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El Gobierno quiere que el carbón "siga siendo parte importante del mix energético español”

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El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, compareció ayer en el Senado, donde recordó que el 31 de diciembre de 2014 finalizó la vigencia del Real Decreto que el anterior Gobierno había aprobado en 2010 para que el carbón nacional pudiera ser quemado por parte de las eléctricas en España. El ministro ha señalado que, en la actualidad, no hay ninguna norma en virtud de la cual se pueda obligar a las centrales a quemar carbón nacional, pero ha anunciado que Industria está diseñando un sistema de incentivos a la desnitrificación "para que el resultado sea el mismo que el del anterior sistema". 
El Gobierno quiere que el carbón "siga siendo parte importante del mix energético español”

“Queremos que el carbón siga siendo parte importante del mix energético español”, ha dicho el ministro Soria en el Senado. El Ministerio de Industria, Energía y Turismo ya lo anunció a finales de marzo, cuando convocara la Comisión de Seguimiento del Marco de Actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras en el periodo 2013-2018, comisión que presidiera entonces el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, y en la que participaron los sindicatos y las empresas del sector. Dicha Comisión analizó a la sazón la propuesta de un nuevo "incentivo a la inversión para la mejora medioambiental en desnitrificación de instalaciones de producción de electricidad a partir de carbón autóctono", lo que -según el propio Ministerio- "constituye un incentivo a su consumo".

La estrategia del ministerio
El nuevo mecanismo -explicó a la sazón Industria- pretende garantizar una "minería autóctona competitiva" que opere como "soporte estratégico de especial relevancia" para la seguridad de suministro. La Comisión examinó el borrador de la orden, que incluye "un incentivo consistente en una retribución por unidad de potencia (€/MW) vinculada a la realización de inversiones en mejoras medioambientales en aquellas instalaciones de producción del sistema eléctrico peninsular que utilicen carbón autóctono como combustible principal que supongan una mejora de los valores de emisión de la instalación".

Último borrador
Pues bien, unas semanas después de aquella reunión, a finales de mayo, Greenpeace criticaba el último borrador de la Orden Ministerial, que apuesta por que el Ejecutivo subvencione a las eléctricas con 90.000 euros por cada megavatio de central térmica que queme carbón nacional. La organización ecologista considera que, con ese borrador, Industria "ha encontrado la fórmula para que los ciudadanos paguen 405 millones de euros de sus impuestos para la prolongación del funcionamiento de las centrales térmicas" (la ayuda es en concepto de "inversión medioambiental de reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno"). Según el Ministerio, actualmente hay en España menos de 4.500 mineros del carbón.

Ayudas a fondo perdido
Por otro lado, las ayudas al carbón correspondientes a 2014 -el dato también es de Industria- han ascendido a 65 millones de euros. "Estas actuaciones para el sector de la minería del carbón -explica el Ejecutivo- se encuadran en el marco de lo establecido en la Decisión 2010/787/UE del Consejo, de 10 de diciembre, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas". El objetivo teórico de esas ayudas es, siempre según el Ministerio, "garantizar la sostenibilidad de la minería del carbón mediante explotaciones competitivas que sean viables sin ayudas a partir de 2018, todo ello de acuerdo con lo establecido en la normativa europea".

Greenpeace señala el impacto de la quema de carbón en la salud
Según la Radiografía social del medio ambiente en España, informe que acaba de publicar la organización ecologista, "las emisiones de las centrales térmicas de carbón son un enemigo en la lucha para el cambio climático, pero, además, sus efectos también son un riesgo para la salud, pues esas emisiones llegan a pulmones y circuito sanguíneo, provocan asma, enfermedades cardio-respiratorias, cáncer y hasta la muerte". Además -continúa Greenpeace-, el arsénico y el cadmio del carbón amontonado provocan otros impactos como la ralentización del desarrollo infantil.

Asesinos silenciosos
En 2013, el informe “Asesinos Silenciosos” (basado en un estudio de la Universidad de Stuttgart) analizaba los impactos que provoca en la salud la quema de carbón en 300 de las mayores centrales térmicas europeas. Según ese documento -informa Greenpeace-, en ese año en España, se produjeron en total 535 fallecimientos prematuros "causados por la quema de carbón en las grandes centrales propiedad de las mayores eléctricas como E.ON, ENEL-Endesa e Iberdrola y eso a pesar de que los datos corresponden a la etapa inmediatamente anterior a la entrada en vigor del Real Decreto que subvencionaba la quema de carbón nacional, cuando esta fuente de energía ocupaba una parte más reducida del mix energético".

El estudio también eleva a 120.000 los días laborables perdidos y a 5.800 los años perdidos en cuanto a esperanza de vida. Algunos de los datos de muertes prematuras separados por térmicas para ese año son:
• Central térmica Alcúdia ( 67,8 muertes prematuras)
• Central térmica de La Pereda (4,1 muertes prematuras)
• Central térmica de Escucha (53,6 muertes prematuras)
• Central térmica Puente Nuevo (9 muertes prematuras)
• Central térmica de Cercs (36,7 muertes prematuras)
• Central térmica Puertollano (8,2 muertes prematuras)
• Central térmica de Soto de Ribera (15,6 vprematuras)
• Central térmica de Aboño (39,8 muertes prematuras)
• Central térmica de Meirama (11,8 muertes prematuras)
• Central térmica Los Barrios (13,5 muertes prematuras)
• Central térmica de Lada (6,4 prematuras)
• Central térmica de Pasaia (10,5 muertes prematuras)
• Central térmica de Andorra-Teruel (102,8 muertes prematuras)
• Central térmica de Compostilla-León (43,8 muertes prematuras)
• Central térmica de As Pontes-A Coruña (38,7 muertes prematuras)
• Central térmica de Carboneras-Almería (72,3 muertes prematuras)

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