Javier García Breva
Director general de SOLYNOVA ENERGIA
jgarciabreva@solynova.com
La Comisión Europea, en su “Informe de avance sobre la energía procedente de fuentes renovables” de 24 de abril, acaba de dar un suspenso a España por sus malos resultados en el impulso a las renovables, por los que va a ser imposible alcanzar el objetivo del 12% de consumo en 2010, tanto en electricidad como en transporte. El progreso de España está por debajo de la media de la UE-27. Cualquiera lo diría después de oír al Ministro de Industria el mes de marzo ante el Senado que las renovables son baratas o sus declaraciones en Chicago sobre las excelencias de nuestra industria renovable o, más recientemente, glosar en un artículo la importancia de la economía verde para cambiar el patrón de crecimiento. Lo cierto es que si en 2003 las renovables representaban el 7% del consumo primario, en 2008 sólo el 7,6%.
Esta contradicción sólo puede entenderse a partir de la complacencia con la que se analiza la economía española en los innumerables paquetes de medidas aprobados en el último año y que se evaluaron a primeros de mayo en el Consejo de Ministros, a partir del cual se empezó a teorizar sobre los “brotes verdes”, algo que no dice nada al ciudadano de a pié y mucho de la improvisación y trivialización sobre nuestros riesgos económicos; y por otro lado, el asfixiante intervencionismo del Ministerio de Industria en el sector de las renovables para, a través del riesgo regulatorio, frenar su crecimiento negando sus externalidades y haciéndolas culpables de la subida de la luz.
Así, mientras el Ministro elogiaba en Chicago las renovables españolas, se publicaba en el BOE el RDL 6/2009 que, con la excusa de aprobar el aval del déficit tarifario para las eléctricas, en su preámbulo acusa a las renovables de poner en riesgo a corto plazo la sostenibilidad del sistema por razones económicas y técnicas. Por eso se crea para todo el régimen especial un registro de preasignación y se impulsan las inversiones en el sistema gasista, según el primer borrador, “para dar al gas natural un papel relevante como energía sustitutiva de otras, tanto renovables como tradicionales”. Además se eliminan de la tarifa 2.700 millones de euros por la gestión de residuos nucleares, 1.300 de costes extrapeninsulares y 1.600 de derechos gratuitos de CO2. Si tenemos en cuenta que en 2008 las primas a la eólica y solar fueron cerca de 2.200 millones de euros, lo realmente insostenible no son las renovables sino la política del Ministerio de Industria. Como si el gas nos lo regalaran los argelinos y no contaminara.
El mismo intervencionismo aplicado a la fotovoltaica en el RD 1578/08 se aplica ahora al resto de tecnologías y si el efecto ha sido la paralización de dos terceras partes de la industria solar, las mismas consecuencias se persiguen para el resto de las renovables, con la intención de frenar los nuevos kilovatios limpios y negar sus externalidades.
La convalidación de este decreto ley por amplia mayoría en el Congreso es más decepcionante. Todos hablan de las energías renovables pero qué pocos las defienden y todos se esfuerzan por hacernos creer que se dedica la mayor atención a la integración de las renovables en la economía, pero la realidad es que existe una evidente contradicción entre lo que se dice en los discursos y lo que se decide desde el Congreso, el Gobierno y el Ministerio de Industria. Y en la medida que persista dicha contradicción, la credibilidad sobre un cambio de modelo económico será menor. Esa contradicción supone una pérdida de oportunidades y liderazgo para nuestra industria y el mantenimiento de los peores ratios en dependencia energética y emisiones de CO2.
Un país con energía es un país con futuro y las renovables son la única fuente autóctona e ilimitada de que disponemos. Poner límites y barreras a su desarrollo es renunciar al futuro. Así hay que entender el suspenso en renovables que la Comisión Europea ha dado a España.
