El informe estatal sobre ozono elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 480 estaciones oficiales de medición repartidas por todo el territorio español, entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2019. Presenta datos exhaustivos de la contaminación por ozono, por comunidades autónomas y por zonas y estaciones de medición.
Explica, asimismo, que el ozono es un contaminante muy complejo, que no tiene una fuente humana directa sino que se forma en la superficie terrestre en presencia de radiación solar por la combinación de otros contaminantes denominados precursores, emitidos por el transporte (en especial los vehículos diésel), las centrales termoeléctricas, ciertas actividades industriales o la ganadería intensiva. Se trata por tanto de un contaminante secundario que durante el verano afecta sobre todo a las áreas suburbanas y rurales influenciadas por la contaminación urbana e industrial.
De acuerdo con la ONG, el mantenimiento de la contaminación por ozono en 2019 es consecuencia en primera instancia del repunte en la quema de combustibles fósiles que está acompañando al nuevo ciclo económico, agravada por el aumento de las temperaturas resultado del cambio climático.
Entre sus principales conclusiones, destacan:
• El ozono troposférico sigue siendo el contaminante atmosférico que año tras año afecta a más población y territorio en el Estado español. Durante 2019 sus niveles se han mantenido en general estables, con alzas y descensos según los territorios, relacionadas con las variaciones geográficas de las temperaturas y las precipitaciones en primavera y verano.
• El informe toma como referencia el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de acuerdo al cual el aire contaminado por ozono ha afectado en 2019 a 39,8 millones de personas en el Estado español, el 85 % de su población, así como a 455.000 kilómetros cuadrados, el 90 % del territorio. Es decir, seis de cada siete españoles han respirado un aire con más ozono del recomendado por la OMS.
• Si se considera el valor objetivo establecido por la normativa española y europea, más laxo que el de la OMS, la población que ha respirado aire contaminado por encima del estándar legal sería de 9,8 millones de personas, un 21 % del total, en torno a tres millones de afectados más que en 2013 y 2014, pero millón y medio menos que en 2015, 2017 y 2018. Es decir, uno de cada cinco españoles ha respirado un aire que incumple el estándar legal vigente de ozono.
• Durante 2019, los territorios más afectados por el ozono troposférico han sido Cataluña y la Comunidad de Madrid, que han presentado la peor situación general del Estado. La contaminación por ozono ha sido también más alta que en años anteriores en Andalucía oriental, el norte del País Valenciano y el Valle del Ebro de Cataluña al País Vasco, y más baja en el tercio occidental de la Península, la cornisa cantábrica y la Región de Murcia.
• Coincidiendo con las olas de calor estivales, en 2019 se han producido numerosas superaciones del umbral de información y una docena de superaciones del umbral de alerta, concentradas en Cataluña, donde este último umbral no se rebasaba desde el año 2003.
Un problema sanitario de primer orden
De acuerdo con Ecologistas en Acción, la contaminación por ozono debe abordarse como un problema sanitario de primer orden. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, causa cada año entre 1.500 y 1.800 muertes en el Estado español. Los más afectados son los niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y quienes padecen enfermedades cardiorrespiratorias crónicas.
El coste sanitario y laboral de la contaminación por ozono fue de 5.000 millones de euros en 2013, un 0,33 % del PIB español, según el Banco Mundial, sin considerar los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales. Solo los costes económicos de la menor producción de dos cultivos como trigo y tomate, por su exposición al ozono en España, se estimaron en 800 millones de euros en el año 2000, el 3,2 % del PIB agrícola.
La organización ecologista considera que la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema. Así, denuncia que pocas ciudades cuentan con protocolos de actuación frente a las puntas de contaminación por ozono, y sólo Valladolid contempla y aplica medidas de limitación del tráfico en episodios como el de la ola de calor de la última semana de junio, cuando mientras las grandes ciudades francesas restringían el tráfico las españolas se limitaban a informar rutinariamente a la población sensible, en el mejor de los casos.
Planes sin presentar
Los planes de mejora de la calidad del aire para reducir la contaminación por ozono son obligatorios según la legislación. Pero diez comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Illes Balears, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, País Valenciano, Madrid, Navarra y País Vasco) siguen sin elaborarlos. Por vez primera un tribunal regional como el de Castilla y León declaró en 2018 la obligación de dichas administraciones de elaborar tales planes. Obligación sobre la que en los próximos meses se pronunciará el Tribunal Supremo.
Ecologistas en Acción reclama al Ministerio para la Transición Ecológica que aborde el Plan Nacional de Ozono comprometido hace años, al que remiten las comunidades autónomas. para justificar su inactividad. La ONG señala que el vigente Plan Aire II es inoperante porque limita las actuaciones sobre el ozono a la realización de estudios y a la mejora de la medición. Aunque la Audiencia Nacional ha sentenciado que el Plan Aire II da cumplimiento a las obligaciones legales del Gobierno central respecto al ozono, Ecologistas en Acción recurrirá al Tribunal Supremo.
El informe de la organización ecologista concluye señalando que las principales vías de actuación para reducir la contaminación del aire por ozono son la disminución del tráfico motorizado, la adopción de las mejores técnicas industriales disponibles, la sustitución de los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y el cierre de las centrales térmicas de carbón. También es necesario declarar un Área de Control de Emisiones (ECA) para el Mar Mediterráneo, penalizar fiscalmente a los vehículos diésel y una moratoria para las nuevas grandes explotaciones ganaderas intensivas.
