La nueva norma -apuntan desde la Asociación- "significa que las 60.000 familias fotovoltaicas españolas, que acumulan 10 años de agresivos recortes retroactivos, que han mermado hasta en un 50% las retribuciones acordadas por el Estado en su momento, no van a verse expuestas a un recorte adicional del 20%" (el Ejecutivo Rajoy ideó una fórmula para determinar la retribución del kilovatio hora fotovoltaico, retribución que sería fija durante un período determinado -hasta finales de 2019-, pero que, a partir de 2020, y en virtud de esa fórmula, podía -e iba a ser- recortada). Con el nuevo RDL, que fija la retribución para los próximos 12 años, ese recorte, que venía a sumarse a varios otros que ya había sufrido el sector, queda neutralizado. Según Anpier, los pequeños productores fotovoltaicos, que ya tuvieron que refinanciar sus activos para no perder sus instalaciones ni sus patrimonios personales, "no hubieran soportado este nuevo y salvaje ajuste".
Miguel Ángel Martínez-Aroca, presidente de Anpier: “el sector valora y reconoce la determinación de este Gobierno y, singularmente, de su ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, puesto que, en muchas ocasiones, y por sorprendente que pueda parecer, incluso para hacer justicia hay que ser valiente”
Anpier insiste en todo caso en su denuncia de la "desproporción de los recortes retroactivos que les han sido impuestos [a los productores fotovoltaicos], recortes enmascarados en una rentabilidad razonable que, en la práctica, no se verifica, pues ningún productor fotovoltaico percibe, ni de lejos, el supuesto 7,39% que la norma les atribuye, dado que los activos fueron valorados muy por debajo de lo que realmente costaron".
La propia Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) emitió un informe a solicitud del Ministerio de Transición Ecológica, en el que sentenciaba que no se podía considerar como “rentabilidad razonable” para este tipo de activos un retorno que fuera inferior al 7,09%, real. Así pues, según Anpier, "el recorte que se hubiera producido, de no haber salido el RDL de hoy, hubiera dejado al sector con una 'rentabilidad razonable' del 4,4%; pero absolutamente ficticia, por la valoración intencionadamente exigua que se hizo de las instalaciones, lo que, en la práctica, hubiera supuesto la quiebra generalizada".
La medida se produce in extremis (el período regulatorio concluía ahora, a finales de año), "pero supone un bálsamo -apuntan desde Anpier- para un sector maltratado durante la última década". La Asociación recuerda en ese sentido que el colectivo al que representa, de 60.000 productores, ya soporta "un recorte real de entre el 30% y el 50% de las retribuciones originarias, una situación absolutamente injusta". El RDL ahora aprobado por el Consejo de Ministros evita lo que Anpier califica de "un incomprensible 20% más de ajuste, que, en la práctica, suponía la demolición total de los activos fotovoltaicos, lo que hubiera arrasado con las economías familiares".
Martínez-Aroca, presidente de Anpier: “habrá que continuar avanzando hasta alcanzar una restauración equilibrada, puesto que son todavía muchos los desajustes arbitrarios ocasionados por la reforma impuesta en 2013, dado que la supuesta rentabilidad del 7,39% es absolutamente ficticia y los recortes soportados son asimétricos, llegando en muchos casos al 50% de la tarifa regulada inicialmente establecida. No se puede hablar de transición ecológica justa si no se restituyen legítimos derechos a las decenas de miles de familias españolas que, con grandes sacrificios, hemos logrado que sea posible un cambio en el modelo de generación energética que evite los efectos más devastadores del ya constatable cambio climático. La energía fotovoltaica es la llave definitiva que permite a nuestra sociedad producir energía limpia y barata sin contaminar el Planeta y sin ocasionar daños a la población, un milagro hecho realidad por nuestro gran colectivo social”
