panorama

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Piet Holtrop propone al nuevo gobierno del PSOE una serie de pasos que ayudarían a recuperar la seguridad jurídica en el sector de las renovables, diezmada por el anterior ejecutivo. Y recuerda una publicidad sobre Bonos del Estado en la que se decía: “Habré ganado en tranquilidad. Cuando inviertes en Tesoro Público, tu futuro se escribe en futuro perfecto”. ¿Qué pensarán de este mensaje quienes han invertido en renovables?
Tangible e intangible

En el libro Capitalism without Capital, the rise of the intangible economy, Jonathan Haskel & Stian Westlake, explican cómo funciona nuestra economía contemporánea, de capitalismo sin capital. Argumentan que desde los años ochenta del siglo pasado, lo intangible juega un papel cada vez más importante en nuestras economías. Resulta necesario encontrar métodos fiables y consensuados para valorar estos activos intangibles tanto en los balances de las empresas, como a nivel macroeconómico, para incorporarlos en el PIB mundial. Un ejemplo interesante de estos activos intangibles son los modus operandi de grandes empresas de informática, donde culturas internas determinan en mucha medida su éxito, y donde también la inversión en esta cultura es un coste hundido: no puede venderse dicha cultura, ni adquirirse, por ser un activo, además de intangible, intrínseco a la empresa de la que nace.

Hay interesantes paralelismos con la transición energética en España. Nuestra transición energética empezó también en los años ochenta del siglo pasado, y unos intangibles clásicos y fáciles de entender como son las patentes, son esenciales en el sector de las energías renovables. España juega en la primera liga en estos intangibles. En otros intangibles, nuestros reguladores de los últimos años nos han relegado a posiciones muy desfavorables, en comparación con la posición en la que estábamos en la primera década de este milenio.

En lo que viene del año, no obstante, las energías renovables están destacando sobre todo por la bajada de los costes en la economía de la transición energética. Estamos hablando de un aspecto bien tangible, tratándose de los costes de los componentes físicos de las instalaciones productivas de electricidad a partir de fuentes renovables. Hoy las tecnologías más maduras como son la eólica y la fotovoltaica ya son capaces de producir electricidad más barata que las tecnologías convencionales. Buena noticia.

Activos intangibles también los hay colectivos en una sociedad, y aunque no se cuentan en el producto interior bruto, sí determinan su valor, funcionan como multiplicadores o reductores igual que los activos intangibles empresariales. La calidad regulatoria y la seguridad jurídica son dos ejemplos que a mí me conciernen profesionalmente de forma directa. En este sentido, mi mix de trabajo se puede ver como un reflejo de la calidad del Estado de Derecho en el que ejerzo.

La seguridad jurídica da tranquilidad a los ciudadanos, igual que los Bonos del Estado, según la publicidad que vi un día de estos en el aeropuerto de Barcelona. El anuncio del tesoro público dice, literalmente: “Habré ganado en tranquilidad. Cuando inviertes en tesoro público, tu futuro se escribe en futuro perfecto”.

Puede que la tranquilidad de los ciudadanos sea el valor intangible de fondo más importante en una civilización moderna.

El primer ejercicio de cualquier nuevo gobierno es hacer inventario de las cosas que mantendrá y de las que no mantendrá. Según las noticias de los últimos días, y como era de esperar partiendo de un modelo de coherencia entre lo que ha manifestado el PSOE en el Congreso, y lo que dirá una vez gobernando, la rentabilidad razonable de la retribución de las energías renovables según Real Decreto 413/2014 ahora se mantendrá. De modo que nos quita de encima, a todo el sector de energías renovables, una angustia enorme provocada por las amenazas del anterior ministro de Energía de volver a bajar esta rentabilidad razonable. Según su concepto, lo que tenía que dar tranquilidad a unos, la rentabilidad del tesoro público, tenía que dar ansiedad a otros, cuando la norma que era la base de ello, el Real Decreto–Ley 9/2013, definía esta rentabilidad claramente para toda la vida regulatoria de estas plantas.

