"Falta de control" por parte de los organismos de supervisión, o sea, por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (Enresa), la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, organismos de supervisión "cuya laxitud en el papel que desempeñan supone un elemento de riesgo adicional" a los intrínsecos en este tipo de instalaciones. Por todo lo cual, la Fundación pide que el funcionamiento de las centrales nucleares "sea intervenido hasta que se cierren y que estos organismos controlen, además de su operación, su contabilidad analítica y financiera; se trata de procurar que las cargas económicas que pudieran recaer en la sociedad no sean mayores de lo que debieran". Esa es una de las reclamaciones que ha llevado al Congreso de los Diputados la Fundación Renovables. Lo ha hecho por boca de su presidente, Fernando Ferrando, que intervino el pasado jueves ante la Ponencia encargada de las relaciones con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Ferrando ha aprovechado esa comparecencia, convocada para el estudio del Informe de las actividades realizadas por el CSN durante el año 2017, para exponer las propuestas de la Fundación Renovables en torno a la cuestión nuclear.
Intervención y cierre antes de 2024
Esas son las dos reivindicaciones clave del discurso de la Fundación Renovables: intervención y cierre no más allá del 24. Porque las centrales nucleares españolas son "insostenibles, medioambientalmente no asumibles y no competitivas". Por ello, la Fundación propone su "cierre programado", el de todas ellas, "antes de 2024". El presidente de la Fundación ha insistido en esa fecha a los miembros de la Ponencia, ante "la posibilidad de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno prevé enviar a Bruselas en los próximos días, posponga el cierre total de las centrales nucleares hasta el año 2035, lo que supondría alargar la vida útil de algunas de estas instalaciones más allá de los 40 años, posibilidad, citada por varios medios en los últimos días".
Según la Fundación, la aportación nuclear -en torno a los cincuenta teravatios hora (50 TWh) cada año- puede ser sustituida perfectamente por electricidad producida con las fuentes de energía renovables ya planificadas: las subastas celebradas en 2016 y 2017 (8.737 megavatios) y la propuesta del Gobierno de subastar 3.000 megas cada año: "en cualquier caso, desde la Fundación Renovables queremos manifestar que los objetivos del Gobierno -tanto en subastas como en autoconsumo y en electrificación de la demanda- son poco exigentes y que España debería tener un compromiso mayor no solo para alcanzar el desarrollo renovable deseado sino también para cumplir con los compromisos de la Unión Europea".
Auditoría técnica de cada central
Además, la Fundación Renovables apuesta por que la propuesta de cierre lleve implícita una auditoría técnica sobre el estado de la central "y la definición de la fecha de cierre en función de la generación de residuos, criterios de seguridad y la viabilidad de su almacenamiento". La Fundación considera que "los propietarios tienen que asumir todos los elementos de coste en cuanto a cobertura de riesgos y a las dificultades de gestionabilidad, así como las inversiones necesarias para mantener el máximo grado de seguridad".
Según la Fundación, la energía nuclear "no debe formar parte del escenario energético deseable para España". Este think tank/laboratorio de ideas denuncia que las centrales nucleares españolas disfrutan de un régimen "de no asunción de costes no equitativo con otras fuentes con las que deberían competir" y recalca los riesgos que implica la radiactividad, que "se incrementan a medida que envejecen las instalaciones (la vida media de las centrales en España va de los 31 años de Trillo a los 39 de Almaraz I).
Más aún: la Fundación recuerda que en países como Francia y Alemania, las inspecciones han provocado ya el cierre de algunas de estas centrales y alerta sobre "la aparición de riesgos provocados por fenómenos naturales y por la amenaza de atentados terroristas frente a la cada vez mayor vulnerabilidad de los sistemas y la inoperancia de los organismos de control y supervisión, sin mencionar el problema de los residuos, cuya vida radiactiva es de tal magnitud que no permite su control y sí el traspaso a generaciones venideras".
Incomprensible que no se haya actualizado el plan general de residuos
Por otra parte, la Fundación Renovables critica que la gestión y garantía del tratamiento de residuos actual esté enmarcada en el Plan General de Residuos Radioactivos, elaborado y aprobado en 2006: "es difícilmente comprensible que este Plan no haya sido actualizado cuando, desde 2006, se han producido sucesos de vital importancia como el desmantelamiento de Zorita, el accidente de Fukushima, el efecto de la bajada de tipos de interés por la crisis económica o la reducción de la demanda de electricidad, entre otros".
Según la Fundación, el resultado es que el Tribunal de Cuentas en 2015 identificó un desfase no dotado por parte de las empresas propietarias de las centrales a Enresa, encargada de gestionar el fondo para los desmantelamientos, de 1.500 millones de euros (M€). A finales de 2017 el monto disponible era de 5.326 M€, una cantidad claramente insuficiente para asumir los costes derivados de la gestión de residuos y el desmantelamiento que conlleva el cierre de las centrales. Esta situación conduce, tal y como señala la Ley 15/2012 de 27 de diciembre sobre medidas fiscales para la sostenibilidad energética (preámbulo, apartado III), a que estas cargas recaigan en la sociedad.
