Que en España alguien pueda ser ministro de medio ambiente con participaciones en petroleras que contratan con el sector público sin declararlo y que esa misma situación sea incompatible para ser comisario europeo ensombrece tanto la calidad de nuestra democracia como la de nuestro modelo energético. Pero la designación de Arias Cañete como candidato a Comisario de Clima y Energía es solo la punta del iceberg, porque tampoco se comprende bien cómo un representante de un gobierno que practica el negacionismo del cambio climático, elimina la inversión renovable, califica el ahorro energético de obstáculo a la recuperación económica y que se ha opuesto a los objetivos de reducción de CO2 pueda ser responsable europeo del clima.
Joseph Stiglitz define como “capitalismo sucedáneo” el que se sustenta en mercados distorsionados para aumentar la riqueza financiera de las grandes corporaciones a costa de reducir la riqueza de los ciudadanos comunes. Este concepto que Stiglitz aplica al sistema financiero también se puede aplicar al “modelo energético sucedáneo” como aquel en que la distorsión del mercado por la falta de competencia lo convierte en un sistema de socialización de pérdidas que garantiza las ganancias de las empresas energéticas detrayéndolas de la renta disponible y de la renta nacional. Pero esto sería imposible sin procesos de influencia política para determinar las reglas de juego y que de manera análoga se definiría como una “democracia sucedánea”.
En la política energética sobran ejemplos, como el desmantelamiento de Endesa por Enel ante el silencio casi unánime, la exploración de crudo en aguas de Canarias con una probabilidad de éxito del 15% y una ridícula responsabilidad civil para Repsol, o la decisión de reindustrializar el país con fracking y más importaciones de gas sin que haya demanda y con la misma lenidad medioambiental que va a cargar a los consumidores todo el coste por negligencia del almacenamiento gasista de Castor. Este sucedáneo de política energética es el mejor ejemplo de cómo la optimización de beneficios se ampara en una regulación que traslada a los consumidores tanto los déficits del sistema como los costes ambientales. Desde Boliden al Prestige la práctica es que en España contaminar es gratis.
Pero la mayor duda es la que plantea el perfil de la nueva Comisión Europea. Con toda claridad ganan los partidarios de la ortodoxia de la austeridad frente al impulso de la demanda y el crecimiento. Las dificultades del BCE para combatir el estancamiento de la eurozona y los antecedentes más grises del nuevo presidente Juncker dan al Bundesbank y a Alemania la batuta para seguir empobreciendo a los países del sur, poniendo a España como ejemplo reformista. “Me dan ganas de reír cuando escucho decir que nuestro modelo debe ser España”, ha dicho el primer ministro italiano, Matteo Renzi, en lo que es la mejor descripción de lo que viene. Como cuando el Secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, afirma que la reforma energética se está copiando en Europa.
Si la nueva Comisión Europea se acerca en lo económico al perfil del Bundesbank, en lo energético cumple con la patronal europea, definida en estas páginas como el Tea Party eléctrico. En ausencia de una política energética común y la renacionalización de los objetivos para 2020 y 2030, cada país puede hacer lo que quiera. Se abre así un proceso de dos Europas y dos modelos energéticos. Unos apostarán por la energía descentralizada y renovable y otros seguirán atados a la dependencia energética y los combustibles fósiles, a sabiendas que el futuro es de las renovables, la eficiencia energética y el autoconsumo porque es más rentable y barato para los ciudadanos; pero no es esa la prioridad de un modelo energético sucedáneo y especulativo como el nuestro.
