La decisión, tomada por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales no Arancelarias (CDB), se originó en una investigación iniciada en junio de 2015 por pedido de la empresa peruana Industrias del Espino, que alegó que los envíos argentinos causaban daño al biodiésel peruano basado en aceite de palma.
El Indecopi basó su decisión en un análisis de las importaciones de biodiésel argentino (B100) realizadas entre enero de 2009 y diciembre de 2014. Se asegura que dicha investigación "dio como resultado que las empresas exportadoras de biodiésel argentino hacían envíos de ese producto al Perú con márgenes de dumping de entre 17% y 31,6%, es decir que el producto ingresó al país con una significativa subvaloración de sus precios, en comparación con los precios del biodiésel producido en nuestro país".
Como resultado, se alega que eso "generó que los productores peruanos comercialicen su biodiésel en bajos volúmenes y a precios por debajo de sus costos, durante la mayor parte del período de análisis, a pesar del crecimiento de la demanda que se produjo durante dicho período, lo que provocó un daño importante a la rama de producción nacional".
El informe, cuyos detalles pueden leerse aquí, señala que en el período analizado "la demanda nacional de biodiésel se expandió de forma significativa (específicamente, en 2011 el requisito de mezcla de biodiésel con diesel N° 2 pasó del 2% a 5%, es decir aumento de 150%)", y durante el cual crecieron las importaciones de biodiésel argentino y descendió la producción nacional.
Como resultado, la CDB dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos en base a los márgenes de dumping calculados en la investigación, por un periodo de cinco años.
El detalle de esos derechos por empresa y/o productores es el siguiente:
- Cargill: 134,7 dólares/t
- LDC Argentina: 191,6 dólares/t
- Noble Argentina: 152,7 dólares/t
- Bunge Argentina: 141,4 dólares/t
- Aceitera General Deheza: 156,4 dólares/t
- Molinos Rio de la Plata: 164,5 dólares/t
- Vicentín: 156,1 dólares/t
- Oleaginosa Moreno Hermanos: 122 dólares/t
- Demás exportadores y/o productores: 191,6 dólares/t
La decisión es defendida desde Junpalma Perú, la asociación que reúne a la mayoría de los productores de aceite de palma, ex cocaleros que han desarrollado este cultivo en antiguas zonas del narcotráfico, y que alegan que la importación de biodiésel argentino ha dañado la cadena agroindustrial de palma, y por lo tanto, se sostiene, la economía de miles de familias peruanas.
Rechazo de los productores argentinos
"Medida proteccionista contraria a las normas internacionales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y por tanto ilegal", Así calificó el presidente de la Cámara Argentina de Biocombustibles (Carbio), Luis Zubizarreta, la medida tomada por las autoridades peruanas.
En los últimos años, el biodiesel se convirtió en el principal producto que la Argentina vende a Perú, en que se promediaron 1.500 millones de dólares. La medida afecta embarques por más de 100 millones de dólares anuales, con fuerte impacto para la agroindustria sojera argentina, por lo que la decisión del gobierno peruano significa un 15% del volumen embarcado.
Por su parte, el director general de Carbio, Víctor Castro, luego de lamentar la medida por "totalmente infundada, carente de argumentos", y "a sabiendas de que no cuentan con la razón", especuló con que las autoridades peruanas "juegan con los tres años de plazo que generalmente tarda destrabar estas situaciones".
Según afirman desde Carbio esta "medida proteccionista" para la industria local del biodiésel con aceite de palma no toma en cuenta que son las petroleras peruanas Petroperú y Repsol las que prefieren comprar biodiésel argentino porque "el aceite de palma es de mala calidad para la mezcla", y de mejor nivel y mejor precio.
En septiembre pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) anuló la exigencia de aranceles a las importaciones de biodiésel desde Argentina que la Unión Europea había impuesto en 2013. En marzo de este año, el Panel de la OMC concluyó que las medidas antidumping impuestas por la UE eran contrarias a las normas comerciales multilaterales vinculantes.
