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¿Ajuste o atraco?

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La nueva Orden Ministerial que regulará los ingresos futuros del sector de las renovables ha merecido de inmediato el rechazo del sector. A falta de un análisis más sosegado, las asociaciones de renovables estiman que el nuevo ajuste podría superar los 2.000 millones de euros, condenando a las empresas a la depreciación de sus activos y llevando a la ruina a muchos pequeños productores. 
¿Ajuste o atraco?

Para la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), la publicación de los estándares retributivos materializa el durísimo recorte que se aplica a las diferentes tecnologías renovables y está en línea con las previsiones de la orden de peajes, que cifraba en 1.750 millones de euros el total del ajuste. A falta de un análisis detallado de cómo afectará a las diferentes tecnologías, APPA valora que la cifra podría superar los 2.000 millones de euros.

“Lo que en principio y en palabras del Ministro sería un ajuste de 1.350 millones para todo el régimen especial se ha incrementado hasta cuadrar, con los recortes a las renovables, el déficit de tarifa correspondiente a 2013, 2014 y años sucesivos”, señala la asociación. Y añade: “el Gobierno, al partir del diagnostico equivocado de identificar déficit de tarifa con energías renovables, sólo actúa sobre la retribución de éstas y mantiene intactos privilegios de las eléctricas tradicionales, como son los pagos por capacidad y las elevadas retribuciones al transporte y la distribución, algo incomprensible en la actual situación económica”.

Appa expresa una vez más su oposición a que se aplique una mal llamada rentabilidad razonable a las instalaciones renovables en base a la capacidad instalada y desde el momento de su puesta en marcha y no se retribuya por la energía que aportan. “¿Por qué no se aplica esa misma rentabilidad y en las mismas condiciones a centrales de régimen ordinario que ya están más que amortizadas?”, señala José Manuel Villarig, presidente de la asociación. “Es incomprensible que el Gobierno se ensañe con un sector que aporta la mayor parte de la generación del sistema eléctrico y que es un negocio que en su conjunto es rentable para España”.

“Error político histórico”
La Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera, por su parte, que el Ejecutivo comete un “error político histórico” al poner en jaque con esta normativa a la primera fuente de electricidad del país (en 2013, la energía del viento fue la que más electricidad aportó al sistema.

AEE calcula que la eólica asumirá un 67 % del impacto total de esta normativa, que deja sin remuneración a las instalaciones anteriores a 2004, lo que representa el 37 % del total. El resto de los parques eólicos verán mermados sus ingresos a la mitad, según las primeras estimaciones Por todo ello, las empresas se verán sometidas “a una inevitable depreciación de sus activos, problemas de caja para hacer frente a los créditos, y dificultades incluso para refinanciar los proyectos”, advierte AEE.


En cuanto al sector fotovoltaico, la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica –Anpier– afirma que la nueva normativa supone nuevos recortes para los parques FV de hasta el 40 % de los ingresos. Anpier ha convocado con urgencia a sus socios (4.700) en Asamblea General el próximo día 22 de febrero, para analizar las consecuencias del impacto de este último recorte y decidir las acciones a emprender.

La Orden “nos avoca a realizar esfuerzos extraordinarios que en muchos casos no van a poder ser asumidos por los pequeños productores que, para evitar la pérdida de plantas y hogares, se sometieron a refinanciaciones que llegan a superar el 7 % de interés”, señala wl presidente de Anpier, Miguel Ángel Martínez-Aroca. “El colectivo es consciente de la necesidad de ajustes y sacrificios, pero la última línea de soporte se superó con el impuesto del 7% a la producción que, unido a las sucesivas mermas en las retribuciones y a las crecientes cargas financieras, volatilizaron las promesas de rentabilidad ofrecidas por el Estado”.

La situación, añade Anpier, es aún más grave si tenemos en cuenta que el 90% de la potencia de energía fotovoltaica española está ubicada en entornos rurales, lo que estaba contribuyendo a generar empleo y riqueza en zonas desfavorecidas y con escasas opciones laborales.

Puente hacia la quiebra
La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) también se ha pronunciado. Considera que “estas medidas de recorte retroactivo de las primas llevarán a la mayoría de las empresas del sector fotovoltaico a concurso de acreedores al no poder hacer frente al servicio de la deuda adquirida con los bancos, a los que el sector fotovoltaico adeuda 22.000 millones de euros, 17.000 de ellos en banca española.

Además, junto a la inseguridad jurídica creada con los constantes cambios normativos, el carácter retroactivo y revisable cada tres años de la nueva norma obligará a los inversores fotovoltaicos a refinanciar sus deudas con los bancos en unas condiciones muy desventajosas en todos los casos o incluso a no poder hacerlo, lo que llevará a gran parte de los proyectos a la quiebra.

En un primer análisis sobre las plantas que funcionaban bajo el RD 661/2007, UNEF aprecia que el establecimiento de estos costes estándares tiene un impacto no homogéneo entre los diferentes proyectos y tecnologías, produciéndose recortes que varían entre el 10 y el 54%, con un sistema que castiga más a aquellos inversores que hicieron una mayor inversión y optaron por tecnologías más avanzadas.

Otro error del texto es que equipara grandes plantas y agrupaciones fotovoltaicas. “No tiene en cuenta que se da la circunstancia de que pequeños propietarios sin vinculación entre sí son considerados miembros de una misma agrupación tan sólo por la cercanía de sus plantas. Esto supone un perjuicio extraordinario para estos pequeños inversores”, asegura la asociación.

 

 

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