«Anpier, la asociación nacional de productores de energía fotovoltaica, reclama al Gobierno respeto a la propiedad privada, responsabilidad e independencia en la inminente reforma del sector eléctrico que, tal y como ha adelantado el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, se iniciará con las disposiciones que se aprobarán en el Consejo de Ministros del próximo viernes y que afectarán al conjunto de actividades reguladas del sector, donde junto con a otros costes, están contempladas las primas a las renovables.
Anpier espera una reforma integral del sector eléctrico, articulada por procedimientos abiertos y transparentes que favorezcan una solución de futuro sobre la base de un Proyecto de Ley que pueda enriquecerse y consensuarse por todas las fuerzas políticas, y advierte que la Constitución Española, en su artículo 86, establece con absoluta claridad que el Real Decreto Ley será utilizado “En caso de extraordinaria y urgente necesidad” y que además “no podrán afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I”, el artículo 33 del Título I reconoce la Propiedad Privada: “Nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización”.
En este sentido, el propio Secretario de Estado, Alberto Nadal, el pasado día 1 de julio, se lamentaba de que hasta ahora bastara un Decreto o una Orden Ministerial para regular el sector eléctrico porque “una orden ministerial o un real decreto sobre materia energética mueve miles de millones de Euros y los mueve con un nivel de control inferior a cualquier otra partida” por lo que los productores fotovoltaicos esperan coherencia con las convicciones manifestadas por el Secretario de Estado.
El sector constata que Alberto Nadal ha realizado un diagnóstico certero de los males que padece el sistema pero, por lo que se desprenden de sus declaraciones, no parece dispuesto a aplicar las medidas idóneas, puesto que si no se parte de una auditoria de los costes del propio sistema no se podrá actuar sobre cada una de sus deficiencias en la justa medida.
Colocar un coste de producción, el de las renovables, en la parte regulada del sistema y, por otra parte, sobre retribuir las tecnologías amortizadas, nuclear e hidroeléctrica, que supone más de un tercio del consumo, junto con la asunción de costes ajenos al sistema (pagos por capacidad, extra peninsulares, interrumpibilidad y moratoria nuclear) explican que España haya acumulado un déficit de tarifa superior a los 30.000 millones de Euros, al tiempo que ha encarecido la energía al ciudadano un 80% y multiplicado los beneficios del oligopolio de las grandes eléctricas.
Miguel Ángel Martínez-Aroca, Presidente de Anpier ha declarado que “Culpar a las renovables del déficit de tarifa para poder masacrar a las 55.000 familias que emplearon todos sus ahorros en la generación de energías renovables atendiendo un llamamiento del propio Estado y ofreciendo a la humanidad una solución definitiva al gran problema energético, será recordado como uno de los capítulos más sórdidos de la España del siglo XXI” y ha añadido que “más allá de siglas de partido e instituciones de gobierno, al final, las decisiones las toman personas y estas decisiones deben estar dirigidas por el interés general, la justicia social y el respeto a los valores recogidos por la Constitución Española, que son reflejo del derecho positivo y del propio derecho natural”
Los fotovoltaicos españoles mantendrán una actitud beligerante en todos los foros, administraciones e instancias judiciales, españolas e internacionales, hasta que obtengan una resolución favorable que les reconozca sus derechos, les restituya los daños ocasionados, aclare las motivaciones que han provocado la “estafa fotovoltaica” y se depuren las responsabilidades pertinentes».
