"El autoconsumo es una pieza clave en la nueva política energética de la Unión Europea, y, por extensión, también lo debe ser en España". Lo ha dicho Júlia Company, la directora del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace). Company ha solicitado así, al Ministerio de Transición Ecológica, que avance "hacia un modelo regulatorio específico para el autoconsumo que permita incrementar la penetración de esta tecnología en el mercado, que la promueva, que la potencie, y que elimine cualquier barrera administrativa, técnica y/o económica que pueda limitar su desarrollo". La directora del Ivace, organismo dependiente de la Generalitat Valenciana, ha apremiado por todo ello al Ministerio para la Transición Ecológica a que retire el llamado "impuesto al Sol". En esa línea de trabajo, el Ivace, a través de la Asociación de Agencias Españolas de Energía, ha enviado un escrito de alegaciones a la propuesta de real decreto de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución (real decreto clave para el autoconsumo)
La Unión Europea (UE) está a punto de aprobar el texto definitivo de la nueva Directiva de Energías Renovables
Esta Directiva (1) establece el marco legal en el seno del cual Europa habrá de desarrollar la transición energética a partir del año 2020 (es entonces cuando entrará en vigor esa Directiva) y (2) fija el objetivo que debe alcanzar la UE en el año 2030 en lo que se refiere a la cuota de energías renovables en el mix energético: 32%. El texto que han acordado el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos fija en fin ese 32% y, sobre todo, dice no al impuesto al Sol. Tanto el ponente principal de esa Directiva, el eurodiputado socialista José Blanco, como la actual ministra para la Transición Energética del Gobierno de España, la también socialistaTeresa Ribera, se han manifestado públicamente, en numerosas ocasiones, en contra de ese impuesto, que fue establecido por el Ejecutivo Rajoy en octubre de 2015 y que parece llamado a desaparecer de manera inminente.
En todo caso, y en ese marco político-regulatorio, la Generalitat Valenciana -presidida por el también socialista Ximo Puig- difundió ayer un comunicado en el que recuerda que ha solicitado al Ministerio para la Transición Ecológica "la retirada del llamado impuesto al Sol". Esta tasa no afecta a las instalaciones de menos de diez kilovatios, las domésticas (porque los autoconsumos solares fotovoltaicos de menos de diez kilovatios de potencia están exentos de su pago), por lo que solo deberían abonarlo en teoría las instalaciones de más de 10 kilovatios (que en muchos casos, por cierto, tampoco están abonándolo). De cualquier manera, el Gobierno valenciano difundió ayer una nota de prensa en la que recuerda al Ministerio para la Transición Energética la situación legal en Europa, donde el texto acordado dice claramente no al impuesto al Sol hasta, al menos, el año 2026.
Barrera económica injustificada
La directora del Ivace, Júlia Company, lo ha dicho con claridad: "el pacto alcanzado en el Parlamento Europeo demuestra, una vez más, que el anterior Gobierno se equivocaba, estaba tomando el camino contrario a Europa y, por ello, solicitamos al nuevo Gobierno que, de una vez por todas, elimine el impuesto al Sol de forma inmediata". Company denuncia que esta tasa no es sino "una barrera económica injustificada que está desincentivando la puesta en funcionamiento de estas instalaciones y frenando el desarrollo del autoconsumo". Según los estudios del Instituto valenciano, este cargo implica alargar en varios años, entre 2 y 3, el periodo de retorno de las inversiones. En todo caso, Company considera que la decisión europea supone el reconocimiento de la política valenciana de apoyo al autoconsumo: "nuestra política energética es acertada y está en plena sintonía con la de la UE".
Creación de una "bolsa de energía" para combatir la pobreza energética
En el escrito de alegaciones se solicita también que la energía excedentaria que los autoconsumidores con potencias inferiores a 100 kW inyectan gratuitamente a la red eléctrica sea destinada a los consumidores más vulnerables y de este modo contribuir a paliar la pobreza energética. Según ha explicado Júlia Company, "dichos excedentes energéticos suponen un ahorro económico para el sistema eléctrico y, de este modo, se puede constituir una bolsa de energía que podría ser contabilizada tanto en términos energéticos como económicos para que el sistema los asignara a los consumidores que actualmente se estén beneficiando del bono social, sobre todo en sus umbrales más extremos".
Asimismo, entre las alegaciones presentadas también destaca la solicitud de eliminación del requisito de potencia máxima para la asignación de modalidad Tipo 1 y Tipo 2, al entender que debería ser una elección del consumidor vinculada única y exclusivamente a si desea o no obtener ingresos por la energía excedentaria. En caso de no desear obtener ingresos, el consumidor debería poder acogerse a la modalidad Tipo 1, independientemente de la potencia contratada o de la potencia de la instalación de autoconsumo.
En la actualidad, el requisito establecido en el RD 900/2015 de que las instalaciones de Tipo 1 sólo puedan estar asociadas a consumidores con una potencia contratada no superior a 100 kW obliga, a determinados consumidores con potencias contratadas superiores a 100 kW, a acogerse a la modalidad Tipo 2 y por tanto a realizar una serie de trámites vinculados a la venta de la energía excedentaria (facturación mensual, declaraciones trimestrales y anuales e impuesto de sociedades o la facturación anual del peaje de generación entres otros) que, en muchos casos, no compensan el beneficio económico obtenido.
Asimismo, se solicita evolucionar hacia un sistema que permita la compensación de saldos energéticos, establecer un registro para las instalaciones de autoconsumo aisladas, modificar los criterios de reparto de la energía generada en la modalidad de autoconsumo colectivo, así como la exención del coste de los estudios de acceso y conexión para las instalaciones de potencia inferior o igual a 100 kW y establecer criterios y esquemas homogéneos para todo el territorio para su aplicación por parte de las distribuidoras, entre otros.
