javier garcía breva

El Día de la Marmota (ER 71)

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Javier García Breva
Director general de SOLYNOVA ENERGIA
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El primer problema energético de España no es si hacemos nucleares, ciclos combinados o energías renovables sino la gestión de la demanda, es decir, como garantizamos a luz a todos los ciudadanos y a todas las empresas consumiendo menos energía. Junto con Portugal somos el país con mayor intensidad energética de la UE. Nuestra economía necesita consumir un 19% más de energía que la media europea y un 77% más que Dinamarca que es el país más eficiente. Si en los últimos diez años la intensidad energética de la UE-15 se ha reducido un 11,8%, en España se ha incrementado un 5%. Esta brecha es aún mayor en nuestra industria y en los sectores más consumidores de energía y aunque la estructura industrial española fuera igual que la europea, la intensidad energética de nuestra industria seguiría siendo un 30% superior a la de la UE.

Con respecto al petróleo nuestra situación no es mejor. De 1973 a 2004 los países de la OCDE han reducido su intensidad  petrolífera (consumo de petróleo por unidad de producto) un 45% de media, mientras España sólo un 14,7%, con el agravante que nuestra factura del petróleo en porcentaje de PIB duplica la media de dichos países. Todo ello, en un escenario de precios elevados, supone para España pérdida de renta nacional (más déficit comercial), de renta disponible (más inflación), de competitividad exterior (nuestros productos son más caros) y más emisiones de CO2. Nuestro mayor consumo de hidrocarburos nos hace más vulnerables.

La primera conclusión que cabe extraer es el enorme potencial de ahorro de energía que existe en la economía española en todos los sectores y actividades, lo que constituye una  gran oportunidad de desarrollo económico, tecnológico y de empleo. La segunda conclusión es la necesidad de dar a la gestión de la demanda otro rango normativo a través de una Ley de Eficiencia Energética con compromisos concretos y vinculantes de reducción de consumo de energía, de dependencia del petróleo y de emisiones de CO2, con medidas fiscales que incentiven el ahorro y penalicen el mayor consumo.

Hasta ahora lo que revelan los datos de nuestra reciente historia es que la evolución de la eficiencia energética en España depende en mayor medida de la climatología, es decir, según como sean los inviernos y veranos aumenta o disminuye el consumo de energía. Algo parecido a lo que ocurre con las renovables, según llueva crece o se reduce su consumo por la mayor o menor generación hidráulica. A la climatología se le ha unido ahora la crisis económica, porque es ésta la causa que ha provocado ya una reducción de un 10% del consumo gasolina en los últimos doce meses. Va a resultar que la crisis económica sería el mejor plan de ahorro de energía.

Es de esperar que nadie pretenda justificarse con esta falacia, dejando a la espontánea evolución de la climatología y de las crisis el reto de una economía eficiente y de un modelo energético sostenible. Los compromisos europeos asumidos por España de ahorro de energía, reducción de emisiones y consumo de renovables para 2020 suponen un esfuerzo ingente. Consumir un 20% menos de energía o que el 40% de la generación sea de origen renovable no puede quedar al albur de la divina providencia sino que ha de ser un compromiso legislativo de primer orden, la base de una nueva política fiscal y de una verdadera planificación energética.

Sebastián tiene un plan
A finales de julio, el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, propuso un nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011 ante la escalada de precios del petróleo porque, según sus propias palabras, “un Gobierno responsable no puede tener la misma estrategia de ahorro energético hoy que hace un año”. Pero antes de analizar esta última iniciativa conviene hacer un poco de historia.

La subida del crudo no es de ahora, comenzó en agosto de 2004 cuando su precio alcanzó los 40 dólares por barril. En noviembre de 2003, el entonces Secretario de Estado de Energía José Folgado, presentó el primer documento de intenciones de la E-4 (Estrategia de Eficiencia Energética de España 2004-1012) que en julio de 2005, con el Gobierno de Zapatero, se transformó en el Plan de Acción 2005-2007 de la E-4. Los objetivos de este primer plan eran un ahorro del 8,5% del consumo de energía primaria que equivalía a 88 millones de barriles de crudo o el ahorro del 20% de las importaciones de petróleo de 2004. a través de más de 70 medidas repartidas en ocho sectores, incluyendo un plan para la Administración General del Estado. En julio de 2007 y sin hacer balance, se aprueba el Plan de Acción 2008-2012 de la E-4 con el objetivo de ahorro acumulado del 55% de energía primaria de 2008, equivalente a 650 millones de barriles crudo, el 150% de las importaciones estimadas para ese año. Se repiten las mismas medidas del plan anterior y se incluye otro plan específico para la Administración General del Estado. En el mismo mes de julio de 2007 se aprueba a la vez el Plan de Medidas Urgentes de la Estrategia de Cambio Climático y Energía Limpia (EECCEL) que prioriza 80 medidas, de las 198 de la Estrategia aprobada en febrero del mismo año, que vuelve a incluir las de la E-4, para reducir en un 60% la distancia de España con respecto a los compromisos del Protocolo de Kyoto y que incluyen los planes anteriores.

Ahora, el Ministro de Industria, sin hacer balance de los planes anteriores, ha presentado un nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2011 con el objetivo de ahorrar 44 millones de barriles de crudo, que equivalen al 10% de nuestras importaciones de petróleo, con 31 medidas que se solapan con todas las anteriores, incluyendo un compromiso de ahorro de energía del 10% para la Administración General del Estado.

