javier garcía breva

El déficit estructural del sector eléctrico

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Durante el primer semestre de 2016, según datos de REE, la demanda eléctrica ha bajado un 0,8%, la demanda gasista un 1,3% y para generación un 14,5%. La bajada de los precios en el mercado mayorista ha propiciado que la tarifa regulada de la electricidad haya descendido un 14,5%. Para la CNMC se debe al mayor peso de la generación hidráulica y eólica y a unas temperaturas suaves.

La consecuencia ha sido el descenso de beneficios de las grandes eléctricas en un 7,3% y del 10,9% de sus ingresos por la bajada de los precios del mercado mayorista debido a la mayor producción renovable. Lo relevante es que este descenso de la demanda se produce en un contexto de crecimiento del PIB y confirma que cuando entran más renovables en el sistema los precios caen y la mayor producción con carbón y gas encarece la energía.

Si la hidraulicidad del sistema eléctrico fue una condición determinante en el siglo pasado ahora lo es la climatología, con la circunstancia de que el viento, la lluvia y el sol no se pueden regular y entran a coste cero. El “impuesto al sol” y el freno a las renovables impiden que se traslade a los consumidores el abaratamiento que provocan en los precios de la energía.

Moody´s ha previsto que el MWh eléctrico en la península ibérica esté en una horquilla entre 39 y 44 euros hasta 2021, cuando en 2015 el precio medio fue de 62,9 euros. La capacidad de interconexión no supera los 2.800 MW y las prioridades europeas son las interconexiones en el Báltico y el corredor hasta Azerbaiyán. La caída de la demanda energética es un fenómeno estructural.

El informe BP Statistical Review of World Energy 2016 indica que en 2015 la demanda de energía en el mundo creció un 1%, la mitad que en los diez años anteriores. Mientras la demanda de petróleo y gas creció un 1,9% y 1,7% respectivamente, el consumo de renovables lo hizo en un 15,2%. Por eso las emisiones de CO2 se estancaron en el 0,1%, la menor tasa desde 1992.

La política energética española, ajena a esta tendencia, mantiene la necesidad de importar energía fósil y limitar la nueva potencia con fuentes renovables, negándoles una regulación estable, como ha propuesto la patronal APPA. Las emisiones de CO2 se incrementaron un 6,8% por el mayor consumo de carbón.

El secretario de Estado de Energía anunció que las renovables no serán competitivas hasta dentro de 15 años y que, mientras tanto, el papel fundamental lo ha de jugar el gas. Justo cuando la tasa de utilización de las centrales de gas fue del 12,9% en 2015. El RDL 8/2014 constató que la demanda de gas en 2013 fue similar a la de 2004 y que hasta después de 2020 no se alcanzará el nivel de consumo de 2008. Así se definía en el BOE el déficit estructural del sistema gasista.

La reforma energética ha pretendido mantener un precio mayorista elevado para garantizar los ingresos del sistema eléctrico, incentivando el consumo y penalizando el ahorro y las renovables. El carácter estructural de la caída de la demanda, no solo por la crisis si no por un nuevo perfil de consumidor más exigente con los costes energéticos, ha evidenciado la pérdida de rentabilidad del negocio energético convencional.

Continuar la reforma basada en la mayor facturación de energía no parece realista. Se impone un cambio de modelo orientado a la gestión de la demanda a través de la generación distribuida, renovables con almacenamiento y redes inteligentes. En definitiva, pasar de un modelo centralizado con precios elevados y mayor consumo a otro descentralizado basado en la alta eficiencia energética y la autonomía del consumidor.

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