El Informe 2016 del Observatorio de Energía y Sostenibilidad en España señala que en 2015 el sector energético español consumió 6,28 exajulios (EJ) de energía primaria y emitió 313 millones de toneladas (Mt) de CO2, generando un valor añadido (sin descontar los costes externos) de 53.200 millones de euros (correspondiente a un 4,9% del PIB).
La Cátedra BP concluye que el año 2015 el sistema energético español retomó la senda ya desgraciadamente habitual de empeoramiento de los indicadores de sostenibilidad energética. Los elementos positivos, como son la recuperación de la actividad económica y la bajada de precios de los combustibles, no han sido aprovechados para seguir impulsando la eficiencia energética, lo que ha traído consigo una vuelta al crecimiento de la demanda de energía (un 5,7% en energía primaria y un 1,4% en energía final) y, además, de forma poco sostenible, al apoyarse fundamentalmente en el uso de combustibles fósiles, lo que a su vez ha resultado en un aumento de las emisiones de CO2 (un 16%) y de otros contaminantes.
“Claramente es necesario revertir esta tendencia, apostando por una mayor contribución de las energías renovables y, sobre todo, por el ahorro y la eficiencia energética. A este respecto, hay que recordar que la intensidad energética española empeora, al contrario de lo que sucede en otros países de nuestro entorno. Esto choca con el gran margen de mejora en la eficiencia de los usos finales de la energía”, señalan los autores del informe.
Fósiles
Todas las energías fósiles aumentaron su contribución al mix energético en el año 2015, pero sin duda el dato más relevante en este año fue el aumento del consumo de carbón (un 20%). Además, el mayor crecimiento ha sido del carbón importado (que pasa del 86% al 91%), por lo que no se puede decir que este aumento venga derivado de la protección de la minería nacional.
Este incremento fue consecuencia de la caída del precio internacional de este combustible, de un precio muy bajo del CO2 y de la situación climatológica, que estuvo marcada por la falta de lluvias, que hizo caer la aportación de la energía hidráulica (un 29% de reducción respecto al año anterior) y la sucesión de anticiclones, que incidieron en una menor aportación de la eólica. Esto, unido a la falta de nuevas inversiones en renovables, hizo que bajara la contribución de estas a la energía primaria y a la producción de electricidad.
La demanda de productos petrolíferos para el transporte siguió recuperándose, tanto para el transporte de mercancías como el de pasajeros. Este sector consumió un 40% de la energía final y contribuyó con un 23% a las emisiones de CO2. El aumento del 7% de las exportaciones de productos petrolíferos, unido a la reducción de las importaciones en un 2% hizo que el sector del refino aumentara su actividad.
Todos estos factores han llevado a un aumento muy significativo (un 16%) de las emisiones de CO2 asociadas al sector energético, y de la intensidad de carbono de la economía española, al contrario de lo que sucede en la OCDE. “Vemos pues que la reducción de emisiones de CO2 durante los años de la crisis económica era coyuntural, y que, en cuanto se ha retomado la actividad económica, los indicadores de sostenibilidad han vuelto a empeorar en España”, subraya el informe.
En cuanto a los balances económicos, bajaron mucho los gastos en energía primaria (un 28%), debido al descenso de los precios de los recursos energéticos. Pero, en cambio, aumentaron los gastos en energía final, lo que supone un aumento significativo del valor añadido del sector, sobre todo, en el refino de petróleo. Eso sí, este valor añadido se reduce en un 45% si se descuentan los costes externos del sector asociados a la emisión de contaminantes.
Retos
Desde el punto de vista de la sostenibilidad, el modelo energético español continúa presentando importantes desafíos respecto a la eficiencia económica, la dependencia energética exterior o al impacto medioambiental. “Y como ya avanzábamos en años pasados, seguimos sin contar con una política energética estable, que proporcione señales adecuadas a los agentes, y que contribuya a avanzar hacia la sostenibilidad del sector", indican los autores del estudio.
Respecto a lo realizado por el nuevo gobierno, afirman que ha tenido luces y sombras: “mientras que es de agradecer el consenso político acerca de la solución de la pobreza energética, sigue sin resolverse satisfactoriamente el problema del autoconsumo. Tampoco se termina de concretar la subasta de nueva capacidad renovable prevista. Desde las instituciones internacionales (en este caso, la Unión Europea) también se nos recuerda la necesidad de realizar una reforma fiscal ambiental”.
“El hecho de que en 2015, en una situación en que las condiciones meteorológicas redujeron nuestra producción de electricidad a partir de fuentes renovables (principalmente eólica e hidráulica), esta escasez de suministro se cubriese importando carbón, pone de manifiesto que la señal de precios del CO2 no es la adecuada”, continúan los autores.
“Esto exige una reflexión sobre la necesidad de contar con un precio del CO2 más elevado que el actual y que afecte a todos los sectores, centralizados y difusos -dentro de un esquema que proteja los sectores expuestos a la competencia de países que no penalizan las emisiones- de forma que las energías que más emiten sean más caras, lo que favorecería las decisiones de inversión en tecnologías más eficientes, reduciría las emisiones e incentivaría el desarrollo de energías renovables”.
Promesas sin concretar
Los autores del informe recuerdan, asimismo, que seguimos sin contar con una política de Estado, con un consenso acerca de la transición energética necesaria. “Las promesas electorales de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética no se han concretado todavía. En vista del carácter coyuntural de las mejoras en sostenibilidad de otros años, y de la tendencia subyacente de empeoramiento, parece fundamental comenzar ya esta transición energética hacia un sistema más sostenible”.
En este sentido, dan la bienvenida a la obligación impuesta por la Unión Europea a todos los países miembros de realizar Planes Integrados de Energía y Clima. “El Paquete de Invierno deja claro el compromiso de la Unión Europea con un modelo energético más sostenible y descarbonizado,
enfatizando aún más el papel de la eficiencia energética y del consumidor activo. Ahora es el turno de España de responder a estos retos mediante una estrategia de largo plazo, consensuada entre todos, y que permita sentar unas bases sólidas para los inversores en los próximos años”.
En definitiva, desde la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-Icade esperan que el nuevo escenario político traiga una mayor voluntad de acuerdo en materia de transición energética hacia un modelo más sostenible.
