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Bankinter, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Santander

Los principales bancos españoles continúan omitiendo información sobre su impacto ambiental

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Es la conclusión principal del informe que acaba de publicar el Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA). El estudio señala que, a pesar de que la banca ha aportado más información ambiental que en años anteriores, la ausencia de indicadores clave sigue impidiendo entender el impacto real de su actividad financiera. El IIDMA destaca la omisión generalizada de algunos datos clave, como las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) atribuibles a sus productos financieros, o el impacto de su actividad en la biodiversidad y el medio ambiente. Las entidades señaladas son Bankinter, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Santander.
Los principales bancos españoles continúan omitiendo información sobre su impacto ambiental

El último informe del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), que analiza el grado de cumplimiento de Bankinter, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Santander en 2021, revela que una gran cantidad de información sobre el impacto la actividad en el medio ambiente de los bancos españoles es omitida. El estudio, titulado La banca española y el reporte de cuestiones ambientales: Análisis de los Estados de Información No Financiera 2021, señala que, a pesar de que la banca ha aportado más información ambiental que en años anteriores, la ausencia de indicadores clave sigue impidiendo entender el impacto real de su actividad financiera. Desde el año 2018, las entidades están obligadas por el Código de Comercio a incluir, en sus Estados de Información No Financiera (EINF), datos significativos en relación a dicha actividad.

El IIDMA destaca la omisión generalizada de algunos datos clave, como las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) atribuibles a sus productos financieros, o el impacto de su actividad en la biodiversidad y el medio ambiente. Esto último, exigido no solo por la ley de 2018 del Código de Comercio, sino por los Principios de Ecuador relativos a la gestión de los impactos ambientales de los proyectos financiados por la banca, iniciativa internacional voluntaria a la que todas las entidades analizadas se han adherido. Por otro lado, la ausencia de una información más detallada impide que inversores, empresas financieras y público en general conozcan con claridad la exposición a los riesgos climáticos de cada banco. Es decir, el riesgo de devaluación de sus activos por no adaptarse a las medidas de descarbonización de la economía, estipuladas por diversos tratados internacionales, como el Acuerdo de París, según añade IIDMA en un comunicado. En concreto, "la banca está altamente expuesta al riesgo climático de transición por la acumulación de activos en sectores intensivos en carbono". En este sentido, el informe hace referencia al estudio 'Fossil Fuel Finance Report 2022' de RAN y BankTrack, que revela que, entre 2016 y 2021, los 60 principales bancos a nivel mundial destinaron 4,6 billones de dólares a empresas vinculadas a los combustibles fósiles, de los cuales, 742.000 millones se invirtieron en 2021.

Quentin Aubineau, abogado ambiental del IIDMA señala que "la divulgación de datos relevantes y comparables es esencial para identificar qué actores del sector bancario apoyan una descarbonización real de la economía". Sin embargo, el informe apunta que una gran parte de los datos publicados en los EINF de la banca se centran en la huella ambiental de sus propias oficinas, cuyo impacto es completamente marginal en comparación con las emisiones de GEI que pueden producir las empresas que financian. Asimismo, el IIDMA pone de manifiesto que existe "prolija información respecto a los proyectos de finanzas sostenibles que los bancos apoyan", pero la falta de otros datos impide comparar el porcentaje que estos proyectos representan dentro del conjunto de carteras de la banca española.

El IIDMA concluye su informe con una serie de recomendaciones, entre las que destaca la utilización de indicadores clave, relevantes y comparables, la divulgación de datos sobre las emisiones de GEI de sus productos financieros y la exposición de sus carteras a sectores intensivos en carbono, y la medición del impacto de su actividad en la biodiversidad y el medio ambiente.

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