Carlos Martínez Camarero, responsable adjunto del Departamento de Medio Ambiente de CC.OO.

El 30 de diciembre de 1999 el Gobierno aprobó el denominado «Plan de Fomento de las Energías Renovables para el período 2000-2010». Han pasado casi cuatro años desde entonces. ¿Cómo valora hoy Comisiones Obreras el grado de cumplimiento de los objetivos que establece ese plan?
Pues podríamos decir que las cifras cantan. La eólica va muy bien. Tanto, que va camino de cumplir las previsiones que estableció el propio plan, los 9.000 megawatios, e incluso las que apunta el documento de planificación energética que aprobó el gobierno en septiembre de 2002, documento en el que ya se hablaba de 13.000 MW. O sea, que en el caso de la eólica la evolución es muy positiva, pues andamos ya por los 5.000 megawatios instalados. No obstante, para que esa tendencia no se trunque, la Administración debería ser cuidadosa con la primas. La última rebaja que ha aplicado a la eólica ha suscitado mucha preocupación, y yo creo que con razón, entre los promotores, que, más allá de la rebaja en sí, se están quejando de que señales como esa generan incertidumbre y no dan estabilidad al desarrollo. En fin, eso, en cuanto a la eólica, que es la excepción. En lo que se refiere a las demás renovables, vuelvo al principio, las cifras cantan: van fatal.

Entendido, "van fatal" todas menos la eólica, que tiene problemas con su prima política. ¿Alguna solución para lo de la prima?
Sí, la bajada no es un daño irreparable. Es más, es posible lograr esa estabilidad a través del decreto que está elaborando el Gobierno y que parece que va a regular las condiciones de la prima. Pero, en todo caso, el balance es sin duda positivo. En comunidades autónomas como Galicia, Navarra, Castilla-León, Aragón, en provincias como Albacete, el desarrollo de la eólica ha supuesto la creación de muchísimo tejido industrial y, por tanto, de empleo, de un empleo que es bastante estable, creemos, y de bastante calidad. Pero es que ese desarrollo, además, ha supuesto trabajo también para otros sectores, por ejemplo para el de la construcción, e ingresos para los ayuntamientos donde hay parques. O sea, que no haya duda, que el balance es positivo, y que ahora lo único que resta es que la Administración dé una señal que restablezca esa confianza de la que hablaba. Porque eso será bueno para los promotores, pero también para la sociedad, que en general ve con buenos ojos la eólica; para los ecologistas, la mayoría de los cuales defienden esta energía limpia; y para nosotros, que compartimos con ellos las razones ambientales y que sabemos además que el desarrollo eólico se puede traducir en creación de empleo, porque ya lo ha hecho y porque puede seguir haciéndolo. En ese sentido, observamos además con grandes esperanzas el desarrollo eólico marino.

Pasemos ahora a las que "van fatal". ¿Cómo se encuentran la energías solares?
Hay que reconocer que tanto la solar térmica como la fotovoltaica han avanzado un poco más en estos tres últimos años... un poco más con respecto a los índices de crecimiento registrados a lo largo de los ejercicios anteriores. Pero ese crecimiento es absolutamente insuficiente. La potencia instalada en fotovoltaica (menos de 20 megawatios) es escasísima. Estamos muy lejos de lo que prevé el Plan de Fomento para 2010 (135 MW). Y en solar térmica la situación es prácticamente idéntica. Hay instalados unos cuatrocientos cincuenta mil metros cuadrados, mientras que el plan prevé para 2010 cuatro millones y medio de metros. Estamos muy, muy por detrás, extraordinariamente lejos, de la tendencia, de la evolución, que sería precisa para alcanzar en esa fecha esas cifras.

¿Y qué se puede hacer?
Muchas cosas. En España hay una capacidad de producción importantísima, sigue habiendo subvenciones y, además, hay ya muchas ordenanzas solares. ¿Que qué podemos hacer? Pues llegar a conclusiones a partir de todos esos datos y obrar en consecuencia. Visto lo visto, parece lógico pensar que la prima de la fotovoltaica no es suficiente. Porque si lo fuera, el número de instalaciones sería mucho mayor. Bien, pues lo que hace falta es más impulso, un impulso que debe partir de la Administración. Veamos, por ejemplo, lo que está pasando con la solar térmica. Son necesarias las ordenanzas municipales que obligan a que un porcentaje del agua caliente sanitaria de los edificios de nueva construcción sea de origen solar. Sin duda, son necesarias y afortunadamente cada vez hay más ordenanzas, pero yo voy más allá: también sería necesaria una legislación autonómica sobre edificación en la que se estableciese la obligatoriedad de la instalación de energía solar.

Es decir, más leyes.
Sí, más legislación. Pero creemos que también es muy importante un mayor compromiso por parte de las administraciones, tanto de las locales como de las autonómicas o la estatal, un mayor compromiso en lo que se refiere a dotar a sus propios edificios de esas instalaciones. En otras palabras, predicar con el ejemplo. Porque el papel de la Administración es clave. En ese sentido ya se han dado algunos pasos, pero todo ello va muy poquito a poco, demasiado poco a poco.

