Las cinco principales organizaciones ambientales del escenario político-social español acaban de presentar su «Valoración ambiental de la legislatura 2011-2015», un documento de dieciséis páginas que abren con una introducción de título la mar de explícito: "un balance negativo". SEO/BirdLife, Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF y Amigos de la Tierra destacan, entre los "principales retrocesos en materia ambiental" (y por este orden) los siguientes: la reforma de la Ley de Costas, el parón al desarrollo de las energías renovables, el impulso a las prospecciones petrolíferas en alta mar, el afianzamiento de una reforma energética que consolida el oligopolio y el control de las grandes empresas eléctricas, la falta de ambición de la política de calidad del aire o el parón en el control de las sustancias químicas tóxicas".
Oportunidad perdida
Los ecologistas consideran que el Ejecutivo Rajoy "ha perdido la oportunidad para implantar una gestión sostenible de los recursos, impulsar las energías renovables y avanzar en patrones de producción y consumo responsables que favorezcan el empleo verde y de calidad". La legislatura -explican en su balance- ha estado marcada por una profunda crisis financiera, económica, social y, sobre todo, ambiental, "debido al impacto creciente del cambio climático y a un déficit ecológico cada vez más grave y evidente; sin embargo -concluyen-, las políticas del Gobierno no han contribuido a solucionar estos grandes retos ambientales".
Greenpeace, WWF, Ecologistas en Acción, SEO/BirdLife y Amigos de la Tierra
Los cinco firmantes opinan así que, durante estos cuatro años, "no se ha aprovechado la oportunidad de reorientar el modelo productivo hacia la sostenibilidad, ni se han aprobado medidas reales y eficaces que detengan el agotamiento de los recursos naturales ocasionado por su continuo despilfarro, la pérdida acelerada de la biodiversidad, el calentamiento global, la contaminación del agua, el suelo o el aire". Las cinco oenegés lamentan asimismo "la falta de financiación de la Red Natura 2000, la consolidación de un modelo agrícola intensivo y dañino para la biodiversidad y el medio ambiente, una planificación hidrológica que mantiene la sobreexplotación del agua, la falta de una auténtica fiscalidad ambiental, la reducción drástica de la ayuda oficial al desarrollo, las trabas para el acceso a la justicia o las medidas aprobadas para limitar y reprimir las protestas ciudadanas".
Avances
Entre los avances en materia ambiental, las cinco destacan "los pasos dados en la protección del medio marino mediante la creación de nuevas áreas LIC y ZEPA [Lugares de Interés Comunitario y Zonas de Especial Protección para las Aves], el desarrollo de las estrategias marinas, las medidas adoptadas para luchar contra la pesca ilegal (IUU, illegal, unreported and unregulated), el cumplimiento de los plazos de la planificación hidrológica y el comienzo de la reorientación de los fondos del agua hacia la depuración, así como la reforma del canon hidroeléctrico". Las organizaciones ecologistas reconocen asimismo "el diálogo regular mantenido con el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente durante toda la legislatura", si bien "lamentan que la mayoría absoluta en el Parlamento del Gobierno del Partido Popular haya permitido sacar adelante la mayor parte de las reformas legislativas sin el consenso social y político deseable".
Esto es lo que dice el balance de los ecologistas en materia de energías renovables
«El Gobierno ha puesto en marcha, una tras otra, medidas devastadoras para las energías limpias en esta legislatura, provocando numerosos recursos legales. En 2012, una moratoria acababa con los incentivos a las renovables. En 2013, la reforma energética (Ley 24/2013 del Sector Eléctrico) desmantelaba el sistema de primas a las renovables, introducía nuevas cargas económicas a los productores renovables y recortaba retroactivamente la remuneración a las plantas existentes. Finalmente, en octubre de 2015, se aprobaba la regulación del Autoconsumo, con Impuesto al Sol incluido, destinada a hacer inviable esta actividad antes de nacer.
El Gobierno ha apostado por los combustibles fósiles. Ha mantenido el sistema de subvenciones a la quema de carbón hasta su caducidad en 2014 y ha propuesto un nuevo mecanismo de pagos con el que subvencionar con 405 millones de euros la adaptación de las centrales térmicas de carbón a los nuevos límites de emisión. La apuesta por la energía nuclear ha sido clara, al modificar la ley para permitir la reapertura de la central de Garoña, legalizando todas aquellas condiciones que las compañías eléctricas exigían. La designación de Villar de Cañas (Cuenca) como emplazamiento del cementerio nuclear (ATC) sin criterio técnico que lo justificara ha impedido finalmente su aprobación.
El actual Gobierno durante la presente legislatura ha promovido las prospecciones petrolíferas en el territorio español. Actualmente un 44% de la superficie marina del Mar Mediterráneo está ocupada por proyectos de exploración y producción de hidrocarburos en distintas fases de desarrollo (el 21% son contratos de proyectos en vigor y el 23% son proyectos solicitados). La actuación jurídica del Gobierno para impedir a los gobiernos locales y regionales legislar contra el fracking, y la modificación de la normativa de impacto ambiental para agilizar los trámites de perforación y explotación, suponen un claro respaldo a las energías sucias y peligrosas para el territorio.
No se han establecido criterios estrictos de sostenibilidad ambiental para los agrocombustibles, y el uso de biomasa a pequeña escala se ha visto frenado.
La reducción de la demanda energética se ha debido a la crisis económica y no a la puesta en marcha de medidas efectivas de ahorro y eficiencia energética. Más de 13 millones de viviendas están libres de cumplir ningún requisito de ahorro de energía, y conforman hogares con una acusada pobreza energética. Durante un cuarto de siglo no ha habido evolución en los requisitos de ahorro de energía de nuestros edificios, hasta que a España no le quedó otra opción que aplicar en julio de 2014 la Directiva Europea 2012/27/UE de eficiencia energética, en contra de la cual había votado. La falta de interés del Gobierno hacia la eficiencia energética también se refleja en su política del aumento en el término fijo de la factura de la luz».
