La percepción fijada por el RD 661/2007 era de 47,5 céntimos de euro el kWh, muy superior a los 32,6 c€/kWh del RD 1578/2008. Esta diferencia provocó que en 2008 muchas instalaciones intentaran estar listas antes del 30 de septiembre para tener derecho a cobrar la tarifa más alta. El crecimiento de la potencia fotovoltaica instalada ese año y las sospechas de que hubiera promociones que no estuvieran en orden se tornaron en investigación por parte de CNE.
La CNE, según el informe que obra el poder de Energías Renovables, pidió información a 9.041 instalaciones fotovoltaicas (facturas y albaranes de los equipos, certificados de instalación autorizada, certificados de final de obra, documentos acreditativos de referencia catastral y documento único de aduanas, en su caso). De las 9.041, 840 renunciaron a cobrar la tarifa de 47 c€/kWh. Del resto de plantas, 8.201, se han investigado 1.001 y de ellas 350 “no acreditan los equipos para producción de energía eléctrica a 30 de septiembre de 2008”, según la Comisión Nacional de la Energía.
Las instalaciones fotovoltaicas que no estarían en orden son el 34,97% de las investigadas y en términos de potencia el 38,54%. De los 84,46 MW investigados, 51,91 MW estarían de acuerdo a la ley y 32,55 MW no. De estas últimos, un 70% son instalaciones en suelo, un 20% con seguimiento a un eje y un 10% con seguimiento a dos ejes.
Teniendo en cuenta la tipología de las plantas y tomando como referencia los límites de hora de producción asignados por el Real Decreto-Ley 14/2010, la CNE ha calculado que estas plantas producirían una energía anual estimada de 61 GWh. El ahorro económico anual estimado para el sistema eléctrico, la prima equivalente que no habría que pagar, asciende a 26,5 millones de euros.
La CNE ha tomado cuatro decisiones: suspender cautelarmente el pago de la prima, notificar de ello a cada una de los representantes de las instalaciones afectadas, remitir los expedientes a la Dirección General de Política Energética y Minas, y remitir a las comunidades autónomas competentes en función de la ubicación de las plantas la documentación.
El sector rechaza a los tramposos
Las asociaciones fotovoltaicas insisten desde hace dos años en que no quieren tramposos en el sector y han pedido al Ministerio de Industria que actúe contra ellos. De hecho, una de las medidas que propusieron al gabinete de Miguel Sebastián cuando éste les expuso la necesidad de ahorrar en la tarifa fue que persiguiera a las instalaciones irregulares, lo que recudiría el monto de la prima equivalente.
Las asociaciones con las que ha contactado Energías Renovables se han mantenido coherentes con lo dicho. La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables (ANPER) se ha felicitado “por la decisión de la CNE de investigar la situación de las plantas fotovoltaicas que podrían haber actuado irregularmente, como se viene reclamando desde hace dos años, y ha pedido que se actúe con contundencia de acuerdo a la ley”.
En el mismo sentido se ha pronunciado la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) que ha recordado “que el sector siempre ha dicho al Ministerio de Industria de dónde podía ahorrar”. APPA también ha afirmado que “ya era hora de que se empezara a actuar, ya que las inspecciones comenzaron en octubre de 2008”.
La Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF) ha afirmado “estamos extrañados de que se informe públicamente de resultados parciales de la inspección y no de toda ella. Desde el principio hemos reclamado que se identificaran y sancionaran las posibles irregularidades, y no nos gustaría que la publicación de los resultados de las inspecciones por entregas se utilizasen para dañar más la imagen del sector fotovoltaico”.
El resultado de las primeras inspecciones coincide en el tiempo con la apertura de diálogo entre el Ministerio de Industria y el sector fotovoltaico después de que el gobierno aprobara medidas retroactivas mediante el Real Decreto-Ley 14/2010, tal y como adelantó Energías Renovables.
