Javier García Breva
Director general de SOLYNOVA ENERGIA
jgarciabreva@solynova.com
Ya casi nadie se acuerda, pero el Presidente del Gobierno, en su discurso en la cumbre del Cambio Climático de Copenhague el 17 de diciembre pasado, afirmó que “una nueva era energética ha de nacer en nuestro tiempo histórico, tras la del carbón y el petróleo. Una era basada en la eficiencia energética y en la apuesta por las renovables”. A la vez, su Gobierno tramitaba un nuevo decreto de ayudas al carbón con un coste de 2.000 millones en la tarifa y un incremento del 20% de las emisiones de CO2 y pocos meses antes había firmado el RDL 6/2009 en el que se expresaba que las renovables constituyen a corto plazo un riesgo para el sistema por razones técnicas y económicas.
Hace pocos días, en el Congreso de los Diputados, el Ministro de Industria manifestaba que la energía nuclear será un día una renovable más, a la vez que su Ministerio revisaba a la baja las inversiones en redes y confirmaba los cupos que han reducido un 90% el mercado de la fotovoltaica en 2009 y un 60% el de la eólica en 2010. Tanto salto de mata evidencia la carencia de una verdadera estrategia energética.
Sami Naïr ha escrito recientemente que España se ha desindustrializado y su especialización en el sector servicios ha sido un error, ya que son los países industriales los que mejor resisten la crisis. Esta es la mejor descripción de nuestra situación económica y de una política que ha permitido la desnacionalización de parte del sector energético – Endesa, por ejemplo- y, ahora, provoca la desaparición del tejido industrial de las renovables por culpa del riesgo regulatorio y la falta de financiación que conlleva. Que España carece de política industrial es otro hecho que se arrastra desde hace décadas, pero que a las propias empresas del sector de las renovables se las expulse a los mercados extranjeros raya en la irresponsabilidad. Como han pedido, entre otros, Patxi López o Mariano Marzo, es necesario un pacto por las renovables y un pacto energético basado en la industria, las interconexiones y la planificación.
Apoyar una industria nacional de renovables debería ser una prioridad de la Ley de Economía Sostenible, pero su Título III sigue careciendo de una estrategia definida. La operatividad de la ley, al depender de otras normas posteriores, no será efectiva hasta la próxima legislatura. Se repiten medidas que ya se propusieron en 2004 y 2008 que no se han cumplido, como la planificación energética, la Ley de Renovables, las empresas de servicios energéticos, planes de ahorro para la Administración Pública o la simplificación administrativa.
Se establecen principios que se contradicen con la política del Ministerio de Industria, como maximizar la participación de las renovables y reducir la de las energías fósiles, la internalización de costes o la información transparente a los consumidores. No se cita el marco de política energética acordado en el Consejo Europeo de marzo de 2007 ni la nueva Directiva de renovables. Se establecen incoherencias como eliminar las bonificaciones fiscales a las renovables en el artículo 112 y mantenerlas a los planes de restauración minera en el artículo 107 y, en general, no abordar la fiscalidad ambiental. Todo ello no representa un marco de confianza para desarrollar la industria nacional de renovables.
La política energética europea del 20+20+20 en el 2020 alumbra la tercera revolución industrial del siglo XXI y este texto es más propio del siglo pasado o, en pocas palabras, mucho arroz para tan poco pollo.
