Lo que propone el RDL 10/2022 respecto de las regasificadoras en Canarias es "de una ambigüedad calculada, un texto absolutamente confuso”. Lo ha dicho el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, inmediatamente después de haber conocido el contenido del Real Decreto-ley 10/2022 (conocido como el RDL del tope del precio al gas). El RDL, que fue publicado el sábado en el Boletín Oficial del Estado, presenta efectivamente una redacción un tanto alambicada con la que el Gobierno central podría estar abriendo la puerta a la instalación de regasificadoras en Canarias. Morales (Nueva Canarias) se ha manifestado en contra de esa alternativa y exige una rectificación que asegura también demanda la sociedad canaria. El Gobierno de España -ha dicho el presidente grancanario- debe retirar esa Disposición Cuarta: "este texto incorpora una inseguridad jurídica inaceptable. Abre la puerta a todas las posibilidades”.
Según Morales, “lo que tiene que hacer el Gobierno es -ya- apostar de una vez por todas por las renovables, eliminar todas las trabas, despejar todos los problemas que existen hoy para introducir la eólica marina, todas las trabas al autoconsumo. Ése es el camino a seguir, no la introducción del gas en Canarias”.
El texto de la Disposición adicional cuarta es el siguiente
«Plantas de regasificación ubicadas en el archipiélago canario. Lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 55 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, en la redacción dada por la disposición final cuarta del Real decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, se aplicará conforme a los objetivos y fines en materia de transición energética que establezcan, para Canarias, la Administración General del Estado y la administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el ámbito de sus respectivas competencias»
La disposición introducida responde -según el Ejecutivo canario- a un compromiso adquirido por parte de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, con el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), y el consejero regional de Transición Ecológica, José Antonio Valbuena. “Desde el Gobierno de Canarias -ha dicho Valbuena- solicitamos una modificación al texto por considerar que en nuestra planificación energética no está contemplada ninguna forma de mercado gasista”.
El consejero ha explicado que las centrales térmicas canarias funcionan en régimen de autoconsumo y no precisan de autorización administrativa, ya que la propia central transforma el gas suministrado en estado líquido al estado gaseoso para alimentar los grupos que generan la electricidad.
Desde el Gobierno de Canarias se consideraba necesaria una modificación del texto, ya que con la redacción inicial se podía interpretar que no se contemplaban las competencias de Canarias a la hora de diseñar su transición energética.
José Antonio Valbuena, consejero regional de Transición Ecológica: “con la nueva redacción queda claro que en todo momento se debe tener en cuenta el marco competencial de ambas administraciones, la estatal y la canaria, y, por lo tanto, ya no existe riesgo alguno de que se implante una regasificadora que abra la puerta a alguna forma de mercado gasista sin el visto bueno del Ejecutivo regional, que debe tenerlo contemplado, en su planificación”
Según el Gobierno canario, en la planificación elaborada por la Comunidad Autónoma no se contempla esa posibilidad y queda claro que no se podrá desarrollar la disposición final cuarta, "mientras no se modifique la planificación energética de Canarias”.
