Javier García Breva
Director general de SOLYNOVA ENERGIA
jgarciabreva@solynova.com
Desde que en las últimas elecciones todos los partidos políticos propusieran en sus programas una Ley de Renovables y que el Presidente del Gobierno en su investidura y en las medidas para afrontar la crisis económica se comprometiera a ello, nadie ha concretado los contenidos de esa nueva norma. Pero algunas pistas sí hay. Por ejemplo, el Ministro de Industria anunció en el Congreso que las primas de las renovables podrían ir a los Presupuestos Generales del Estado y su Secretario General de Energía afirmó que la Ley de Renovables no incluiría aspectos económicos; posteriormente, para explicar el drástico recorte a la fotovoltaica, el Ministro Sebastián, ante los Consejeros de las Comunidades Autónomas, culpabilizó a esta tecnología del 50% de la subida de la luz.
Estas declaraciones vienen a confirmar que la prioridad de la política energética sigue siendo el déficit tarifario y una mayor preocupación por las fusiones y adquisiciones corporativas, más cerca de la economía especulativa que de la economía real. Si de suprimir costes de la tarifa se trata es evidente que las renovables van a ser la primera víctima y la fotovoltaica es la demostración de cómo al Ministerio de Industria lo que le preocupa es cómo evitar que se hagan más renovables.
Pero este modelo de política energética hace que los verdaderos problemas de la energía y las medidas para anticiparnos a la crisis energética a la que nos acercamos, queden aplazados para cuando la crisis económica escampe. Esto es coherente con lo dicho por Sebastián a “El Mundo” el 16 de junio: “cuanto más se caiga, más rápida será la recuperación”. No es de extrañar que algún medio haya hablado ya de “negligencia energética”. Tal actitud no se comprende cuando después de tanto libro blanco y estudio de prospectiva las importaciones energéticas han alcanzado ya el 4,7% del PIB, 50.000 millones de euros al año, y cuando por las propias compañías eléctricas se reconoce el impacto positivo de las renovables en el mercado mayorista: la eólica habría ahorrado al sistema 2.000 millones de euros entre 2005 y 2007.
Por suerte, el mundo camina en otra dirección. Hoy se invierte cinco veces más en renovables que hace sólo tres años por una razón de seguridad energética. Y mientras Argelia prevé exportar fotovoltaica a Europa dentro de dos años o en Abu Dabi se diseña la primera ciudad sostenible con energía solar o Israel propone crear una red de recarga para coches eléctricos con energía solar o IBM anuncia que en diez años la tecnología revolucionará la generación eléctrica, las empresas españolas se van a hacer eólica y solar fuera de España porque al Gobierno le preocupa que se conecten más megavatios renovables de la cuenta.
¿De qué hablamos cuando hablamos de Ley de Renovables? Lo primero, de voluntad política para hacer más renovables y eso requiere dos leyes diferenciadas, una Ley de Eficiencia Energética y una Ley de Renovables que incluya el objetivo europeo del 20% de consumo para 2020, que defina el marco económico y administrativo para dar estabilidad y seguridad a las inversiones, que refunda la actual normativa dispersa, que armonice la diversa normativa autonómica y las declare fuente estratégica.
Una Ley de Renovables sin contenido económico constituiría un engaño descomunal y un error que perjudicaría su desarrollo y el liderazgo de España. Porque la razón de ser de una Ley de Energías Renovables es crear más demanda y mercado de renovables y esa será la mejor defensa de la industria nacional y de su competitividad. Lo contrario es instalarse en la miopía del que solo ve lo que tiene delante y no ve que en la larga distancia del futuro las renovables ya están tomando el relevo del petróleo.
