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El Pleno de la Diputación de León aprobó el pasado 27 de septiembre una Moción en la que pide ayudas al carbón so pretexto de su necesidad como garante del suministro de electricidad. La Diputación alega en esa Moción que otros países -como Eslovenia o Eslovaquia- conceden esas ayudas. Pues bien, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA) difundió ayer un comunicado en el que acusa a la Diputación de mentir sobre ese extremo y en el que, además, recuerda que "la propia Unión Europea ha solicitado que se retiren ese tipo de ayudas". [En la imagen, Museo de la Energía, en Ponferrada (provincia de León)].
La Diputación de León sostiene su defensa del carbón sobre falsedades

El comunicado difundido ayer por el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IDMA) sostiene que la Moción que aprobó el Pleno de la Diputación de León el pasado 27 de septiembre -moción para "defender la presencia del carbón autóctono dentro del mix energético"- va en contra de la normativa europea. La Diputación solicita mediante esa Moción la aprobación “de manera urgente del marco legal de garantía de suministro a través del despacho preferente" (el objetivo es priorizar el uso de carbón autóctono en la generación de electricidad). Pues bien, el Instituto IDMA considera que el despacho preferente por garantía de suministro "no tiene justificación y contraviene la prohibición de extender los mecanismos de ayuda más allá de 2014 que la Unión Europea impuso como condición para su aprobación como medida transitoria en 2010".

Además, el Instituto desmiente el ejemplo recogido en la Moción sobre el uso de este mecanismo de "despacho preferente" en países como Eslovenia o Eslovaquia y afirma que "la propia UE ha solicitado que se retiren este tipo de ayudas".

Repaso histórico
En España -explican desde el Instituto-, el mecanismo se adoptó como una "medida excepcional" y so pretexto de garantizar el suministro eléctrico. La aprobación de esa medida tuvo lugar "a pesar -apuntan desde el Instituto- de que el sistema eléctrico español tiene una sobrecapacidad de alrededor del 30%", es decir, que está muy sobredimensionado (efectivamente, el pico máximo histórico de demanda instantánea de electricidad apenas superó -allá por el año 2007, antes de la crisis- los 45.000 megavatios hora, mientras que la capacidad del sistema eléctrico nacional excede holgadamente los 100.000 megavatios de potencia; desde 2007, por supuesto, nunca más volvieron a alcanzarse esos 45.000 megas).

A pesar de esa evidente sobrecapacidad, y de que obviamente era innecesaria esa medida excepcional de garantía de suministro, la Unión Europea consintió lo que muchos expertos consideraron (y consideran) esa subvención encubierta, si bien puso como condición que debía tratarse de una medida transitoria a ejecutar entre los años 2011 y 2014. A partir del 31 de diciembre de 2014, la Unión prohibía continuar con las ayudas, lo cual explicitaba -apuntan desde el Instituto- en su Decisión de 29-09-2010: la prolongación no sería posible "incluso si se revisara el Real Decreto por el que se aprobó".

Así -explican desde el instituto IDMA-, durante el período de vigencia de las ayudas, el Estado ha destinado aproximadamente 1.300 millones de euros a mantener abiertas "centrales de carbón que no eran competentes ni necesarias". Más aún: "estas ayudas destinadas a garantizar la viabilidad económica del carbón autóctono se financian a través de un gravamen que repercute en los consumidores de electricidad, que pagan un sobrecoste en la factura de la luz".

Alargar artificialmente
Según la directora del instituto IDMA, Ana Barreira, "estas medidas son una forma artificial de alargar un proceso inevitable. Las centrales térmicas no son viables económicamente en el marco de los compromisos internacionales y con la UE de España, en especial del Acuerdo de París para evitar el cambio climático. Los Gobiernos deberían invertir en una transición justa para los trabajadores en lugar de seguir financiando empresas que no son rentables a costa del dinero de los consumidores. Además, la medida de 'despacho preferente' propuesta contraviene el derecho de la UE. En caso de aprobarse, la Comisión Europea lo frenaría con toda probabilidad, ya que no responde a las exigencias del Estado de Derecho".

Sobre las consecuencias que podría tener la prolongación -vía subvención- de la actividad carbonera, el instituto IDMA recuerda que la generación de electricidad en centrales térmicas que queman carbón produce emisiones de gases de efecto invernadero que producen "un impacto negativo para la salud y el medio ambiente". El propio Instituto publicó hace unos meses un estudio -«Un oscuro panorama»- en el que recogía dos datos espeluznantes: (1) el carbón causó en 2014 (año respecto del cual recabó los datos de emisiones) más de 700 muertes prematuras en España; y (2) los niños son "uno de los colectivos más vulnerables", con 10.521 nuevos episodios de asma detectados y 1.233 casos de bronquitis asociados a esas emisiones.

Más aún
Castilla y León -apuntan desde el Instituto- es "la segunda región de España en número de muertes, sólo por detrás de Asturias, con 3,41 muertes por cada 100.000 habitantes en riesgo". La Diputación de León ha viajado lejos de las cuencas mineras asturianas y leonesas para buscar motivos con los que sostener su petición de que se siga subvencionando la actividad carbonera. A saber: la Diputación propone "aprobar de manera urgente el marco legal de garantía de suministro a través del despacho preferente" (que prioriza el uso de carbón autóctono). Y, para justificar esa propuesta, asegura que eso ya está contemplado en la Directiva Europea de Mercado Interior de la Electricidad y que eso lo aplican países como Eslovenia y Eslovaquia.

El Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente insiste en ese sentido que "la Directiva contempla la medida de forma excepcional por motivos de seguridad de suministro" y que, en el caso español, "no existe este riesgo, ya que el sistema eléctrico español se mueve en márgenes de seguridad de alrededor del 1.4, muy por encima del 1.1 establecido como referencia". Más aún: según el Instituto, "Eslovenia, y pese a la afirmación mantenida por la Diputación de León, actualmente no cuenta con un mecanismo de restricción por garantía de suministro, ya que fue derogado en 2014, y la nueva Ley de Energía de 2014 (*) excluye este mecanismo".

En cuanto a Eslovaquia, el instituto IDMA reconoce que sí dispone de un mecanismo similar, pero explica que ha sido denunciado ante la Comisión Europea por asociaciones de consumidores que alegan su carácter ilegal y añade, que la propia Comisión Europea ha publicado un informe sobre la situación de ese país, "en febrero de 2017, hablando del mal ejemplo que supone y subrayando la necesidad de que abandone este tipo de ayudas perjudiciales para el medio ambiente".

Señas de identidad
Fundado en diciembre de 1996, el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente es una organización de derecho ambiental, cuyo fin es "contribuir a la protección del medio ambiente y a la consecución de un desarrollo sostenible a través del estudio, desarrollo, aplicación y ejecución del Derecho desde una perspectiva internacional y multidisciplinar". Desde 1998, el Instituto IDMA es una organización acreditada ante la Asamblea de Medio Ambiente de las Naciones Unidas dependiente del Programa de Naciones Unidas de Medio Ambiente (Pnuma). En 2001 fue declarada de utilidad pública.

(*) Se puede consultar la ley eslovena en inglés en este enlace

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