Meses de silencio esperando la última bocanada, la del pescado anhelante de oxígeno cuyas escamas se ensucian en la arena teñida de luto, al menos para él. Lo que se desconoce es si esa muerte cierta aportará vida, mientras la vida sigue impertérrita para algunos y doliente para los que anhelan la metáfora del pescado. Los últimos pretenden sobrevivir.
Dicen, informan, sugieren o avanzan (la misma cantinela desde hace años requiere tanto verbo impreciso) que el gobierno, el que aún boquea, aprobará en la primera quincena de septiembre el Real Decreto de Autoconsumo, esa norma que regulará (limitará/estrangulará) el deseo de muchos de gestionar su propia energía. Probablemente se volverá a hablar de necesidades colectivas, de números y kilovatios, de estabilidad de la red y peajes…, utilizando ese lenguaje que se asemeja a un carrusel sin frenos y provoca vómito por ingestión de una matraca insufrible.
Y en todos esos debates propiciados por ¿la última aportación de Industria?, se obviará/olvidará/usurpará el principio vital del asunto: el deseo de muchos contribuyentes/votantes/clientes de dar una patada en el cajetín de Unesa, en general, y de la compañía eléctrica a la que paga, en particular. Expresado en forma de principio constitucional, se hurtará el derecho de acceso a un bien que a todos pertenece, el Sol, la más democrática de las fuentes a la que acompaña la más democrática de las tecnologías. Democracia, autosuficiencia… ¡Alarma!, ¿qué sería de esos cautivos contribuyentes/votantes/clientes?
Ya se encargarán de que los titulares y las tertulias, no todos no todas que sería ofensa, entierren con arena de cualquier playa lejana transportada para la ocasión, hitos calificados de inolvidables, que en realidad se perderán en la desmemoria. De esta manera, asuntos como que en la isla de El Hierro el 100% de la demanda eléctrica se haya satisfecho con energías renovables (pérfido autoconsumo) recibirá el aprecio de anécdota agostiza minutos después del halago, o que España acumule 18 denuncias internacionales (gestadas por el actual y el anterior gobierno) por su política de dudoso aprecio hacia las renovables (por supuestamente saltarse la ley) aportarán poco más que un recuerdo difuso, a pesar de la gravedad de las denuncias y las posibles consecuencias económicas que, nadie lo dude, correrán a cargo del colectivo ciudadano. Ya se sabe, las pérdidas son públicas, las ganancias privadas.
El lío por las vacaciones “industriales y educativas” ha ayudado a colocar Punta Cana en el mapa y ha denunciado una presunta actuación deplorable, en caso de ser cierta. Pero, ¿qué pasa con las familias y las empresas arruinadas porque los gobiernos del Reino de España se han saltado la seguridad jurídica sancionada por la Constitución? ¿Qué ocurrirá con el reclamo de Bruselas al incumplimiento de la legislación de la Unión Europea en materia de energía? ¿Cuántos quebrantos provocarán las sentencias que satisfagan las denuncias internacionales? Y lo más importante, ¿qué década del siglo pasado acogerá el empecinamiento de ir en contra del sentido común, la tecnología y la necesidad de un cambio de modelo energético? El retroceso avanza a buen ritmo y no es verdad que tiempos pasados fueran mejores.
El pescado boquea en la arena y colea y brinca y salta…, se retuerce en un discurso que la realidad desmiente. No cejará, andará hacia atrás, hasta el último estertor.
