La Dirección de Competencia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha confirmado que está investigando posibles prácticas anticompetitivas en los mercados de instalación de equipos y prestación de servicios de medida eléctrica, de comercialización de energía eléctrica y de prestación de servicios energéticos y de instalación y operación de autoconsumo en España. En concreto, entre el 24 y el 28 de abril y entre el 19 y 23 de junio la CNMC inspeccionó las sedes de varias empresas "relevantes" del sector eléctrico cuya identidad no revela, a raíz de múltiples denuncias recibidas sobre la presunta existencia de prácticas anticompetitivas en los citados mercados. La investigación buscaría probar la existencia de posibles trabas por parte de estas compañías, como Endesa, Naturgy o Iberdrola, al impulso del autoconsumo colectivo, aunque podría ampliarse a más asuntos.
El organismo que preside Cani Fernández señala que en caso de confirmarse las prácticas anticompetitivas, constituirían una infracción de los artículos 2 (abuso de posición de dominio) y/o 3 (falseamiento de la libre competencia por actos desleales) de la Ley de Defensa de la Competencia, según informa Europa Press. Asimismo, indica que las inspecciones son un paso preliminar en el proceso de investigación de las supuestas conductas anticompetitivas y no prejuzgan el resultado de la investigación ni la culpabilidad de la entidad. En caso de que como resultado de dichas inspecciones se encontrasen indicios de prácticas anticompetitivas prohibidas por la Ley de Defensa de la Competencia, se procedería a la incoación formal de un expediente sancionador. Las citadas prácticas podrían considerarse una infracción muy grave de la ley de competencia, con multas de hasta el 10% del volumen de negocio total de las empresas infractoras en el ejercicio inmediatamente anterior al de imposición de la multa.
La semana pasada, la Alianza por el Autoconsumo, plataforma integrada por más de 70 entidades (sindicatos, asociaciones de consumidores, empresariales, ecologistas), hacía público el informe “Autoconsumo en España: Diagnósticos, retos y propuestas”, en el que analiza 564 casos que "visibilizan" las barreras que están encontrándose los autoconsumidores a la hora de intentar legalizar sus instalaciones. ¿Por ejemplo? La imposición por parte de las distribuidoras de "obligaciones sin respaldo legal", las solicitudes de "información improcedente" y las demoras generalizadas. La Alianza habla de retrasos "habituales" de hasta 24 meses "para un trámite que legalmente debe y puede durar 15 días, cuando no menos".
