No está claro a cuánto podrían ascender las reclamaciones, pero los fondos internacionales tienen más de 13.000 millones de euros en activos renovables en España, y, según informa la agencia Reuters, acusan al Gobierno Rajoy de haber incumplido los términos de su inversión, después de que el Parlamento español aprobara una RDL que recorta las primas a las tecnologías renovables.
Esta medida, junto con otras leyes recientes, incluido el impuesto a la generación de energía, prácticamente acabará con los beneficios para las plantas fotovoltaicas, termosolares y eólicas, afirma el sector.
Según indicaron a Reuters responsables de la firma internacional de abogados Allen & Overy, este bufete va a representar a un grupo de inversores en centrales termosolares, amparando la reclamación en el marco de la Carta Internacional de la Energía, tratado que regula la normativa internacional en materia de energía y arbitraje y que España ratificó en su día.
"Los fondos de inversión internacionales están analizando con los asesores jurídicos la manera de proceder. Habrá varias demandas", dijo a Reuters Luis Crespo, secretario general de Protermosolar. De acuerdo con Crespo, entre los afectados se encuentran inversores de Estados Unidos, Japón y Emiratos Árabes,
Allen & Overy también gestiona una reclamación anterior presentada en 2011, en este caso por inversores extranjeros en plantas fotovoltaicas.
En julio pasado, algunos de los fondos extranjeros que planean acciones legales enviaron una carta al presidente Mariano Rajoy quejándose de las reformas que estaba emprendiendo por el efecto retroactivo que tienen sobre las inversiones. Reuters indica que esta carta llevaba las firmas de Ampere Equity Fund, AES Solar, KKR, RREEF Infrastructure, MEAG, KGAL, Infrared Capital Partners, HG Capital, Eiser Infrastructure Partners, Cube Infrastructure and Antin Infrastructure Partners.
Preguntado recientemente por los periodistas, el ministro de Energía, José Manuel Soria, aseguró que el Gobierno siempre ha tenido en cuenta la legalidad y el interés general a la hora de legislar y declinó hacer más comentarios.