Otra cosa que podría mantener el nuevo gobierno sería la inexistencia de facto del peaje de respaldo, el popularmente llamado impuesto al sol. El anterior gobierno nunca llegó a reglamentar su recaudación, y después de 3 años es momento de despedirnos de esta insensatez. De este modo nos vamos aproximando como país a los estándares europeos, como tiene que ser. Por supuesto tampoco es sorprendente, teniendo en cuenta la trayectoria de Teresa Ribera, la nueva ministra del nuevo ministerio de Transición Ecológica y, por supuesto, teniendo en cuenta que José Blanco, el ponente de la nueva directiva europea de renovables, también es del PSOE. Teresa Ribera ya lo ha comunicado a nuestros socios europeos en la reunión trílogo del 11 de junio de 2018. Es coherente.

No tengo duda de que también el nuevo gobierno realizará las demás correcciones pertinentes para poner la regulación española del autoconsumo en armonía con la europea. Es previsible que en las próximas semanas tengamos aprobado un texto de la ya mencionada nueva directiva de renovables, resultado de las  negociaciones entre todos los ministros de la Unión Europea (Consejo), la Comisión, y el Parlamento Europeo, de modo que lo más fácil sería adaptar la regulación nacional a ello, a modo de anticipación. Ya hay una propuesta en consulta pública para un Real Decreto de acceso y conexión: basta con introducir los cambios pertinentes allí. Esto daría mucha previsibilidad y en  consecuencia tranquilidad a los ciudadanos. En los próximos días ahondaré más en ello.

También sería coherente que el gobierno se personase en el procedimiento T-186/18 ante el Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es el procedimiento de la impugnación de la decisión del 10 de noviembre de 2017, C(2017) 7384 final, State aid SA.40348 (2015/NN) de la Comisión Europea, sobre los sistemas de apoyo a las energías renovables en España. La postura de los gobiernos en este tipo de procedimiento suele ser la defensa del interés nacional, mientras la Comisión Europea ha de velar por la correcta y estricta aplicación del Derecho Europeo.

De nuevo basta con mantener una postura coherente, defendiendo el sistema de apoyo a las energías renovables que en su día había aprobado el gobierno de su partido, es decir, el sistema del Real Decreto 661/2007. Esta defensa se hace en la estricta óptica del marco legal de las Ayudas de Estado. La Comisión omitió averiguar si el antiguo sistema constituía Ayuda de Estado, y si en su caso era sobre-compensado o no. El Gobierno puede defender con buenos argumentos que no eran Ayudas de Estado, y si finalmente no estuviera de acuerdo el TJUE con tal planteamiento, el Estado español debería argumentar que estas ayudas no estaban sobre-compensadas (por estar en línea con otros sistemas vigentes en este periodo).

Una vez aclarada la situación jurídica, el TJUE dejaría claro que la excepción a la confianza legítima en su vertiente europea, invocada por la Comisión Europea en su Decisión, no es aplicable aquí, y tendría que extender las pautas necesarias a la Audiencia Nacional en España para interpretar este principio correctamente en los recortes retributivos ocurridos en España. Anticipo que la interpretación no se iría mucho de la interpretación en los Laudos Arbitrales, y que el Estado español los tiene por perder.

Alternativamente, el Gobierno podría modificar la disposición derogatoria única y la disposición final segunda del Real Decreto–Ley 9/2013, y en su rebufo también el Real Decreto–Ley 14/2010 para destacar las disposiciones más importantes, sin perjuicio que algunas otras disposiciones pudieran sufrir ligeras modificaciones, y todo ello con el único fin de ahorrarse mucho más dinero que en la opción judicial / arbitrajes. Es lo que el ahora presidente Pedro Sanchez ya prometía en 2014, que se respetaría el Real Decreto 661/2007 una vez que estuviera gobernando.

