La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), que se ha sumado a la denuncia de ICV, que firman los diputados Laia Ortiz y Joan Coscubiela, informa en un comunicado que concurren dos elementos esenciales para imputar este tipo de delitos: el engaño y la utilización de información privilegiada.
“El delito de engaño se basa en los hechos que han motivado la elevación exponencial del precio de la energía y el consiguiente delito de maquinación para alterar el precio de las cosas recogido en el artículo 284 del Código Penal”, indica la Plataforma. También recurren al artículo 262, que se refiere a la alteración de precios en subastas y concursos públicos.
En cuanto al delito de utilización de información privilegiada, la denuncia recoge que "más del 80% de la oferta y la demanda de electricidad está controlada por tres grandes grupos de sociedades o compañías eléctricas". Además, destaca que después de que el Gobierno se negase a financiar el déficit de tarifa de 3.600 millones sobrevenido en 2013 a través de los Presupuestos Generales del Estado, el regulador detectó "circunstancias atípicas" en la subasta, que le llevaron a invalidarla.
En su escrito de denuncia, ICV entiende que las compañías generadoras de electricidad pudieron condicionar su precio "reteniendo agua, parando centrales (eólicas o nucleares) y pactando precios".
Durante esos días,marcaron los precios esencialmente las tecnologías más caras, esencialmente los ciclos combinados. Por todo ello, la denuncia concluye solicitando que se incoen diligencias pre-procesales para "la investigación de los hechos, la fijación o determinación de los responsables y la responsabilidad penal que se deriva de lo anterior".
El escrito subraya que todos estos hechos deben ser investigados "desde el punto de vista de la posible responsabilidad penal" y recuerda, en este sentido, las palabras del propio titular de Industria, quien manifestó que la subasta había sido "manipulada".
