La plataforma PEP, que está integrada por empresas y expertos en eficiencia energética en la edificación, está llevando a cabo un programa de encuentros y de jornadas de formación para perfiles técnicos de las administraciones –locales, autonómicas y central–, partidos políticos y representantes de las Comisiones de Energía y Cambio Climático del Congreso, con el objetivo de concienciarles de la necesidad de hacer cambios urgentes para poder dar cumplimiento a las indicaciones que marca la directiva sobre eficiencia energética.
Adelina Uriarte, presidente de PEP, explica que, para ello, el primer paso es establecer y recoger en la legislación española la definición de ECCN y defender las buenas prácticas en construcción energéticamente eficiente: “La falta de una definición formal de ECCN por parte de la Administración Central crea un vacío legal que sirve de excusa a muchos para no avanzar. Es fundamental que todos los implicados en el proceso estén comprometidos y alineados con el objetivo final de la máxima eficiencia energética en la edificación y rehabilitación de edificios”, asegura.
La plataforma quiere, además, que la definición de ECCN se aproxime lo más posible a los estrictos límites que establece el estándar Passivhaus, “uno de los más completos y exigentes del mundo en edificación energéticamente eficiente”, según asegura la organización. Este estándar establece una demanda de energía para calefacción y refrigeración menor o igual 15kWh/m² al año; una demanda de energía primaria menor o igual a 120kWh/m² al año; y la práctica ausencia de infiltraciones de aire en el interior de la vivienda o edificio (menor o igual a 0,6 renovaciones/hora).
Los ayuntamientos, los más comprometidos
Sin embargo, según alerta PEP, en la Administración central “hay cierto inmovilismo hacia la necesaria definición y legislación sobre ECCN”. A nivel regional, indica que aunque algunas comunidades están dando ciertos pasos hacia los ECCN, son todavía muy tímidos; y ninguna de ellas tiene normativa específica.
Según la percepción de PEP, “la diferencia entre comunidades no responde a incentivos o ayudas económicas sino a la iniciativa de promotores concienciados con los ECCN, en la mayoría de los casos privados o administraciones pequeñas, sobre todo ayuntamientos, que son ahora mismo las instituciones públicas más comprometidas con la edificación energéticamente eficiente”, explica Uriarte.
De hecho, de las 40 entidades públicas que se han adherido al Manifiesto promovido por PEP para extender el compromiso de las administraciones en el avance del cumplimiento de las exigencias europeas en materia de construcción de edificios más eficientes y menos contaminantes, 34 son consistorios.
Algunos ejemplos de ello son el Ayuntamiento de Vitoria, que acaba de lograr el certificado Passivhaus para su Palacio de Congresos; o el de Villamediana de Iregua en La Rioja, cuya biblioteca municipal está certificada bajo el estándar y además ha incorporado la obligatoriedad de que los edificios que se desarrollen en eso municipio sean bajo el estándar Passivhaus.
En cuanto a las administraciones autonómicas, PEP destaca al Gobierno de Navarra, que ha optado recientemente por construir vivienda de alquiler social bajo estándar Passivhaus y certificarla para garantizar los resultados. Igualmente, el Gobierno de Aragón ha mostrado una apuesta firme y decidida por el estándar Passivhaus, anunciando su aplicación en la próxima ejecución de dos rehabilitaciones de edificios de viviendas en Teruel y Alcañiz.