Además el problema con las sentencias arbitrales es que obligan al Gobierno a liquidar ya a día de hoy todo el daño sufrido por las instalaciones durante su vida útil. Hay que sumar a ello la defensa ante estos tribunales, que cuesta millonadas cada vez. Si el Gobierno modificara la regulación como sugiero, de golpe sólo se re-liquidarían los años de vigencia del sistema actual, siendo esto mucho menos costoso que la opción de indemnizar a todo un sector por todo el daño que sufrirá de forma cumulada por este sistema. El nuevo sistema retributivo seguirá en pie para la potencia adjudicada en las recientes subastas, así tampoco afectará la seguridad jurídica de éstas. Si el Gobierno rectificara ahora la seguridad jurídica del país, su personación en el ya mencionado procedimiento T-186/18 ante el Tribunal General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sería una buena oportunidad para pasar por el análisis de la Comisión Europea y, espero, ratificar esta rectificación en términos de Ayuda de Estado, de este modo revistiéndolo todo también con la máxima seguridad jurídica Europea.

Hay un grupo de aproximadamente 465 instalaciones fotovoltaicas pequeñas, generalmente propiedad de familias y pymes que han sido inspeccionadas, de las cuales unas 65 han sido expulsadas completamente del sistema retributivo por haber cumplido con retraso a su conexión unos requisitos que se concretaron posteriormente a esa conexión, y estos casos tampoco alcanzaron todavía el TJUE. Su expulsión del sistema no está en ninguna proporcionalidad con estos incumplimientos, y en este caso propondría una modificación del Real Decreto 1003/2010 en el sentido que estas instalaciones tendrían que migrar al sistema retributivo que hubiesen percibido si se hubieran conectado realmente fuera de la aplicabilidad de los plazos que les eran aplicables a estas instalaciones. El coste que tendría esta operación para el sistema eléctrico apenas se notaría en su conjunto, mientras que a las personas que están detrás de estas situaciones se les evitaría la ruina. Lo comentamos en el despacho de José Blanco durante mi último viaje a Bruselas, y él dijo que la llave aquí la tiene el gobierno, siendo según su óptica una modificación normativa la única solución al problema.

Con ello el Gobierno habría demostrado que el Estado de Derecho de la nación es resiliente, y con ello habría recapitalizado en el activo intangible más importante para la transición energética, que ha empezado tímidamente a coger masa crítica en España. De este modo podremos acceder al capital en los mismos términos económicos que otras civilizaciones europeas, sin tener que pagar la prima de riesgo que pagamos ahora. Sería una gran inversión en capital que dará su retorno a todos los ciudadanos de España y, por supuesto, al medio ambiente, de manera muy tangible.

De este modo, tampoco habrá ningún problema para que nuestro nuevo Gobierno mantenga la publicidad del Tesoro Público, que nos promete un futuro perfecto.

