Sebastián, Soria y los Nadal prevaricaron para beneficiar a Iberdrola, Endesa y compañía

"España ha sido el único país del mundo que ha declarado una moratoria renovable", ha dicho Fernando Ferrando, el presidente de la Fundación Renovables, durante la presentación -telemática- del informe «Lecciones aprendidas para salir de la crisis». El documento, de casi 150 páginas, denuncia sin rodeos las "campañas gubernamentales de desinformación" cuyo objetivo no era otro que desprestigiar las energías renovables a ojos de la opinión pública. "Política de desinformación planificada", dice en otro lugar la Fundación (en la página 43), en la que "los medios de comunicación fueron parte fundamental" y en la que "conocidos tertulianos y periodistas de cabecera" funcionaron como "correo de transmisión". Los malos desarrollos legislativos -página 68- han venido precedidos de "campañas previas de manipulación social, tanto del gobierno como de los sectores que podían salir beneficiados".

A sabiendas
"Con la distancia que da poder analizar a posteriori las consecuencias de las decisiones políticas adoptadas, puede concluirse que estas fueron injustas, en muchos casos a sabiendas, y que hemos perdido no solo el papel de liderazgo que habíamos alcanzado [en materia de renovables], sino la posibilidad de recuperar el retraso estructural que teníamos y que seguimos manteniendo en materia energética". Esa es la conclusión general que extrae la Fundación Renovables del análisis que ha hecho de las medidas que adoptaron entre 2009 y 2018 los ministros Sebastián, Soria y Nadal: decisiones injustas en muchos casos a sabiendas, lo que, sensu stricto, no es sino prevaricación.

La bancarrota de Lehmann Brothers, que pasa por ser el pistoletazo de salida de la crisis financiera global, tiene lugar en septiembre de 2008. Casi, casi a la vez, el Gobierno Zapatero está llamando a la ciudadanía, desde el propio Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), a invertir en renovables. "El Sol puede ser suyo", decía la campaña institucional -febrero de 2008- con la que el IDAE animaba a invertir en fotovoltaica, una campaña que ponía ejemplos concretos de inversión, ingresos esperados (el Gobierno establecía para el kilovatio hora generado por las placas solares una tarifa regulada que el productor cobraría durante 25 años), rentabilidad. Todo parecía en fin estar muy claro (información institucional, fuente fiable, números concretos, aval del Estado, que había publicado esas tarifas en el BOE, etcétera, etc).

En realidad -viene a apuntar el informe-, son los prolegómenos de la etapa más negra de las energías renovables, que comienza, de la mano del ministro Sebastián, en el bienio 2009-2010, es decir, casi inmediatamente después de que su propio departamento (el IDAE dependía y depende de la cartera de Energía) lanzara las campañas de captación de inversores. El primer recorte (referido al plazo durante el cual el productor tenía derecho a cobrar esa tarifa) llega en 2010; el segundo también; en 2011 el PP gana las elecciones (mayoría absoluta) y a Sebastián le suceden José Manuel Soria, y su secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal) que continúan recortando y recortando hasta lograr mermas de hasta un 50% sobre lo puesto negro sobre blanco en el BOE.

La consecuencia de esa modificación es que las familias que habían solicitado créditos para poner en marcha sus huertas solares (y que se habían comprometido a pagar una letra equis en función de lo que iban a obtener por la venta de sus kilovatios hora durante 20 ó 25 años) se ven así gravemente afectadas en el año cuarto ó quinto de sus pagos, cuando comienzan a ingresar a partir de entonces mucho menos de lo previsto y tuvieron que refinanciar su deuda hipotecándose o solicitando más créditos.

Los más perjudicados se vieron, se han visto, abocados a vender (sobre el particular, léase Los fondos buitre acechan las huertas solares)

Y todos los recortes, so pretexto de acabar con el déficit de tarifa, expresión que grosso modo quería decir que (1) los ingresos del sistema (lo que pagamos todos los consumidores) no eran suficientes para pagar el sistema (redes de transporte, distribuidores de electricidad, generadores de kilovatios hora, primas de las renovables y algunos otros costes) y (2) el gran culpable de que no sean suficientes esos ingresos son las renovables, que son muy caras; tan caras son que, aunque ha subido mucho el recibo de la luz, lo recaudado no alcanza para pagar todo lo que hay que pagar, ergo déficit-deuda que todos los consumidores vamos acumulando y acumulando y acumulando. ¿Culpables? Las renovables.

Que había déficit era cierto, pero que la culpa era de las renovables no lo era
Como tampoco era cierto que las renovables fueran las responsables del brutal encarecimiento de la factura de la luz. Los datos los ha repasado esta mañana Ferrando durante la presentación del informe. Y los números no dejan en buen lugar al Gobierno. Vamos paso a paso. La factura, en lo que se refiere a lo económico, se divide grosso modo en dos partes: una depende de lo que marca el mercado y otra depende de lo que establece el legislador (estos últimos son los denominados costes regulados, que fija el gobierno; por ejemplo, el Gobierno establece cuándo debe cobrar por su trabajo el transportista único, que es Red Eléctrica de España, REE; cuánto deben cobrar las distribuidoras por llevar la electricidad a cada casa; cuánto debe cobrar quien produce energía limpia (renovables), etcétera, etc. Pues bien, según el informe, mientras la parte que depende del mercado ha subido en los últimos 15 años un 85%, la parte fija regulada por el gobierno ha subido un... 156%. O sea, que el Gobierno ha sido el principal encarecedor de la luz, según la Fundación.

