Octubre ha traído buenas noticias para el impulso de la rehabilitación energética de edificios. Europa identificaba esta actividad como una de las siete áreas destinatarias de fondos europeos para la reconstrucción y aprobaba la Estrategia Renovation Wave, con la que pretende duplicar la tasa de renovación actual en diez años. Y España, a la espera de recibir un total de 140.000 millones de estos fondos, situaba la rehabilitación energética en su Plan de Recuperación como una de sus políticas palanca para una reforma estructural de la economía, e incluía la renovación de edificios en las agendas de regeneración urbana y de modernización de las administraciones públicas. Semanas después el Gobierno ha asignado 4.300 millones de euros para la rehabilitación de viviendas en el Anteproyecto de Ley de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.
El escenario para la financiación pública despierta, por tanto, interés. Más aún si se considera que se pueden movilizar 3 euros de inversión privada por cada euro de inversión pública en el sector de la rehabilitación.
Desde el lado de la planificación, los instrumentos marco ya están preparados. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima y la Estrategia de Rehabilitación de Edificios a Largo Plazo han sentado las bases para una hoja de ruta para el medio y largo plazo respectivamente. El objetivo es intervenir en la rehabilitación de la envolvente y las instalaciones en 1,2 millones de viviendas para el 2030 y en 7 millones para 2050.
Al margen de la discusión sobre la pertinencia y la viabilidad de aumentar los objetivos para la rehabilitación, en particular para el período 2040-2050, en lo inmediato hay faena. Alcanzar el ritmo medio que establece el PNIEC de 120.000 viviendas/año implica multiplicar por cinco los niveles actuales de renovación, y para alcanzar la velocidad de crucero de 350.000 viviendas del período 2030-2040, multiplicar por catorce.
En la actual crisis económica provocada por la Covid-19, muchas familias y empresas no podrán invertir en mejoras de la envolvente térmica de sus viviendas e inmuebles. De modo que la renovación energética de los edificios públicos tiene que desempeñar un papel ejemplar y tractor en el mercado de la rehabilitación. Las administraciones públicas tienen los medios para liderar esta transformación.
En este panorama, el presidente del Gobierno ya ha anunciado que las Comunidades Autónomas ejecutarán directamente más del 50% de los fondos del plan de recuperación europeo. Pero ¿cómo se distribuirán los fondos? ¿Se condicionará la financiación a los resultados logrados? ¿Cómo habrá que rendir cuentas?
La futura Ley de Cambio Climático y de Transición Ecológica ha elegido una formulación abierta y demasiado laxa (art. 34) sobre las obligaciones que les corresponde consecuentemente a las Comunidades Autónomas, en las que descansa buena parte de las competencias para la implementación de políticas públicas sectoriales. Por tanto, no tenemos un marco para el reparto de esfuerzos, sólo una llamada a elaborar documentos.
En el Foro Solar de UNEF se hablaba de las distintas velocidades en el desarrollo renovable de las Comunidades Autónomas, y Cataluña solicitaba al Gobierno de España que se distribuyeran unos "cupos" para que todas pudieran tener las mismas oportunidades.
En materia de rehabilitación va a haber también variaciones territoriales, con una inversión similar se obtienen ahorros muy dispares, pues el consumo energético en climatización y en ACS por vivienda puede ser cinco veces superior en las zonas más frías respecto a las más cálidas. Las políticas públicas tendrán que velar por que la renovación de edificios se produzca allí donde más se necesite y proporcione una salida verde para el sector de la construcción. Es tan fundamental como urgente aumentar la presión para que las Comunidades Autónomas establezcan su propia hoja de ruta, una agenda comprometida con la descarbonización de la edificación y la creación de empleo.