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Miguel
Apreciado Rafa, efectivamante, el término \"ingente\" es relativo, ahí no le voy a quitar la razón. 10.000 millones + 2.000 millones x 20 años = 50.000 millones euros (eso, tirando por lo bajo). Para unas personas, 10.000 o 50,000 millones sera mucho y para otras será una limosna. También influye en las apreciaciones si a uno le toca pagar o le toca recibir, pero a la hora de añadir esas cantidades a la tarifa de la luz, no dejan de ser cantidades importantes que rondan el 10% de la factura actual, y, que deberán sufragar los ciudadanos/empresas, que seguro que tienen una apreciación diferente de quienes las quieren recibir. Si como creo entender en lo que comenta, lo que desea es que esos cargos no vayan al recibo de la luz, sino a un impuesto que paguen no se si todos los ciudadanos, o bien solo mediante impuestos medioambientales, pues el gasto no quedará reflejado en el recibo de la luz, pero de lo que no cabe duda es que los ciudadanos lo tendrían que pagar igual, con más o menos gusto, cosa que depende de cada ciudadano, y de lo que le toque pagar a cada uno. Reciba un cordial saludo.
Rafa Ortiz
Apreciado Miguel: Valoro sus comentarios, y me permitirá que discrepe en algunos aspectos sobre los mismos como por ejemplo, la \"ingente cantidad en primas\", puesto que dicho de tal manera parece ser que efectivamente, sea ingente, pero tomado en su justa medida económica, no es nada.... Esos 10.000 millones de los que habla Ud. se pagan además por conceptos como Transporte o Distribución, y nunca se para a pensar, si verdaderamente dicha magnitud económica está justificada porque las redes se deben de \"renovar\" cada ¿5, 6, 10, 30 años? también aplicable a la distribución (en mi barrio, nunca he visto en los últimos 20 años que se haya cambiado, o mejorado dicha red). No son 10.000.- millones, pero si unos miles de millones lo que cada año se pierde en las redes de energia, o sea la diferencia entre la producción y el consumo.... y ¿sabe porqué?, cierto, por la centralización de la producción a cientos de kilometros del consumo, cosa que con el autoconsumo este problema se reducirá drásticamente (pérdidas de red) y por lo tanto se dejarán de perder esos cientos, miles de millones que suponen y que no paga el consumidor pero si cobra el generador. Un argumento más a favor del autoconsumo. Para finalizar esta primera discrepancia, solamente indicarle que el sistema eléctrico mueve muchos millones de KWh y a céntimos, muchos miles de millones de euros.... también quizá haya que pensar que quieren interesadamente desviar el foco de atención sobre las minorias para distraer y a la vez preservar un status quo de otros operadores aunque éste ni sea viable, ni posible ni sostenible. En cuanto al \"impuesto al sol\" solo indicarle que siempre, siempre, un impuesto es un elemento desintencivador, por eso allá por 2004, con el PP en el Gobierno y después con ZP, desde europa se propuso la creación de impuestos medioambientales desincentivadores el consumo de energías sucias y que sirvieran para \"primar\", premiar, desarrollar las EERR, no quisieron tomar esa vía y por lo tanto, hoy, somos el país con impuestos medioambientales por debajo, sino de los últimos, de la UE. Sé que me dirá que hay o habrá consumidores que no podrán autoabastecerse y que así, solo ellos tendrán que pagar las redes de transporte, etc., bien, yo, no circulo, ni circularé por autovias, de Galícia, por ejemplo, pero son necesarias y de hecho, tanto Ud. como yo, las hemos pagado (quien dice Galicia dice....) aunque nunca las utilicemos, pues con estos gastos inherentes del sistema, habrá que hacer lo mismo.... creo que se llama \"solidaridad\", es decir, que se paguen de los impuestos que pagamos todos y no simplemente con los de los usuarios, porque mis excedentes no utilizarán ninguna \"autopista\" de la energía y al contrario, como he indicado al principio, utilizará mi energía \"carreteras comarcales\" para que en mi barrio se consuma, si es que antes no la han consumido mis vecinos de edificio. Otro aspecto, cuando menos curioso, es que ese impuesto no se quite para todas las potencias, es decir, porqué una empresa con elevados costes energéticos no puede intentar sino eliminar dichos costes, si reducirlos de manera considerable para ser más competitiva así, pasó, por ejemplo con la Cogeneración que si bien no ahorró costes, si que generó ingresos..... no nos quejamos de que no tenemos una industria competitiva, pues bien, no solo ahorrando en salarios se consigue, quizá ahorrando por otros lados, consigamos ser competitivos y que nuestras mercancias, las compre todo el mundo Un cordial saludo
Miguel
Volver a el Real Decreto 661/2007 significa que el ciudadano tendría que pagar una ingente cantidad de millones de euros vía subidas en el recibo de la luz. La cifra podría superar los 10.000 millones de euros acumulados hasta 2018, más una subida añadida anual de la primas a renovables superior a 2.000 millones de euros al año. Se le echaría la gente encima. Una cosa es prometer y otra hacerlo.
Miguel
Alemania quiere poner un impuesto a las instalaciones fotovoltaicas con una potencia superior a 3 kW. Un impuesto de verdad, a diferencia de España, que no es un impuesto, sino el pago del 25% variable de los costes del sistema eléctrico. Un pago que realizan todos los ciudadanos españoles conectados a la red, exceptuando quienes tienen paneles solares con una potencia inferior a 10 kW, que están exentos. Dinamarca está en la misma línea de cobrar un impuesto por la energía autoconsumida por quienes tienen una instalación fotovoltaica. Si el señor Piet Holtrop no tiene duda de que el nuevo gobierno realizará las correcciones pertinentes para poner la regulación española del autoconsumo en armonía con la europea, pues.. lo mismo ponen un impuesto, pero esta vez de verdad y al sol.