Una de las medidas clave de ese encarecimiento es la brutal subida del precio de la potencia (otro de esos costes que establece el Gobierno). La factura, en lo que se refiere a lo técnico, está dividida en dos partes: fija y variable. La variable se mide en kilovatios hora que consumo, cantidad que unos meses será más elevada y otras, menos. Y la fija sería la potencia mínima que necesito para que no se me vayan los plomos si enchufo a la vez la plancha y el horno. Es más fácil ahorrar kilovatios (con bombillas de bajo consumo, cambiando las ventanas o apagando la luz del pasillo), que ahorrar potencia, porque ahí vamos a necesitar al menos un mínimo por debajo del cual no vamos a poder contratar si no queremos que nos salten los fusibles cada dos por tres. En ese sentido, el cliente doméstico es ahí más cautivo. 

¿Y qué hizo el Gobierno? Pues, durante su primera legislatura (2011–2015), el Ejecutivo Rajoy sube el precio del término de potencia de la tarifa doméstica un... 123%. Lo hace en varios pasos, pero la peor subida percutida sobre las familias tiene lugar en el corazón, en lo peor, de la crisis, en el mes de agosto de 2013: subida del 37%. En ese momento histórico de España, y según la Encuesta de Población Activa, la tasa de paro ronda en el país el 26%, la más elevada de la historia: más de cinco millones de parados, según el Servicio Público de Empleo Estatal). Por cierto, que el actual Ejecutivo, presidido por un Sánchez que ha cumplido esta semana dos años en La Moncloa, aún no le ha tocado una coma a esa subida brutal.

Pero no estábamos hablando de subidas; estábamos hablando de recortes
Veamos, porque la letra pequeña del informe de la Fundación es esclarecedora. Entre 2008 y 2013, año en el que el PP concluye la parte más importante de sus reformas-recortes, reformas que ahondan las estrenadas por Sebastián, en esos cinco años de recortes a la retribución del kilovatio hora generado con fuentes renovables (recortes de hasta el 50% a los inversores que se fiaron del IDAE), en ese quinquenio en fin de recortes espectaculares a las renovables so pretexto de luchar contra el déficit de tarifa, el Gobierno le sube la retribución (el sueldo) al transportista (REE) un 29%; le sube la retribución (el sueldo) a los distribuidores (Endesa, Iberdrola, Gas Natural y compañía) un 17%, le sube la retribución a las compañías eléctricas que prestan servicios de capacidad un 104%; y le sube la retribución a las grandes multinacionales que prestan servicios de interrumpibilidad un 196% (estos dos servicios -capacidad e interrumpibilidad- han sido calificados por muchos expertos de subvenciones encubiertas).

Una actuación perfectamente orquestada
"Esta política -señala el informe- tuvo su máxima expresión con la Reforma Eléctrica de 2013, que consolidó un sistema eléctrico no pensado en la eficiencia y en los consumidores, sino en las empresas y en el mantenimiento y mejora de sus resultados". ¿Conclusión? Pues el informe cierra esta su primera parte en estos términos: "hemos vivido un periodo negro definido por la pérdida de la seguridad jurídica del Estado, que se puso más a favor de resolver la garantía de rentabilidad de las empresas del sector energético (sin que existiera peligro para su supervivencia), que a favor de velar porque el suministro de un bien de primera necesidad, como es la electricidad, fuera considerado como tal".

A mediados de 2015, cuando el Partido Popular enfila la recta final de su legislatura y ya puede apreciarse el impacto de la reforma PP, el precio de la electricidad doméstica en España está por las nubes. Según Eurostat, que es la oficina europea de estadística, ese precio ha subido un 69% desde que estallara la crisis, en septiembre de 2008 (véase gráfico a la derecha). Más aún: el presidente de la Fundación, Fernando Ferrando, ha mostrado en su presentación un gráfico elaborado a partir de datos de la propia Eurostat y la Asociación de Ciencias Ambientales (véase en la página 66) que revela que España es el país de Europa en el que, entre los años 2008 y 2016, más se ha incrementado el precio de la electricidad sin impuestos para el consumidor doméstico promedio en unidades de paridad de poder de compra. En resumen: "la salida de la crisis de 2008 en el sector energético -señala la Fundación- supuso un retroceso tanto por mantener una apuesta por fuentes y tecnologías sin recorrido (que ahora vemos que se van cerrando), como por negársela a sectores de futuro como la eficiencia y las renovables. Las consecuencias de la salida de la crisis de 2008 en materia energética no fueron motivadas por un simple error de cálculo, sino por una actuación perfectamente orquestada".