deberes hechos en materia de lucha contra el cambio climático". Así de ufano ha titulado el Gabinete de Comunicación del Ministerio de Medio Ambiente la nota de prensa en la que informa sobre el viaje de la ministra, nota en la que recuerda además que el anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética se encuentra "en proceso de elaboración, tras cerrarse el periodo de consulta pública, durante el que se han recibido más de 300 aportaciones de todos los sectores" (ese período comenzó con las jornadas arriba mencionadas).
Compromiso del presidente
"La intención del Gobierno -dice la nota- es analizar todas las aportaciones para poder preparar un primer borrador de anteproyecto de Ley". La Ley de Cambio Climático y Transición Energética -explican desde el Ministerio- es "un compromiso del presidente del Gobierno para cumplir con los objetivos recogidos en el Acuerdo de París y en el marco de la Unión Europea, que España ya ha asumido".
La CoP23 es una cumbre de carácter más técnico que las anteriores. Los resultados obtenidos serán fundamentales para asegurar que en 2018 se definan los aspectos más importantes para la puesta en marcha del Acuerdo de París. Así, se espera avanzar en el programa de trabajo, que haga aplicable el Acuerdo. Este programa se tendrá que adoptar en 2018 en la CoP 24 de Katowice (Polonia).
Además, otro resultado esperado es cerrar el diseño y modalidades del Diálogo Facilitador (Diálogo de Talanoa) de 2018, que la Unión Europea considera clave para lograr un puesta en común de todos los países sobre los esfuerzos colectivos en materia de mitigación y la brecha a los 2ºC antes del primer ciclo de ambición previsto para 2023.
Plan de acción de género
Bonn también servirá -explican desde el Ministerio- para abordar "numerosos asuntos importantes para Fiyi relacionados con la vulnerabilidad de los estados y poblaciones que reciben los impactos del cambio climático, como un Plan de Acción de Género, la puesta en marcha de la Plataforma creada en París para las Comunidades indígenas e incluir en las discusiones el vínculo entre la salud de los océanos y el cambio climático".
Durante la Cumbre -informa el Gobierno- está prevista la celebración de más de 100 eventos "que mostrarán cómo las ciudades, regiones, empresas e inversores trabajan conjuntamente con los gobiernos y el sistema de Naciones Unidas para implementar el Acuerdo de París". La delegación española participará en las sesiones de negociación y en eventos como el almuerzo ministerial de la Red Iberoamericana de Oficinas de Cambio Climático o la Iniciativa 4 por 1000.
