Javier García Breva
Director general de SOLYNOVA ENERGIA
jgarciabreva@solynova.com
Estas navidades se ha producido un hecho premonitorio que ha pasado inadvertido: un apagón en Francia ha dejado sin luz a dos millones de personas y ha obligado a importar hasta 2.000 MW de electricidad desde España, record que ya se produjo en octubre por las paradas de nucleares y que motivó que los precios de la luz en Francia duplicaran los de España. Días antes, el Consejero Delegado de Gas Natural volvía a la carga, “hay que evitar que las renovables pongan en riesgo el sistema eléctrico e industrial”, mientras el Gobierno catalán debatía la reubicación de parques eólicos en zonas donde no hay viento.
Tanto dislate pasa por alto hechos como que los precios constantes de la luz en España, de 1990 a 2008, han bajado un 38,8% por una pésima política energética y que en 2009 la nueva potencia instalada de origen renovable ha sido un 80% menos que en 2008, un 70% menos que en 2007 y un 50% menos que en 2006. Se ha frenado el desarrollo de más renovables con un horizonte plagado de incertidumbres.
Y mientras el petróleo incrementa sus precios en más de un 75% en el último año y crece nuestra dependencia ¿quién se acuerda de las emisiones de CO2 y de Copenhague? Se cumple así lo que la derecha mediática lleva practicando desde los años noventa, como define la FOX: “las noticias serán lo que digamos que son”. Sólo Sarkozy sigue empeñado en establecer un impuesto al CO2. ¿Tendrá criterio la Presidencia española al respecto?
Lo peor es la relajación de las políticas a la que conduce tal estado de opinión y un escenario de anomía social que se quiere preservar a toda costa y que oculta un creciente divorcio entre la realidad política y la realidad social por falta de un proyecto que concite consensos y estrategias de futuro.
Para los próximos meses dos cuestiones van a ser decisivas; por un lado, el concepto de diversificación energética que deberá establecer la Planificación y que ha de entenderse como reiteradamente lo han expresado los informes de la Agencia Internacional de la Energía y la Comisión Europea, es decir, deberá priorizar la reducción de emisiones con menor consumo de combustibles fósiles y con una mayor participación de las renovables y del ahorro de energía.
Por otro lado, la Ley de Economía Sostenible no puede ser una norma que tarde dos años en implementarse. Tal y como está redactada se debatirá y aprobará en 2010 y la tramitación de las leyes y normas que la habrán de desarrollar se alargará durante 2011, con lo que los retrasos y medidas incumplidas se incrementarán hasta el final de la legislatura. Por el contrario, la Planificación energética integral, la Ley de Renovables, empresas de servicios energéticos y planes de ahorro de energía no pueden esperar más.
La internalización de los costes ambientales y de los costes intergeneracionales que deben incluirse en la Planificación son principios que se enuncian en el Anteproyecto de la Ley pero que requieren una norma más concreta, operativa a corto plazo y vinculante para todos.
Estos principios suponen un cambio de valores en la política energética de las últimas décadas que todavía hoy se mantiene; pero hay que ponerlos en práctica con más determinación y voluntad política que la manifestada hasta ahora, superando las incoherencias con las que no se puede continuar por más tiempo. Como decía hace pocos días Jacques Delors en una entrevista, “la crisis de valores consiste en que en este mundo todo se compra. Defendamos los sueños que el dinero no compra”.