Bien podría concluirse que la eficiencia energética en España es como “el día de la marmota”. Pero la realidad es que, a falta de un balance oficial, seguimos siendo el país más incumplidor del Protocolo de Kyoto y, según el Banco de España, la factura del petróleo ha pasado de representar el 3,2% de nuestro PIB en 2007 al 4,7% en el primer trimestre de 2008. 50.000 millones de euros que suponen el 50% de nuestro déficit comercial.

Tanta redundancia y repetición de las mismas medidas en tan poco tiempo no sería tan grave si no se tratase de planes aprobados en Consejo de Ministros. Sólo cabe pensar que o no se están cumpliendo o que persisten importantes barreras que impiden su cumplimiento. A menudo, los ministros que hacen estas propuestas no tienen competencias en ninguna de las medidas que proponen, por eso no hay compromisos fiscales ni presupuestarios. Esta costumbre de repetir medidas que ya están aprobadas transmite la sensación de que no se toma en serio ni el incremento de emisiones de CO2 ni la grave dependencia energética de España. Y esta incoherencia no se resuelve con grandes declaraciones delante de Nicolas Stern o Jeremy Rifkin.

Todos estos planes adolecen de falta de credibilidad porque faltan compromisos presupuestarios y fiscales. La mayor parte de su coste se traslada a la tarifa eléctrica y, ya se sabe, lo que no está escrito en los Presupuestos Generales del Estado no existe. Todas las medidas son indicativas, no vinculantes, y al no haber balance de su cumplimiento se tiende a derivar el mayor esfuerzo a los últimos años del periodo. De lo contrario, la suma de todos los objetivos propuestos nos deberían haber convertido ya en un modelo de eficiencia energética. Ejemplo de ello son los planes para la Administración General del Estado, donde las medidas ejemplarizantes brillan por su ausencia. ¿Y cómo se va a exigir al consumidor final lo que la Administración no cumple?

El error es carecer de una Planificación Energética que integre la Gestión de la Demanda como un aspecto esencial de la política energética y no sólo se limite a citar los planes de la E-4. El error es carecer de una política fiscal que envíe señales a los mercados sobre la importancia de otro modelo económico que incentive la cultura del ahorro y no el mayor consumo, incluso en la tarifa eléctrica. Las compañías distribuidoras deberían premiar y ser premiadas por el ahorro en el recibo de la luz y no por la mayor facturación.

El ejemplo a seguir debería ser el de la única medida fiscal que se ha adoptado para incentivar la venta de automóviles con emisiones de CO2 inferiores a 120 gramos por kilómetro. El nuevo impuesto de circulación ligado al CO2 entró en vigor el 1 de enero y la fuerte caída del mercado automovilístico contrasta con el incremento del 43% de las ventas de los coches menos contaminantes. El error, en definitiva, es una política económica que considera el ahorro de energía como un coste y no como una necesidad y un beneficio para el conjunto del país.

Voluntad o voluntarismo
La eficiencia energética no se conseguirá de un plumazo o con una ley. Implica cambiar los hábitos de consumo de toda la sociedad y eso requiere un largo plazo. Países con mucha menor intensidad energética, como Francia, llevan casi cuarenta años implementando estas políticas. Si al ahorro de energía no se le da un valor económico y un incentivo fiscal o, dicho de otra manera, si en la política económica no se reconoce el valor de la eficiencia, más pronto llegaremos a una crisis energética y nuestra actual vulnerabilidad se convertirá en un riesgo real en el suministro a hogares y empresas. Y pasará como en la actual crisis, que muchos sabían lo que podía pasar pero la avaricia cegó cualquier posibilidad de actuar con anticipación.

España continúa suspendiendo en la lucha contra el Cambio Climático. Sólo se compite por el mayor incremento del PIB y del consumo. La eficiencia energética está atrapada en un modelo de crecimiento que persigue exclusivamente los beneficios de dos dígitos, la mayor facturación y volumen de negocio. Economistas no tan sabios como Jefrey D. Sachs, Kennet Rogoff y Paul Krugman ya han alertado de que hay que pisar el freno, elaborar otra estrategia de crecimiento basada en el ahorro y reinventar la energía. Por el contrario, en España seguramente la lucha contra el Cambio Climático esté siendo la primera víctima de la crisis.

Conviene fijarse en las buenas prácticas como en la ya citada de las ventajas fiscales a los automóviles limpios o el ahorro que supone para el sistema energético la mayor conexión de megavatios renovables frente a la tiranía del petróleo. En esa dirección va la propuesta de Al Gore, asumida por Barak Obama, de que EEUU sustituya el petróleo por renovables en diez años. Las dos razones en las que basa su propuesta son que el coste de las soluciones a la crisis climática es el mismo que el de renovar la economía para escapar de la subida de los precios energéticos y, en segundo lugar, el cambio más importante sería el fiscal, “gravar por lo que quemamos y no por lo que ganamos”.

Finalmente, hay planes y planes. Israel, para reducir su consumo de petróleo, prevé poner en marcha una red de 500.000 puntos de recarga de baterías para coches eléctricos, cubriendo el suministro con la instalación de 4.000 megavatios de energía solar en el desierto del Neguev. A la vez modificarán las leyes para incentivar fiscalmente el uso de los nuevos coches a partir de año que viene. Con ello  pretende reducir un 25% sus importaciones de petróleo y ser líder en el mundo de las energías renovables. El plan de Sebastián se limita a un proyecto piloto de introducción de vehículos eléctricos para tener un millón en 2014 mientras tramita un duro recorte a la solar fotovoltaica. Es la misma diferencia que existe entre voluntad y voluntarismo.

El ahorro de energía depende de la constancia. Por eso confío que, como en la película, llegará un día que, cuando suene el despertador y abramos los ojos, descubramos con alivio que, por fin, hemos dejado de estar atrapados en el tiempo.

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