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Covid-19: prueba de fuego para las políticas energéticas y climáticas de la UE

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A corto plazo, la crisis de COVID-19 está incidiendo en la forma en que trabajamos e interactuamos; a largo plazo, afectará enormemente a nuestras sociedades y a los fundamentos de nuestros sistemas económicos y sociales. Sin embargo, esta amenaza sanitaria sin precedentes no borra la emergencia climática, "el último reto de este siglo", como lo describe el Centre on Regulation in Europe (CERRE).
Covid-19: prueba de fuego para las políticas energéticas y climáticas de la UE

Este centro europeo, ubicado en Bruselas y cuyo objetivo es ayudar al desarrollo de una reglamentación sólida y coherente en las redes e industrias digitales de la UE, acaba de publicar un estudio –"The Covid-19 crisis: a crash test for EU Energy and Climate Policies"– en el que defiende que la crisis provocada por el COVID-10 "debería ayudar a la UE a anticipar y gestionar mejor el cambio climático, el último reto de este siglo". Afirma, además, que sería "inaceptable utilizar el pretexto de la crisis de COVID-19 para debilitar los pilares existentes de las políticas energéticas y climáticas de la UE".

En este documento, CERRE muestra los cinco retos generados por la crisis actual que hay que abordar de inmediato y plantea cómo hacerlo:

• Comercio de Derechos de Emisión de la UE

El Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS) es el instrumento de política climática más expuesto al choque de COVID-19 y su primera víctima. El precio del carbono se está hundiendo, alcanzando sus niveles más bajos (16 euros por tonelada) desde noviembre de 2018. Si bien el precio del CO2 difícilmente se recuperará en 2020, la incertidumbre e inestabilidad del sistema puede socavar los planes de eliminación gradual del carbón. También puede reducir los ingresos públicos procedentes de las subastas y puede ralentizar las inversiones de bajo consumo de carbono.

Por lo tanto, es fundamental que la Comisión Europea, tras el COVID-19, se plantee de manera prioritaria cómo estabilizar el sistema de fijación de precios del carbono. Esta nueva propuesta debería tener en cuenta, al menos, un precio suelo de carbono para garantizar la coherencia en toda la UE durante la cuarta fase del ETS (2021-2030). Además, la propuesta de un Mecanismo de Ajuste de Carbono debería quedar en suspenso hasta que el ETS recupere la estabilidad necesaria. Y deberían estudiarse más a fondo otros instrumentos para protegerse contra fugas de carbono de las industrias electrointensivas (como contratos de carbono por diferencia).


• Planes climáticos para 2030

El segundo elemento más expuesto es el plan para alcanzar en 2030 los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de un mínimo de un 40% hasta por encima del 50% en relación con los niveles de 1990. El Plan Climático de la Comisión Europea tiene como objetivo definir las trayectorias obligatorias durante las próximas tres décadas (2030-2040-2050). Sin embargo, ahora es urgente incluir en  los ejercicios de modelización las implicaciones de esta crisis sanitaria y económica mundial sin precedentes.

La Comisión Europea debe definir nuevos escenarios que incluyan una menor producción industrial, crisis en sectores estratégicos (la aviación, el automóvil, el turismo, etc.), menores precios del carbono y otros acontecimientos socio-demográficos fundamentales que se derivarían de una posible recesión de cinco años de duración. La reciente evaluación inicial del Plan de Acción sobre el Clima es una oportunidad perfecta para examinar los escenarios de recesión y sus consecuencias sociales.


• Directrices sobre la protección del medio ambiente y la energía
Las directrices sobre ayudas estatales para la protección del medio ambiente y la energía (2014-2020), previstas para antes de finales de 2021, deberán calibrarse cuidadosamente. Deberían convertirse en un instrumento de flexibilidad vital para suavizar el efecto de COVID-19 en sectores estratégicos de la economía de la UE y, en particular, en las capacidades operativas de toda la industria energética en tiempos de turbulencia económica.

La Comisión Europea acaba de lanzar un proyecto de propuesta de un marco temporal de ayudas estatales para apoyar la economía. Las lecciones que se aprendan de este "marco de crisis" deberían integrarse en las nuevas directrices. Esto ayudará a garantizar que todo el sistema energético, como sector estratégico, no se vea obstaculizado a raíz de la crisis y que se pueda asegurar un suministro asequible a todos los consumidores mientras no se restablezca la economía. Las nuevas directrices deben estar impulsadas por el principio de neutralidad tecnológica y ser coherentes con la futura trayectoria de 2030 de la Ley Europea del Clima.


• Impactos post COVID-19

El cuarto elemento es el papel cada vez más importante que las políticas climáticas desempeñarán en las secuelas de COVID-19. La Eurozona luchará por minimizar el alcance de la prevista recesión, pero las tasas de desempleo aumentarán en todo el bloque. La implementación de nuevos marcos regulatorios impulsados por estrictos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero creará, previsiblemnte, nuevos impactos en los diferentes segmentos de la sociedad.

La Comisión Europea debe tener en cuenta esos impactos al revisar y desarrollar nuevas legislaciones (por ejemplo, en la revisión del impuesto sobre la energía). También debería crearse, con urgencia, un Observatorio de la UE para los Efectos Distributivos de la Transición Energética (ODET). Dicho observatorio debería permitir identificar sistemáticamente las mejores prácticas en todo el continente y promover nuevas investigaciones sobre los efectos inesperados del conjunto de medidas de energía limpia y de la aplicación de todos los elementos del Pacto Verde.

• Gobernanza
Por último, las autoridades reguladoras nacionales (y, cuando proceda, regionales) deberían asumir un papel más importante en la gobernanza de los planes nacionales europeos sobre el clima y la energía. El COVID-19 representa un dramático desafío para los ciudadanos, que se ven privados de sus ingresos regulares durante la crisis.

Con el aumento de la población y la urbanización, las crecientes amenazas del cambio climático y los desastres naturales, la globalización y los movimientos de población, las tensiones y conflictos geopolíticos, la capacidad y la rápida reacción de las autoridades reguladoras deberían contribuir de manera significativa a la mejora de las condiciones de los consumidores vulnerables en tiempos de crisis y, por tanto, al buen funcionamiento del sistema energético, en beneficio de todos los consumidores. En consecuencia, es importante tener en cuenta sistemáticamente la función que pueden desempeñar, a corto y largo plazo, las autoridades reguladoras en la definición y aplicación de los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNE).

El think-tank Centre on Regulation in Europe concluye señalando que "los encargados de la formulación de políticas europeas en el Consejo, la Comisión y el Parlamento europeos tienen una responsabilidad especial frente a nuestros ciudadanos, fuertemente afectados por la crisis de COVID-19", por lo cual deben "replantearse modelos sólidos para un crecimiento sostenible, que sea impulsado por un robusto pero adaptado Acuerdo Verde de la UE".





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