Los recortes en la Comunidad Valenciana alcanzan el 40% en el caso de la energía eólica y la solar fotovoltaica, y el 22% en el caso de la cogeneración, de acuerdo con los datos de Avaesen. En conjunto, son 231 millones de euros menos, de los que 102 millones se recortan en la energía solar fotovoltaica, 80 millones en la energía eólica, 37 millones en la cogeneración, y el resto en otras energías como biomasa, solar térmica, minihidráulica y residuos.
El impacto va a ser diverso, según aseguró presidente de Avaesen, Marcos J. Lacruz.. “Por un parte, miles de inversores y familias que invirtieron sus ahorros en energías renovables van a tener que refinanciar, y en unas condiciones menos ventajosas que cuando iniciaron su inversión; a esto se unen los retrasos en los pagos a lo generado por las plantas energéticas, que dejarán de ser mensuales, sin establecer cuantías ni plazos la nueva legislación”.
En la cogeneración, el impacto lo van a sufrir en su mayoría las plantas azulejeras de Castellón, puesto que los recortes repercuten directamente en las fábricas, incrementando sus costes y haciéndolas menos competitivas en el mercado nacional y en el de la exportación
En Valencia, el sector energético lo componen empresas promotoras, fabricantes, consultores, ingenierías, instaladores, certificadores y mantenimiento. Entre 2011 y 2013 el sector ha perdido el 57% de los puestos de trabajo se habían creado en la región, según los datos recopilados por la asociación.
En 2011 había 41.750 puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos relacionados con el sector de la energía renovable, en 2012 disminuyó hasta los 33.935 y en 2013 la caída llegó hasta los 18.048 puestos de trabajo, cifras por debajo incluso de 2007. Con la nueva legislación la pérdida de puestos de trabajo continuará en los próximos años, según las estimaciones de Avaesen.
Actuación judicial
En la jornada también se apuntaron las posibles vías de actuación judicial. Una es acudir a la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Supremo, reclamando daños por responsabilidad patrimonial de la Administración, con lo que se tendría que demostrar un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado por afectado.
La segunda vía es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si se constata una deficiente transposición de la Carta de Energía Europea.
