El Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) es un precio de la electricidad al que pueden acogerse los consumidores de electricidad con un punto de suministro con tensión inferior a 1 kV y una potencia contratada menor o igual a 10 kilovatios, es decir, la inmensa mayoría de los hogares y buena parte de micropymes y pymes. El PVPC, que fue introducido por la Ley del Sector Eléctrico de 2013 (Gobierno Rajoy) y regulado en el Real Decreto 216/2014, es un precio dinámico totalmente indexado al mercado mayorista de la electricidad, un precio que incluye, de forma aditiva, (1) el coste de producción de la energía eléctrica, (2) los peajes de acceso y (3) los cargos y costes de comercialización.
El PVPC sólo pueden ofrecerlo las COmercializadoras de Referencia (COR) designadas por el Gobierno y es la modalidad de contratación de electricidad elegida por 10,7 millones de consumidores, alrededor del 40% de todos los domésticos. Además, presenta una singularidad: permite que los consumidores vulnerables se beneficien del bono social, con descuentos del 25% y el 40%, y tengan acceso a otras protecciones adicionales, como el reciente suministro mínimo vital.
Según el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, "por su configuración, el PVPC es una de las opciones más competitivas para el suministro de electricidad", algo que también comparten (1) la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), según revelan varios de sus informes, y (2) la mayoría de las asociaciones de consumidores.
La escalada del precio de la luz en el mercado mayorista (al que está indexada la tarifa PVPC) va a implicar consecuentemente una escalada en el precio de esa tarifa. Según diversos analistas, ni siquiera en este caso (sucesión de precios récord) la tarifa PVPC sería una mala opción en comparación con las tarifas que están ofreciendo ahora mismo las comercializadoras en el mercado libre.
Más aún: el Real Decreto-ley 17/2021 que acaba de aprobar el Gobierno establece que se revisará el PVPC "al objeto de que incorpore la referencia de precio de las nuevas subastas de contratos de compra de energía a largo plazo, con un peso máximo del 10%" y evidentemente esa referencia, ese precio, será mucho menor que el que están alumbrado todos los días las subastas del mercado mayorista.
Sin embargo, más allá de esta disposición, "es oportuno plantearse -explican desde el Ministerio- la posibilidad de modificar la estructura y metodología de cálculo del PVPC para reducir la volatilidad de un bien tan básico en las economías domésticas –sobre todo las vulnerables– como la electricidad". Y eso hizo el pasado 1 de octubre, abrir "una consulta pública para la modificación del Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor".
Pues bien, en este marco, aelēc (la asociación en la que se integran Iberdrola, Endesa, Viesgo y EDP), asegura en primer lugar que el incremento del precio de la luz "no ha afectado al 60% de los hogares que disponen de contratos en mercado libre a precio fijo", y propone a continuación eliminar el actual sistema de PVPV "para ayudar a reducir la volatilidad de los precios" y "con el fin de proteger y defender a los consumidores más vulnerables"
aelēc asegura por otro lado en su comunicado que España es "el único país de Europa donde hay tarifas reguladas de electricidad ligadas al mercado diario, frente al resto de países que tienen tarifas con precios más estables o, directamente, ya han eliminado las tarifas reguladas, en línea con el objetivo que persigue la Directiva europea del mercado eléctrico".
Por ello, la gran patronal de las eléctricas plantea "una única tarifa regulada para consumidores vulnerables". Esta tarifa debería estar ligada a los precios de los mercados a plazo, "lo que se traducirá -asegura- en precios más estables".
aelēc
«es necesario plantear medidas que permitan progresar en la sustitución de la indexación al mercado diario por una indexación a mercados a plazo, como también lo es fijar un periodo transitorio para el paso de los consumidores no vulnerables al mercado»
