javier garcía breva

Óptimo de rentabilidad: el ahorro (ER 95)

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Javier García Breva
Presidente de la Fundación Renovables y director de Energía de Arnaiz Consultores

javier.garciabreva@arnaizconsultores.es

El pasado mes de junio se publicó la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios como desarrollo de los acuerdos del Consejo Europeo de 2007 sobre el 20+20+20 y vinculada a la Directiva de renovables, publicada un año antes. Parte de la consideración de que las ciudades son el primer centro de consumo de energía y de emisiones de CO2 y que el potencial de ahorro es tan grande que todos los esfuerzos por cumplir los objetivos de política energética para 2020 pasan por actuar  en los sectores del urbanismo y el transporte.

Para un país como España, con un parque de cerca de 24 millones de viviendas y edificios construidos sin criterios de eficiencia energética, hace que el potencial de ahorro de energía sea superior al 70% y que el margen de reducción de emisiones y de consumo de combustibles fósiles sea tan grande que constituye el principal resorte para cambiar el modelo energético y el patrón de la economía con una nueva especialización que puede crear cientos de miles de nuevos empleos.

En 2012, el Gobierno deberá presentar un plan nacional, con objetivos en 2015, para impulsar los edificios de consumo de energía casi nulo y sistemas urbanos centralizados de calefacción y refrigeración para que en 2020 toda la nueva edificación y la rehabilitación de la existente se haga con estos criterios. Se apoya en la Directiva de renovables al considerar que la penetración de estas tecnologías en la edificación y el transporte es de gran importancia para el cumplimiento de sus objetivos, implantando un nuevo diseño urbano con criterios de ahorro de energía.

La definición más revolucionaria es el “nivel óptimo de rentabilidad” de la eficiencia energética que deberá tener en cuenta el balance coste-beneficio de la inversión durante  la vida útil del edificio. Este concepto, incluido en su artículo 2, implica que la valoración de las inversiones en ahorro de energía y renovables integradas en la edificación y el transporte no ha de hacerse por su coste sino por el balance de sus externalidades en todo el tiempo que perdure el objeto de la inversión. Nada que ver con el concepto de “sobrecoste” adjudicado a las renovables o de “rentabilidad razonable” que solo considera la energía como coste a corto plazo y no su valor estratégico y básico.

El “nivel óptimo de rentabilidad” implica otra manera de pensar las renovables que está en relación con los dos conceptos que van a guiar la política energética en esta década: seguridad de suministro y ahorro de energía. En la práctica supone reducir el consumo y la dependencia de los combustibles fósiles aumentando la demanda de renovables. Hay hechos que confirman que estamos ante una tendencia global: la depreciación del dólar va a encarecer el petróleo y con la dependencia del gas argelino las importaciones energéticas generarán más inflación y subidas de los tipos de interés; la principal inversión energética en el mundo seguirán siendo las renovables y el liderazgo de China determinará importantes reducciones de costes; el coste del CO2 se va a multiplicar de aquí a 2020 y los objetivos de ahorro de emisiones van a incrementarse por encima del 30% con un impacto económico para las empresas; la contaminación atmosférica por el uso de combustibles fósiles va a ser una epidemia invisible de creciente coste económico y sanitario.

Hace años prescindimos del tren convencional, del tranvía o de la calefacción central porque se consideraron antiguallas frente a la caldera individual y el vehículo privado como directriz de urbanismo moderno. La paradoja energética es que ahora estamos obligados a cambiar con urgencia todos nuestros insostenibles hábitos de consumo. No va a ser fácil; pero en las directivas europeas está ya escrita la hoja de ruta.

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