javier garcía breva

La sobrecapacidad gasista la pagamos todos

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Se ha celebrado el Foro Económico de San Petersburgo que ha reunido a los máximos representantes de la Unión Europea y Rusia. Pese a la vigencia del marco de sanciones a Rusia por su conflicto con Ucrania, la voluntad de colaboración entre ambas partes ha quedado reforzada. Y como el gas sigue excluido de las sanciones europeas, los valedores del gas ruso, Schröder (Alemania), Sarkozy (Francia) y Renzi (Italia) han hecho su trabajo.

Europa ha confirmado su prioridad para diversificar el suministro reforzando el gasoducto del Báltico hasta Alemania y colocando la primera piedra en Salónica del gasoducto que traerá el gas de Azerbaiyán hasta Italia. Mientras, la Comisión Reguladora de la Energía de Francia (CRE) acaba de emitir un informe que cuestiona las interconexiones con España por innecesarias. El proyecto del gasoducto Midcat está paralizado.

Los consumidores industriales de gas, agrupados en GasIndsustrial, han presentado un informe que denuncia los costes de la sobredimensionada infraestructura gasista española que dañan su competitividad al tener que pagar peajes un 45% más elevados que la media europea, el doble que Francia, el triple que Reino Unido y seis veces más caros que Alemania. La infrautilización de las centrales de gas y las regasificadoras se debe a que se construyeron en régimen liberalizado para una demanda muy por encima de la real, con contratos de suministro “take or pay”, a pagar independientemente de su consumo.

El RDL 13/2012 describía esta situación al decir que en 2012 la demanda de gas era la misma que en 2005 por la caída del consumo y la mayor producción renovable gracias al viento, el sol y la lluvia. Al detectar un déficit del 10% en el sistema gasista se decretó la paralización de nuevas infraestructuras. Pero llegó tarde. La demanda ha seguido bajando y los costes aumentando. Con la Ley 18/2014 todos los déficits del gas se trasladan automáticamente a los peajes. Así se hizo con el almacén Castor, a través del RDL 13/2014, por el que se trasladan a los consumidores todos los costes por la pésima gestión política y empresarial.

El sistema gasista es un modelo de socialización de pérdidas. Así lo ha debido entender Gas Natural Fenosa al reclamar al gobierno 400 millones de indemnización por los malos resultados de sus centrales de gas. Han logrado el impuesto al sol y ahora desearían otro al viento y a la lluvia. Se ignora que la bajada de la demanda tiene un componente estructural y es que estamos asistiendo a la desaparición del cliente cautivo y desarmado ante las eléctricas. Y mientras las compañías europeas deprecian en sus libros el valor de las centrales de gas, en España los costes se quieren remediar consumiendo más gas y pagando a las centrales por no producir.

El mundo asiste a un nuevo escenario en el que, a diferencia de lo que ocurre con los combustibles fósiles donde el aumento de su demanda encarece los precios, el crecimiento de la demanda de renovables provoca la caída de precios. El mercado mayorista es testigo de esta tendencia que convierte a las renovables en principal instrumento para reducir las emisiones, las importaciones y los costes energéticos. Pero se ha legislado en el sentido inverso.

La manera de generar y usar la energía está cambiando. La Agencia Internacional de la Energía y Bloomberg NEF, en sendos informes de 2016, lo han destacado: “No se puede luchar contra el futuro”. “La economía mundial está abocada a señalar el pico para el carbón, el gas y el petróleo en 2025”. El empecinamiento en sustituir el gas ruso por gas de Argelia lo pagaremos todos los consumidores. La razón es sencilla, la política energética en España está hibernada desde 2008. ¿Quién la deshibernará?

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