El Bono Social, que es la solución aplicada por los sucesivos gobiernos de España al problema de la pobreza energética “dista mucho de ser la solución, ya que se ha comprobado su completa ineficacia”. Discurso inequívoco de la Fundación Renovables, que denuncia que el Bono Social (1) no se ha aplicado “exclusivamente” a los colectivos más vulnerables (sino que ha beneficiado a algunos que no lo son); (2) es “insuficiente”; y (3) supone “una pérdida de dignidad”. Fundación Renovables explica este último extremo así: “el Bono Social conlleva la pérdida de la dignidad del solicitante como paso previo a su declaración como miembro de un colectivo vulnerable que no debería ser calificado como tal”. La Fundación denuncia además “el esfuerzo del sector eléctrico para trasladar a los consumidores de la tarifa regulada PVPC al mercado liberalizado”. Ese traslado -recuerdan desde la FR- provoca la pérdida de la oportunidad para acogerse al Bono Social y, además -alertan- se traduce en incrementos de la factura eléctrica.
Por todo ello, la Fundación Renovables solicita “la implantación de una tarifa social, regulada por ley, que debería no contener un tramo fijo, permitir tener una potencia contratada básica, en función del tamaño familiar, un consumo mínimo de energía a precio reducido y la exención de IVA o IVA reducido”. Eso sí -advierten en la Fundación-, esta Tarifa no será suficiente “si los edificios siguen siendo un sumidero energético”. Por ello, propone el establecimiento “de un programa para rehabilitar las más de 1,5 millones de viviendas (250.000 al año) que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad, así como que se considere la electricidad como un servicio público y se facilite la cobertura de las necesidades a los colectivos vulnerables”.
Fundación Renovables: «La lacra de la pobreza energética nos debería avergonzar como sociedad y necesitamos entender que la energía es un derecho para asumir el compromiso de su erradicación lo antes posible. El esfuerzo que los ayuntamientos están llevando a cabo, no solo desde los servicios sociales sino, también, con la asunción de las deudas para evitar el corte del suministro eléctrico, en la mayoría de los casos sin el apoyo de las administraciones central y autonómicas, merece un reconocimiento»
Los números de la pobreza
La Asociación de Ciencias Ambientales, que pasa por ser la entidad de referencia en el estudio de la pobreza energética en España, ha publicado a lo largo de los últimos años diversos informes sobre el particular. En esos documentos, la Asociación estima que actualmente “6,8 millones de personas, el equivalente al 15% de la población residente en España, estaría sufriendo temperaturas inadecuadas en la vivienda o retraso en el pago de recibos, o ambos”. De ese colectivo, la Fundación destaca los 2,8 millones de personas que declararon tener dos o más retrasos en el pago de recibos en los últimos 12 meses (el 6% de la población). Además -recuerdan desde la Fundación-, la pobreza energética “es responsable de unas 7.100 muertes prematuras al año” y recuerda así mismo que 900.000 personas, aproximadamente el 2% de la población, dejaron de disponer de sus fuentes habituales de energía, por no poder pagarlas y por haber tenido cortes en el suministro: “esto se debe, principalmente, a tres factores: la insuficiencia de ingresos, el elevado precio de la energía y las malas condiciones constructivas y de habitabilidad de las viviendas”.
Fundación Renovables: «Todo ello nos lleva a exponer, como hicimos en nuestro último informe “El Contrato Social de la Energía: Electrificar para democratizar”, que el no acceso universal a la energía es un grave reflejo de un sistema eléctrico que entiende la energía como un vector puramente económico y no como un derecho disponible en condiciones económicas accesibles para todos».
Por todo ello, la Fundación propone una Ley de Reforma del Sistema Eléctrico que incluya el desarrollo de los planteamientos previos y, además, “que el pago por uso de las redes de transporte vaya ligado al servicio prestado y no a la rentabilidad de las inversiones. Es absolutamente fundamental -concluyen en la Fundación- asumir, desde los poderes públicos que la energía es un bien escaso, de primera necesidad y de utilidad pública, cuyo acceso universal debe estar garantizado como un servicio público”.
