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El marco normativo nacional propicia el desarrollo de grandes parques solares y eólicos que causan graves impactos ambientales

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Lo denuncia la Alianza por el Clima, plataforma social en la que están integradas 400 organizaciones de todo el estado español (sindicatos, oenegés, asociaciones de consumidores, organizaciones ecologistas, etcétera). Según la Alianza, el marco normativo de desarrollo de las energías renovables (1) beneficia a las grandes compañías energéticas y fondos de inversión, (2) penaliza a las iniciativas ciudadanas y (3) genera un mayor impacto ambiental. La plataforma propone así al Ejecutivo que tome, "de forma urgente", 8 medidas. Abajo las repasamos todas. Vayan por delante dos de ellas: reservar en las subastas al menos un 50% para proyectos de menos de 10 megavatios; y fijar un objetivo "muy ambicioso" de autoconsumo.
El marco normativo nacional propicia el desarrollo de grandes parques solares y eólicos que causan graves impactos ambientales

Mensaje claro de apoyo al despliegue de energías renovables en España, que "está siendo determinante para la mitigación del cambio climático", y que es un buen paso en "la necesaria y progresiva aceleración de la transición ecológica que hay que desarrollar"... pero, al mismo tiempo... seria preocupación. La Alianza por el Clima, que es una plataforma de organizaciones con muy diferentes sensibilidades, de tipo ecologista, sindical, rural, agraria o social, se declara "seriamente preocupada por la manera en que se está produciendo en España este desarrollo". Según el comunicado que la Alianza ha difundido hoy, "un número creciente de plantas fotovoltaicas y de parques eólicos" está produciendo lo que esta plataforma califica como "un notable impacto sobre la biodiversidad y sobre el uso del territorio que el procedimiento de evaluación de impacto ambiental no ha podido evitar".

La raíz del problema está en la ausencia de un marco normativo adecuado
Durante años -señalan desde la Alianza-, el marco normativo de desarrollo de estas tecnologías, "a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, ha beneficiado que el despliegue sea capitalizado por grandes empresas energéticas y fondos de inversión, penalizando a proyectos de menor envergadura y, sobre todo, a iniciativas promovidas por la propia ciudadanía o los actores institucionales". ¿Resultado? Pues, según la Alianza, más impacto ambiental, más desequilibrio territorial y menos justicia social. "El resultado es -dice literalmente la Alianza- el desarrollo de un modelo muy centralizado y de mayor impacto que limita las posibilidades de avanzar hacia un sistema eléctrico más distribuido, más cuidadoso con el territorio, el mundo rural y la biodiversidad y con mayor implicación ciudadana".

¿Solución?
La Alianza lo tiene claro: el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "dispone de competencias para desarrollar diferentes regulaciones normativas y para la adopción de determinadas medidas que eviten o minimicen los problemas señalados". En ese sentido, Alianza por el Clima plantea al Ministerio que tome las siguientes medidas de forma urgente:

• Modificar la orden ministerial que regula el mecanismo de subastas de nueva potencia de energías renovables reservando al menos un 50% en las nuevas subastas para proyectos de menos de 10 MW. Adicionalmente deberían establecerse en ellas criterios de condicionalidad priorizando proyectos en zonas de baja sensibilidad, de repotenciación y de hibridación.

• Fijar un objetivo muy ambicioso de autoconsumo en la Estrategia Nacional de Autoconsumo que se está elaborando, corregir la reciente normativa en relación con los coeficientes dinámicos para el autoconsumo colectivo y asegurar el despliegue de las Comunidades de Energía.

• Aprobar, en colaboración con las comunidades autónomas, una guía para evitar que los promotores puedan fragmentar los proyectos con el objetivo de sortear la tramitación por parte de la Administración General del Estado y vigilar que no haya proyectos que se estén tramitando de manera fraccionada y, en su caso, reclamar la tramitación de su evaluación ambiental.

• Que la zonificación de la sensibilidad ambiental del territorio que el Ministerio ha creado en su geoportal constituya un factor discriminatorio para los proyectos de grandes instalaciones que tramite el ministerio y no una mera recomendación para los promotores. Esta zonificación debe identificar las zonas de sensibilidad y exclusión por su importancia para la biodiversidad, conectividad y provisión de servicios ecosistémicos, así como sobre otros valores ambientales y territoriales, e incluir también a las renovables marinas.

• Aprobar una norma ambiental para la implantación de los proyectos de energías renovables, estableciendo una graduación para su implantación primero en zonas de baja sensibilidad según la cartografía del Ministerio y de las comunidades autónomas y en función de la tipología de suelos.

• Asegurar en la Planificación de la Red de Electricidad que se está elaborando suficientes puntos de conexión para la evacuación de instalaciones renovables en zonas de baja sensibilidad.

• Dar prioridad, en relación con los sistemas de financiación pública de energías renovables, a la financiación de los proyectos situados en zonas de baja sensibilidad y que impulsen la participación ciudadana a través de comunidades energéticas.

• Elaborar unas directrices para orientar a las comunidades autónomas en la planificación territorial que realicen, en relación con la delimitación de zonas excluibles y priorizables para la implantación de las distintas energías renovables, desde el punto de vista ambiental y de los sistemas agrarios.

Con estas medidas -sostiene la Alianza-, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico daría un gran impulso a unas energías renovables mucho más sostenibles ambientalmente y más justas con la ciudadanía.

Credenciales
Alianza por el Clima es una plataforma de organizaciones sociales de ámbito estatal que desde 2015 desarrollan iniciativas y actividades enfocadas a la mitigación y adaptación al cambio climático, integrada, entre muchas otras, por las grandes organizaciones ecologistas (WWF, SEO/BirdLife, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Amigos de la Tierra), los sindicatos más representativos (CCOO, UGT, USO), las organizaciones agrarias (UPA, COAG), la Coordinadora de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo (Oxfam Intermon, Caritas, Ongawa, Manos Unidas…), Fundación Renovables, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Fridays For Future (FFF)/Juventud por el Clima, Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes), Attac, CECU, Asgeco, OCU, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente, Asociación Española de Educación Ambiental, Red Española de Desarrollo Rural, Sociedad Española de Agricultura Ecológica.

Climate Alliance

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