La biomasa parece el patito feo del cuento de las renovables. ¿Cómo está el asunto?
La biomasa es la renovable que más nos preocupa, la que más lejos se encuentra de las previsiones que se hicieron en el Plan de Fomento. Ahora mismo hay algo más de 200 megawatios instalados en toda España. Estamos muy lejos, pues, de los 1.896 que prevé el Plan de Fomento para 2010. Aquí es donde vemos que el plan está fallando más estrepitosamente. Los números son más elocuentes aún cuando hablamos de empleo. El sector de la biomasa es el que, a priori, podría crear más puestos de trabajo, trabajo, además, en el medio rural, que es un medio muy necesitado de empleo ya que sería una buena solución contra la despoblación y todos los problemas que ella acarrea. Hace unos años había unas expectativas extraordinarias al respecto, se hablaba de 40.000 empleos directos, que se referían no tanto a la producción de electricidad o biocarburantes como, sobre todo, a las tareas de recogida de biomasa, lo que por otra parte es beneficio ambiental: menos biomasa en el medio, menos probabilidades para los grandes incendios. Pues bien, ahora mismo calculamos que puede haber 4.000 trabajadores en el sector. Y, desgraciadamente, pasan los años y no parece que la tendencia vaya a mejorar.

¿Y cuál es el problema?
En primer lugar hay que tener en cuenta que cuando hablamos de biomasa nos estamos refiriendo a materiales de muy diversa procedencia: residuos agrícolas, ganaderos, forestales, procedentes de la industria agroalimentaria –como el orujillo o la cáscara de almendra–, cultivos energéticos... Una vez sabido eso hay que tener en cuenta que esa diversidad material acaba traduciéndose en diversidad administrativa. Es decir, que estamos hablando de un asunto en el que van a intervenir órganos con competencias en materia de agricultura, con competencias forestales, con competencias en materia de industria (caso de la agroalimentaria), en materia de medio ambiente. En fin, mucha diversidad que exige coordinación. Y ahí está el problema. Desgraciadamente, no hay coordinación entre las diferentes instancias de la administración, un factor imprescindible para crear redes y conexiones entre los promotores eléctricos y los proveedores de ese combustible. La coordinación debería traducirse en la promoción conjunta de sistemas de recogida para que los promotores no tuviesen las enormes dificultades que hoy tienen para asegurarse el combustible.

¿A qué se debe esa falta de coordinación: voluntad política, pereza?
No sé, pereza quizá. Nosotros observamos con disgusto que el Plan Forestal Español, aprobado hace apenas un par de años, no considera la biomasa. Incluye un par de párrafos en los que se limita a recordar las previsiones que aparecen en el Plan de Fomento de 1999 y punto final. Es decir, no establece mecanismos de coordinación, ni analiza, por ejemplo, cómo podrían articularse medidas para que los restos de trabajos selvícolas se aprovechen energéticamente. En fin, que no hay nada. Ese es un ejemplo de cómo se está trabajando en el asunto de la biomasa, pero hay muchos más. El caso es que, con ese Plan, hemos perdido otra oportunidad que, además, podría estar contribuyendo a solucionar problemas ambientales que hoy son gravísimos, como los incendios, que podrían ser menos, tanto en los montes como en zonas agrícolas, si retirásemos toda esa biomasa. Además, nos encontramos con otro problema: la insuficiencia de la prima. Lo que dicen los productores, y yo creo que tienen razón, es que no salen los cálculos. Es decir, que si ya hay dificultades a la hora de ajustar una instalación y probar y comprobar su idoneidad para el tratamiento de ese combustible; si a priori nos encontramos con eso y luego, encima, no salen los números... pues... claro... no se hacen plantas y no se crea empleo.

Más allá de sus objetivos laborales, CC.OO. acaba de lanzar, con destino a los consumidores, la campaña «Queremos saber para poder elegir». ¿De qué se trata y, sobre todo, qué hace un sindicato como Comisiones en una campaña como esa?
Simplemente queremos que el ministerio de Economía obligue a las eléctricas a incluir en sus facturas cuáles son sus fuentes de producción y en qué medida contaminan. Queremos saber si la electricidad que nos venden sale de una planta nuclear, de una central donde se quema carbón o de una hidroeléctrica. Queremos saberlo para luego poder elegir, con conocimiento de causa, uno u otro suministrador.

Energías Renovables publicó hace apenas unos meses un reportaje sobre una empresa que certifica a sus clientes que toda la electricidad que vende procede de fuentes limpias: léase minihidráulica, solar o eólica. ¿Se ha planteado CC.OO. recomendar a sus afiliados que le compren la electricidad a una empresa y no a otra?
Tenemos previsto estudiar el mercado, identificar las empresas y llevar a cabo alguna campaña informativa entre nuestros afiliados para que conozcan y puedan optar por las compañías suministradoras de energía más responsables ambientalmente.

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Carlos Martínez Camarero, responsable adjunto del Departamento de Medio Ambiente de CC.OO.